La constructora reconoce irregularidades en dos proyectos relacionados con la empresa de Antxon Alonso, y confirma que este le propuso colaborar en otros negocios eólicos e inmobiliarios vinculados a la energética y al sindicato, donde el hijo del secretario general fue empleado.
Antxon Alonso, socio del ex número 2 de Pedro Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, trató de utilizar la sociedad de ambos, Servinabar, para que dos grandes empresas actualmente investigadas por la Justicia por supuestos sobornos, Acciona y Forestalia, realizaran negocios en conjunto. Además, también intentó vincular a la primera con UGT, al tiempo que daba empleo en Servinabar al hijo del secretario general de ese sindicato en Navarra, Jesús Santos.
La relación entre ambas compañías y el sindicato aparece en documentos presentados por Acciona ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, que investiga adjudicaciones presuntamente manipuladas por la red. Acciona ha admitido discrepancias en pagos realizados a Servinabar por dos proyectos –la autovía de Logroño y el tren de San Feliú de Guixols–, y ha entregado al juez un resumen de todos los proyectos en los que colaboró, aunque fuera de forma inicial, con Servinabar.
Entre ellos se mencionan dos referencias evidentes a Forestalia y UGT. En el primer caso, se trata de la posible construcción conjunta de parques de energía renovable, uno de los principales sectores de España en los últimos 15 años, supuestamente respaldado, en el caso de Forestalia, por la obtención de licencias ambientales mediante sobornos, motivo por el que su propietario, Fernando Samper, y el alto funcionario Eugenio Domínguez fueron detenidos recientemente. En cuanto a UGT, se trataba de un planteamiento inmobiliario en Pamplona para un edificio perteneciente a la central sindical.
El 29 de noviembre de 2023, tal como recogen los documentos, el Director de Desarrollo de Negocio de Acciona recibió de Servinabar –la empresa que la Guardia Civil presume principalmente dedicada a generar y cobrar ‘mordidas’– una propuesta relativa a un «acuerdo de UTE [Unión Temporal de Empresas] para una posible oportunidad con Forestalia«. Según el documento enviado por Acciona a Ismael Moreno, se trataba de una «posible oportunidad comercial vinculada al diseño y/o construcción» de «infraestructuras» como «parques de generación de energía» o «líneas de transmisión».
Cabe destacar que Acciona y Forestalia ya operaban entonces, y continúan haciéndolo, en el sector eólico, y en gran medida en la misma área. Ambas han invertido en proyectos significativos ubicados en la región del Maestrazgo, en Teruel, donde surgieron los presuntos sobornos de Forestalia. Por su parte, Acciona está intentando actualmente desvincularse, vendiendo tres proyectos situados en ese territorio (conocidos como ‘Hocino’ y ‘Caballos’), que ya cuentan con autorización pero enfrentan problemas en la declaración de utilidad pública.
Estos tres proyectos, según observadores como la plataforma Paisajes de Teruel, fueron obtenidos bajo condiciones legales tan cuestionables como las de Forestalia, con informes ambientales desfavorables que finalmente fueron revertidos mediante una última resolución positiva de funcionarios, en este caso del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Un organismo que, según la Guardia Civil, estaba ‘controlado’ entonces por Samper.
Así, Antxon trató en ese momento de unir, bajo la figura y control de Servinabar, a dos empresas cuya reputación está hoy altamente cuestionada debido a las investigaciones judiciales y políticas en curso.
¿Cuál fue el resultado? Según Acciona, ninguno. Junto a la referencia a la oferta, en el apartado de «Ejecución», el informe de la empresa enviado al juez indica: «Proyecto pendiente por falta de permisos, aunque no descartado. Se mantiene seguimiento con Forestalia». Esto sugiere que se evaluaron las posibilidades y se establecieron algunos objetivos preliminares.
Respecto a UGT, el 1 de julio de 2021, Acciona recibió de Servinabar una propuesta para un posible «acuerdo de UTE para la licitación de tres obras privadas». Dos de estos proyectos formaban parte de una operación destinada a «transformar un edificio de oficinas de UGT en Pamplona en una residencia con 42 viviendas», que sería después «intercambiado por otro edificio de oficinas de nueva construcción».
Es un detalle discreto en el informe que Acciona entregó al juez, pero significativo, dado que Antxon Alonso mantuvo en plantilla de Servinabar durante al menos ocho años a Iván Santos, hijo del entonces secretario general de la central en Navarra, Jesús Santos. Este último aseguró a EL MUNDO que su hijo, quien fue uno de los primeros empleados de Servinabar –si no el primero– alrededor de 2016, fue contratado de manera completamente legal y transparente, y que Santos no está bajo investigación. Sin embargo, la Guardia Civil considera a la empresa un vehículo para generar ‘mordidas’ a cambio de contactos e influencia, y cuestiona que ofreciera servicios reales.