Sumar demanda la suspensión del incremento en el precio del alquiler como medida frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra contra Irán.
El PSOE propone establecer un límite del 2% para el aumento anual del alquiler en contratos previos a la Ley de Vivienda de mayo de 2023.
Junts advierte que no respaldará el decreto si incluye la congelación del alquiler, lo que dificulta su aprobación.
Sumar y sus aliados de izquierda también solicitan incluir una moratoria en los desalojos de familias vulnerables en el nuevo decreto.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha defendido que resulta «lógico» que la congelación del precio del alquiler sea una de las medidas del plan de respuesta a las consecuencias económicas del conflicto con Irán.
«En crisis anteriores hemos suspendido los incrementos en los arrendamientos y eso es lo que estamos solicitando, considero que es una medida lógica», declaró este martes en los pasillos del Senado, tras conocerse que el PSOE ha ofrecido a Sumar un límite del 2% para la actualización anual de los alquileres residenciales firmados antes de que entrara en vigor la Ley de Vivienda (26 de mayo de 2023).
Desde la facción socialista del Gobierno reconocen que Junts no respaldará el escudo social si incluye la congelación del alquiler, por lo que proponen esta alternativa de establecer un tope.
Para Sumar, esta propuesta resulta insuficiente; sin embargo, Díaz aclaró que las conversaciones con el PSOE continúan en un contexto donde es evidente que los precios no solo del gasoil y la gasolina, sino también de los alimentos, están en alza.
«Cualquiera sabe que afrontar un alquiler en cualquier ciudad española, no solo en Madrid, Barcelona o grandes urbes como Sevilla o Valencia, es en la actualidad algo casi inalcanzable», añadió Díaz en este sentido.
El Gobierno está valorando la opción de establecer un límite del 2% en la actualización anual de los alquileres residenciales suscritos antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda (26 de mayo de 2023), dentro del decreto ley que busca responder a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo y que se planea aprobar este viernes.
Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, insistió este martes en rueda de prensa que la extensión de los contratos constituye para ellos la «prioridad absoluta» en las negociaciones y la «medida clave» en la que están concentrando sus esfuerzos.
Además, Sumar ha coordinado con sus aliados parlamentarios de la izquierda la petición al PSOE para que en el decreto del viernes se incluya la moratoria en los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, medida que fue derogadas en febrero pasado por la mayoría parlamentaria formada por PP, Vox y Junts.
No obstante, fuentes cercanas a la negociación indican que los socialistas también muestran reticencias para incluir esta medida y que solo acceden a incorporarla si afecta exclusivamente a colectivos «supervulnerables».
Argumentan, entre otros motivos, que Junts y el PNV «no están de acuerdo» y que se necesitan sus votos para aprobar el decreto.
En este contexto, Alberto Ibáñez (Compromís), portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, ha instado a los empresarios que solicitan apoyos públicos al Gobierno a que presionen al PNV y Junts para que cedan.
El Ejecutivo solicita «generosidad»
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, pidió este martes a los partidos políticos «generosidad» para respaldar y avalar el ‘escudo social’ que presentará el presidente Pedro Sánchez este viernes para mitigar los efectos de la guerra con Irán.
En respuesta a una pregunta de ERC en el Senado, la ministra explicó que el Gobierno presentará un ‘escudo social’ que «debe contar con un amplio respaldo de los grupos» y por ello se están negociando esas medidas con los sectores afectados, así como con las formaciones que deben apoyarlas.
Rodríguez solicitó a ERC que «continúen apoyando y respaldando gobiernos progresistas, como el del presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa», en referencia a la falta de apoyo aún de los republicanos para aprobar los presupuestos autonómicos del socialista catalán.
Por su parte, la senadora de ERC Sara Bailac criticó a la ministra señalando que la crisis generada por Irán se agrava, pero el Ejecutivo no ha aprobado la congelación de los alquileres ni la prórroga de los contratos, medidas que han pedido junto con la suspensión de desalojos a familias sin alternativa habitacional.
La ministra, a su vez, insistió en que el Gobierno está a favor del escudo social y lo apoyó, pero fueron otros grupos quienes no secundaron la medida: «No se puede alterar la aritmética parlamentaria de la noche a la mañana», defendió Rodríguez, sin especificar las medidas que el decreto incluirá en materia de vivienda.