Con la exigencia de un estatuto propio como referencia, este lunes arranca una nueva semana de huelga que reúne otras demandas cotidianas, tales como reducir las horas de guardia, aumentar los salarios o revisar el régimen de incompatibilidades
Este lunes da comienzo una nueva semana de huelga de médicos en España. La movilización, convocada por sindicatos del sector, vuelve a poner en el centro del debate el Estatuto Marco que está desarrollando Mónica García, la normativa destinada a regular las condiciones laborales del personal sanitario en el sistema público.
La demanda principal de este colectivo es la creación de un estatuto específico para ellos, algo que el Ministerio de Sanidad ha rechazado en múltiples ocasiones. La ministra ha reafirmado que no habrá una regulación diferenciada para este grupo, sosteniendo que el Estatuto Marco debe continuar siendo la normativa común para todo el personal sanitario. De hecho, en enero ya alcanzó un acuerdo sobre este texto con los principales sindicatos, señalando que los médicos también estaban representados, y cerró el debate.
Con la demanda de un estatuto propio como fondo, las movilizaciones incluyen otras reivindicaciones que afectan directamente al trabajo cotidiano de los facultativos: disminuir las horas de guardia, mejorar los salarios y revisar el régimen de incompatibilidades con la sanidad privada.
En el debate público, la presión de los médicos suele dirigirse hacia Mónica García como figura política clave. Sin embargo, la cuestión esencial es otra: ¿quién posee realmente la capacidad para mejorar las condiciones laborales de los médicos en su día a día?
Un sistema altamente descentralizado
Para José Ramón Repullo, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, la respuesta reside en comprender la organización del sistema sanitario español.
Repullo comenta a El Confidencial que la sanidad es una competencia muy descentralizada, lo que implica que gran parte de las decisiones sobre las condiciones laborales de los profesionales corresponde a las comunidades autónomas.
“Tanto la administración central como las comunidades autónomas tienen la facultad de gestionar y mejorar las condiciones laborales de los profesionales”, explica. No obstante, aclara que la influencia no se reparte de manera equilibrada: “Una comunidad autónoma que gestione bien tiene un 75% de posibilidades de mejorar la situación de sus profesionales, frente al 25% que podría atribuirse al marco regulatorio estatal”.
Señala que esto se debe a que el Estado establece principalmente el marco general del empleo estatutario, mientras que las autonomías administran la mayoría del funcionamiento diario del sistema sanitario.
Qué regula verdaderamente el Estado
El Estatuto Marco regula la relación laboral del personal estatutario del sistema público de salud, una figura que se sitúa entre el régimen funcionarial y el laboral. Sin embargo, Repullo destaca que la normativa estatal únicamente fija las retribuciones básicas, similares a las de los funcionarios. “En realidad, solo condiciona lo que se denomina retribuciones básicas: el sueldo base, el complemento de destino y la antigüedad”, explica.
Los elementos restantes que influyen en la rutina profesional dependen en gran medida de las comunidades autónomas. Pone como ejemplo que “las retribuciones complementarias son reguladas por la comunidad autónoma, incluyendo aspectos como el pago de las guardias”. Esto aborda puntos centrales de las demandas actuales de los médicos: la remuneración de las guardias, los complementos salariales y la carrera profesional.
Una muestra de la capacidad de los gobiernos regionales para mejorar las condiciones de los médicos se observó en Asturias durante la pasada semana de huelga. Las presiones derivadas de los paros consiguieron que la Consejería de Salud del Principado otorgara mejoras salariales a los médicos, redujera en un 60% la penalización a los facultativos que combinan la actividad pública con la privada y ofreciera mayor flexibilidad en la organización de guardias de 24 horas. Este acuerdo puso término a la huelga.
Guardias prolongadas y mal remuneradas
En efecto, las guardias constituyen uno de los temas más polémicos del debate actual. El Ministerio ha planteado establecer límites en las jornadas y los tiempos de descanso, aunque el problema va más allá de la duración.
Repullo destaca una irregularidad que incide directamente en las condiciones laborales de los médicos. “La hora de guardia, curiosamente, a diferencia de las horas extras en el ámbito laboral, se remunera menos que la hora habitual”, indica. Sin embargo, recuerda que las comunidades autónomas podrían corregir esta situación si así lo decidieran, ya que tienen la potestad para fijar esas retribuciones.
Un ejemplo de cómo las regiones pueden mejorar estas condiciones se encuentra en Galicia. La semana pasada, la Xunta anunció un incremento salarial para los médicos de urgencias hospitalarias y este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, detalló en el Parlamento que las mejoras salariales ofrecidas a estos facultativos suponen “un promedio de 3.560 euros adicionales anuales por profesional” y que se sumarán a los aumentos ya “aprobados para empleados públicos”.
Por estos motivos, el experto en economía de la salud sostiene que muchas de las mejoras reclamadas por el colectivo médico requieren acuerdos entre el Gobierno central y las autonomías, describiendo un modelo de “cogobernanza”.
Más allá de la distribución de competencias
No todos los expertos centran su atención únicamente en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Juan José Bestard Perelló, director general de Organización y Planificación del Insalud entre 1996 y 1999, opina que el problema es más profundo y está relacionado con el diseño mismo del sistema sanitario.
Señala a este medio que el Sistema Nacional de Salud está “mal configurado”, lo que provoca que nadie asuma de verdad la responsabilidad sobre la planificación y las condiciones de los profesionales sanitarios. “¿Quién se encarga de que en España haya suficientes médicos?”, pregunta. “Debería existir alguien responsable para garantizar que mañana habrá más médicos”, añade Bestard, quien también es doctor en Derecho y médico especialista en Medicina Preventiva.
En su criterio, esa ausencia de un responsable claro conduce a que las reformas se limiten a soluciones parciales. “Nadie responde por los profesionales sanitarios y se aplican medidas temporales”, sostiene.
Bestard también piensa que el Ministerio de Sanidad debería desempeñar un rol más activo para resolver el conflicto actual con los médicos. “El Ministerio debería intensificar el esfuerzo normativo para atender algunas de las demandas de los facultativos”, afirma.
Sin esa modificación en el marco estatal, advierte, el margen de maniobra de las comunidades autónomas también resulta limitado. “Las comunidades se encuentran muy condicionadas”, considera.
Un estatuto que precisa actualización
Sea cual sea el panorama, Repullo tiene claro que el Estatuto Marco requiere una reforma profunda. La norma vigente data de 2003 y el sistema sanitario ha cambiado significativamente desde entonces. “El Estatuto Marco debe ser revisado, sin duda”, afirma, destacando que la organización sanitaria y el trabajo médico han evolucionado en las últimas décadas.
Afirma que la actualización debería abordar aspectos como los límites en las jornadas y guardias, lo que influiría tanto en la seguridad de los pacientes como en la calidad de vida de los profesionales. “Fundamentalmente, sería necesario establecer limitaciones colectivas respecto a las jornadas y tiempos de guardia”, indica.
Añade que sería beneficioso crear un espacio específico de negociación para los médicos, dado que su labor presenta características particulares: “El profesional médico tiene una gran responsabilidad en la toma de decisiones… por ello, sería adecuado que dispusiera de un ámbito propio para ejercer su especificidad”.