El Senado ha dado luz verde a las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Multirreincidencia, con el objetivo de reforzar las condiciones penales para la obtención o conservación de permisos de residencia.
La reforma dispone que se negará el permiso de residencia a extranjeros con condenas por reincidencia y previene que la presentación de solicitudes interrumpa los procedimientos de expulsión.
El PSOE y sus aliados votaron en contra de la reforma; PNV y Junts también se opusieron, aunque éstos últimos habían manifestado críticas hacia la regularización masiva sin controles penales.
Desde el PP sostienen que la nueva normativa fortalece la seguridad pública y evita que España se transforme en «un refugio para delincuentes», atendiendo así una demanda social relacionada con la reincidencia criminal.
Este miércoles, el Senado ratificó el paquete de enmiendas del PP a la Ley de Multirreincidencia, con las cuales los populares aseguran haber cerrado la puerta para que la regularización masiva impulsada por el Gobierno se convierta en «un paso libre para delincuentes».
Los ajustes, elaborados por el equipo de la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, elevan las exigencias penales para obtener o mantener permisos de residencia.
La táctica del PP de Alberto Núñez Feijóo es hábil, al incluir una reforma en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprovechando la ley de reincidencia de Junts que el PSOE tuvo que aprobar en el Congreso para intentar recuperar el respaldo de Carles Puigdemont.
Gamarra abandonó la Cámara Alta «muy satisfecha», según declaró a EL ESPAÑOL, calificando la aprobación como «un triunfo parlamentario» contra el plan de Pedro Sánchez de otorgar papeles «sin controles penales» a más de 1,2 millones de extranjeros.
El mensaje procedente de Génova es claro: ahora todas las formaciones deberán posicionarse en el Congreso, donde la ley enmendada regresará, y así demostrar si apoyan que se otorgue residencia a quienes poseen antecedentes penales o policiales, o están implicados en procesos judiciales pendientes.
Las enmiendas del PP establecen que «se rechazará» la solicitud de estancia o residencia si el solicitante ha sido «condenado definitivamente como reincidente».
También determinan que los expedientes sancionadores con propuestas de expulsión o retorno no serán «en ningún caso suspendidos» por la sola presentación de una solicitud de residencia, conforme a los decretos de regularización anunciados por el Gobierno.
El PP argumenta que «pedir sólo una declaración responsable», tal como planteaba Sánchez, representaba «convertir España en el refugio de delincuentes de Europa» y «realizar el trabajo sucio para las mafias» que trafican con la inmigración irregular.
Frente a esta propuesta, los populares utilizaron el trámite de la Ley de Multirreincidencia para introducir un blindaje legal que, destacan, «refuerza la seguridad pública y evita zonas de impunidad» para quienes acumulan delitos menores o hurtos repetidos.
Desde el PP en el Senado subrayan que la multirreincidencia «no puede abordarse» como propone el PSOE, es decir, no se puede permitir que personas con antecedentes en otros países accedan a la residencia sin un control eficaz.
El texto impulsado por Gamarra también intensifica la lucha contra el tráfico de drogas, penalizando el denominado «petaqueo» según propuestas de la Fiscalía Antidroga, y reclama incrementar el número de fiscales, «no solo de jueces», para respaldar el endurecimiento contra delincuentes reincidentes.
«Ni de coña»
A pesar de este enfoque, el PSOE ha votado en contra de la reforma junto con todos sus socios.
Todos ellos se unieron para rechazar el triunfo parlamentario del PP, aunque algunos coincidían con las enmiendas, y otros incluso votaron en contra de su propia ley: ERC, Bildu, BNG, Compromís y Geroa Bai rechazaron en bloque las enmiendas del PP.
Sorprendentemente, a este rechazo se sumaron dos partidos nacionalistas de derechas, PNV y Junts, que habían mantenido un discurso muy crítico con la regularización masiva sin controles penales. Más aún, los de Puigdemont rechazaron su propia propuesta legislativa.
El liderazgo del PP manifestó su perplejidad. En Génova recuerdan que la Ley de Multirreincidencia fue una iniciativa propia, pero que apoyaron el texto presentado por el partido de Puigdemont, como un gesto para que aparecieran como el «referente del endurecimiento contra los delincuentes reincidentes».
La estrategia popular ahora consiste en «exponer a ambos partidos» durante la fase final de la tramitación parlamentaria, cuando la ley vuelva al Congreso para la discusión definitiva.
En el caso de Junts, esta contradicción se hace evidente, tras haber confesado a este medio que «nunca, ni de broma» aceptarían «decretos de regularización como este» que permiten permisos de residencia para inmigrantes con antecedentes penales.
Desde el PP destacan que PNV y Junts prefirieron «resguardarse» en el bloque de investidura de Sánchez, incluso en un tema que impacta directamente en la seguridad y convivencia en barrios afectados por delitos de hurto y sensación de impunidad.
Los populares buscarán utilizar esta imagen para debilitarlos frente a sus electores vasco y catalán, presentándose como la única formación que defiende sus intereses y ofrece «una política migratoria y de seguridad coherente».
El PSOE, «hipócrita»
Además, Génova acusa a los socialistas de «hipocresía» por haber bloqueado hace dos años una iniciativa casi idéntica del PP contra la multirreincidencia, cambiando de criterio únicamente cuando la propuesta llegó al Congreso avalada por Junts.
Ahora, sostienen, vuelven a rechazar un fortalecimiento de la seguridad ciudadana debido a la «pleitesía» a sus socios de la izquierda radical y a la necesidad de aprobar la regularización masiva pactada con sus aliados parlamentarios.
La siguiente etapa de esta confrontación tendrá lugar en el Congreso, donde el PP confía en mantener vivo el argumento de haber hallado «el camino legal» para evitar que la regularización de Sánchez se transforme en un filtro permeable para delincuentes.
Simultáneamente, los populares seguirán demandando eliminación del arraigo como excepción para la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales, una iniciativa que intentaron impulsar a través de enmiendas y que ni siquiera Vox apoyó en la comisión.
Por su parte, los senadores Juan Milian y Francisco Bernabé, responsables de la redacción detallada de las enmiendas, citan ejemplos como la ciudad de Barcelona, donde se registran más de 650.000 hurtos anuales, sin contar los casos no denunciados.
«Quien roba 100 veces no es una persona vulnerable, sino un delincuente reincidente», insisten para defender que esta reforma no responde a una cuestión ideológica, sino que refleja una demanda de vecinos, policías, jueces y alcaldes de diversas filiaciones.