Un estudio de Oxfam Intermón destaca que, en contraste, el 60% de quienes poseen su vivienda totalmente pagada ahorra de manera constante cada mes
El acceso a una vivienda representa una clara frontera en la desigualdad social en España, un reto que se intensifica entre quienes alquilan, dado que el 61% no logra ahorrar debido al elevado coste del alquiler, según un reciente análisis de Oxfam Intermón que considera el alquiler como un obstáculo principal para miles de hogares y advierte sobre el peligro de perpetuar una brecha social difícil de superar. Por el contrario, el estudio señala que el 60% de quienes ya tienen su vivienda pagada, sí ahorra cada mes.
“Acceder a una vivienda representa un esfuerzo considerable para millones de personas, pero resulta especialmente complicado para quienes pagan un alquiler. En este contexto, se mantiene la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir el dinero para la entrada de una hipoteca. Como consecuencia, muchas personas quedan atrapadas en un mercado de alquiler cada vez más opresivo”, explica Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.
El informe La vivienda, cimiento de desigualdades, basado en una encuesta a más de 4.000 personas, también muestra que más de la mitad de quienes alquilan, el 58%, considera poco probable adquirir una vivienda en el futuro.
La organización señala que, actualmente, el 85% de las personas arrendatarias destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler y una de cada tres llega a superar el 50%. En hogares con hipoteca, la presión es igualmente alta: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y el 20% destina hasta el 50%.
Ingresos iguales, ahorro menor en alquiler
El informe evidencia que el tipo de vivienda condiciona más la capacidad de ahorro que el propio nivel salarial. Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), el 58,6% de los propietarios consigue ahorrar frente al 32,4% de los inquilinos. Incluso, una persona con vivienda pagada y SMI tiene más probabilidades de ahorrar que un arrendatario con 2.000 euros mensuales. Según el estudio, un inquilino con un salario de 2.000 euros presenta una capacidad de ahorro (51,9%) casi igual a la de alguien con hipoteca y 1.500 euros (50,2%).
Por ello, Oxfam Intermón advierte sobre la consolidación de una brecha estructural. “Existe el riesgo de que se profundice una desigualdad entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda propia y capacidad de ahorro. Esta disparidad podría influir decisivamente en el futuro social y económico del país”, señala García-Gil.
Desahucios invisibles
El aumento del precio del alquiler no solo ha reducido la capacidad de ahorro, sino que también ha incrementado la inestabilidad residencial. Una de cada tres personas inquilinas, aproximadamente tres millones, padeció en el último año los denominados “desahucios invisibles”, es decir, finalizaciones de contrato o subidas de renta inasumibles que los obligaron a mudarse. Esta realidad afecta con más fuerza a personas extracomunitarias (37%) y a jóvenes menores de 35 años (31,9%), de los cuales uno de cada dos tuvo que volver al hogar familiar. Seis de cada diez mudanzas implicaron dejar el barrio o municipio, lo que, según el informe, debilita las redes sociales y comunitarias.
En esta entrevista, Javier Gil analiza las causas y efectos de la crisis de la vivienda en España. Desde el ‘rentismo’, que expulsa familias en busca de mayores beneficios, hasta las posibles soluciones basadas en la reorganización del mercado.
El aumento del precio del alquiler no solo ha dejado a miles de hogares sin margen para ahorrar, sino que también ha aumentado la inestabilidad residencial. En el último año, uno de cada tres inquilinos, aproximadamente tres millones, se ha visto afectado por los llamados “desahucios invisibles”, ya que se ha visto forzado a cambiar de vivienda por el fin de contrato o por incrementos del alquiler imposibles de asumir. Estos desahucios, aclara el informe, afectan especialmente a personas extracomunitarias y jóvenes menores de 35 años. En este último grupo, uno de cada dos tuvo que regresar a la vivienda de sus padres. Además, el 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio, debilitando los vínculos sociales y redes de apoyo que sostienen la vida diaria.