El Congreso ha rechazado una propuesta de UPN destinada a impedir que terroristas condenados puedan ejercer la docencia tras cumplir sus penas.
PSOE y Bildu, junto con otros aliados del Gobierno, defendieron que esta medida vulneraría el derecho a la reinserción y la proporcionalidad establecida por la Constitución.
Durante el debate se mencionaron casos de exmiembros de ETA y yihadistas que han trabajado como profesores en instituciones educativas, provocando controversia entre los partidos.
PP y Vox apoyaron la iniciativa de UPN, mientras que otros grupos, como Sumar, ERC y Junts, la calificaron de excesiva y punitiva.
Los terroristas condenados podrán continuar impartiendo clases a menores de edad.
El Congreso desestimó la propuesta, promovida por Alberto Catalán, diputado de UPN, que pretendía modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones.
La iniciativa buscaba impedir que terroristas que han cumplido su condena, tanto miembros de la banda ETA como yihadistas, ejerzan como docentes.
El diputado mencionó casos específicos recientes: «Ocurrió en un instituto de la Ribera de Navarra y también en la Universidad del País Vasco, en Elgoibar, donde un etarra dictaba clases de Ética a estudiantes de entre 12 y 16 años, y hace pocos días fue detenido en Madrid un profesor de artes marciales acusado de adoctrinamiento yihadista».
Catalán señaló las inconsistencias al destacar que «no tiene sentido que un violador, agresor sexual o maltratador pueda trabajar con menores, y lo mismo aplica para un terrorista».
La propuesta recibió oposición firme por parte de los socialistas y sus aliados gubernamentales, como Bildu, aunque partidos como PNV prefirieron mantenerse al margen.
Catalán fue contundente durante su intervención: «Hace tiempo que el PSOE no puede mirar a los ojos a las víctimas del terrorismo sin desviar la mirada. Como Judas, las ha traicionado», afirmó en el debate.
En contraposición a UPN, PSOE y Bildu argumentaron que la iniciativa atentaría contra el «derecho a la reinserción» y la proporcionalidad constitucional.
La diputada socialista Adriana Maldonado reprochó al diputado de UPN que «menoscabara un artículo con más de 120 años de vigencia».
En otro momento añadió: «No aceptaré que se utilice la ética ni la moral para justificar esto», y explicó que pertenece a una generación que, a diferencia de Catalán, «no ha vivido con escolta ni a mirar debajo del coche».
Maldonado admitió que «ni a usted ni a mí nos gusta que un exterrorista sea profesor en un instituto público de Tudela», pero añadió que el PSOE «apoya la reinserción».
En esta postura coincidió Bel Pozueta, de Bildu, quien argumentó que la propuesta «no representa una preocupación ni inquietud para la sociedad navarra» y que dificultaría «la reintegración social de quienes ya cumplieron sus penas».
«La propia Constitución, tan elogiada por ustedes, reconoce el derecho a la reinserción y prohíbe castigos perpetuos para quienes han terminado sus condenas», concluyó la representante de Batasuna.
Pozueta incluso citó un informe del Consejo de Navarra que sostenía que los delitos de terrorismo «no alcanzan la gravedad de los abusos sexuales a menores, que causan un impacto traumático en las víctimas».
Otros partidos, como Sumar, ERC y Junts, definieron la propuesta de UPN como «excesiva» y «castigadora».
Engracia Ribera (Sumar) la comparó con políticas de «regímenes autoritarios», mientras que Pilar Vallugera (ERC) y Josep Payés (Junts) la calificaron de «persecución ideológica» y «venganza social».
PP y Vox manifestaron su apoyo a la propuesta.
Carlos García Adanero (PP) cuestionó a la izquierda: «¿Les parece normal que lleves a tu hijo al colegio y esté quien intentó matarte?». Además, criticó al PSOE porque «Bildu está encantado con esta situación».
«Nadie en su sano juicio puede defender que un terrorista enseñe a menores, y menos si son víctimas», afirmó Carlos Flores (Vox).
«El terrorismo es el mal» y quienes lo cometen «no pueden estar ni un minuto cerca de nuestros hijos», concluyó.
Fueron las únicas voces a favor, en una propuesta que la oposición y los socios del Gobierno rechazaron rotundamente.