Nuevos atrasos en la red AVE entre Málaga y Madrid intensifican la presión sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El PP reclama la dimisión de Puente en el Congreso debido a la gestión del accidente de Adamuz y al empeoramiento del servicio ferroviario.
La restauración completa de la línea AVE Málaga-Madrid no se espera hasta finales de año, con restricciones operativas vigentes hasta junio.
La Junta de Andalucía analiza posibles medidas legales por los daños económicos, que podrían superar los 1.000 millones de euros si continúa la problemática.
La crisis en el servicio ferroviario ha generado dos frentes para el Gobierno —uno político en Madrid y otro legal en Andalucía— que incrementan la presión sobre Óscar Puente tras los recientes retrasos reportados este miércoles en la red de alta velocidad.
En la sesión de control del Gobierno, el secretario general del PP, Miguel Tellado, exigió la renuncia del ministro de Transportes por la gestión del siniestro en Adamuz que dejó 46 víctimas mortales.
«Repita conmigo: ‘Óscar Puente, dimisión‘», insistió Tellado dirigiéndose a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien acusó de integrar un Ejecutivo que «no asume responsabilidades».
Esta petición se repitió en varias ocasiones y se da en un contexto de prolongado deterioro del servicio en uno de los corredores principales de la alta velocidad.
La línea entre Málaga y Madrid sigue afectada por el deslizamiento del terreno en Álora y los daños posteriores ocasionados por las lluvias.
Además, el presidente de Adif ha confirmado que la recuperación total de la infraestructura no se completará hasta finales de 2026, mucho más allá de las previsiones iniciales. La reapertura parcial del servicio directo se pospondrá, al menos, hasta finales de abril.
A partir de ese momento, los trenes circularán por vía única en el tramo afectado, con limitaciones de velocidad y menor capacidad para resolver incidencias.
Incluso con la recuperación de la doble vía, estimada para junio, la operativa seguirá condicionada.
La falta del aparato de vía —fundamental para gestionar cruces y desviaciones— reducirá la fiabilidad del servicio durante meses, aumentando el riesgo de retrasos en cadena ante cualquier incidente.
La Junta estudia acciones legales
Este panorama ha despertado alarmas en Andalucía, especialmente en vísperas de la campaña de Semana Santa. La Junta ya ha alertado sobre el impacto económico que podría generar la inseguridad en la conexión ferroviaria.
La consejera de Economía, Carolina España, indicó que la reapertura prevista para el 23 de marzo no se cumplirá y cuestionó que las medidas no se hayan abordado «con la intensidad necesaria desde el inicio».
Tras esa «grave negligencia», el Gobierno andaluz analiza ahora acciones legales.
El equipo jurídico de Juanma Moreno valora presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Ejecutivo o contra Adif por los daños causados.
La Junta sostiene que el empeoramiento del servicio puede impactar directamente en sectores clave como hostelería, comercio y turismo, con pérdidas inicialmente estimadas en 300 millones de euros, que podrían superar los 1.000 millones si la normalidad se retrasa.