El Ministerio Público ha incrementado hasta 30.000 euros la compensación que corresponde a cada uno de los niños que estuvieron recluidos durante casi cuatro años. Los progenitores tuvieron la oportunidad de testificar en la tercera sesión del juicio, realizada a puerta cerrada.
Se aproxima el desenlace del proceso judicial contra Christian S., alemán de 53 años, y Melissa A.S., estadounidense de origen alemán de 48, acusados de haber mantenido a sus hijos de 8 y 10 años encerrados en una vivienda de Oviedo durante casi cuatro años. A falta de la cuarta y última sesión prevista para el jueves 19 de marzo, donde se presentarán los informes finales y se dará la última palabra a los acusados, la Fiscalía ha dejado claro en sus conclusiones que no acepta la defensa de que el encierro fue voluntario debido al «miedo» a un contagio por covid-19 y a la posibilidad de que se descubriera su situación irregular en España.
El ministerio público les imputa un delito de violencia psíquica habitual y tres de detención ilegal de sus hijos, solicitando una condena total de 25 años y 4 meses de prisión. Asimismo, en sus conclusiones, ha decidido aumentar la indemnización que deberán abonar a cada uno de sus tres hijos por daños morales; pasó de solicitar 15.000 euros por niño en su acusación inicial a doblar la cantidad y reclamar ahora 90.000 euros, 30.000 para cada uno.
Por el delito de violencia psíquica habitual, la Fiscalía demanda 2 años y 4 meses de cárcel; privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años y 6 meses; inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante 3 años y 4 meses; prohibición de acercarse a los menores a menos de 300 metros y de comunicarse con ellos durante 3 años y 4 meses. Por cada uno de los delitos de detención ilegal, en concurso con un delito de abandono familiar, se solicitan penas de 7 años y 8 meses de prisión y prohibición de aproximación o comunicación por un periodo de 8 años y 6 meses.
Al ratificar sus acusaciones iniciales, la Fiscalía rechaza por completo la estrategia de defensa de los padres, quienes, según sus abogados, optaron por autoconfinarse con los menores, sin escolarizarlos ni llevarlos a consultas médicas, debido a un «temor insuperable» a reinfectarse por covid-19 y a la irregularidad de su situación administrativa en España.
Ambos se mudaron con sus hijos desde Alemania a Asturias en octubre de 2021, y únicamente el padre figuraba como residente en lo que ha sido denominado la «casa de los horrores», mientras que ni la madre ni los menores estaban registrados en ningún organismo público, incluidos los sistemas escolares y la Seguridad Social. Cuando se les localizó en abril de 2025, hacía años que no acudían al médico, desde 2019, ni estaban escolarizados. Los dos padres habían pasado la enfermedad en dos ocasiones y padecían covid persistente, motivo que explicaría su temor a salir para regularizar a los niños.
La declaración de los acusados constituyó el eje central de la tercera sesión, el momento más esperado del juicio, donde expusieron ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo las razones que los llevaron a autoconfinarse con sus hijos. Celebrada a puerta cerrada, como todo el proceso, no se han revelado detalles de su contenido, aunque en días previos sus abogados adelantaron la línea de defensa.
La defensa sostiene que deben ser absueltos puesto que no existió detención ilegal, sino un «aislamiento voluntario». El letrado de la madre, Javier Muñoz Pereira, lo calificó como «una situación excepcional, anómala y peculiar, pero no constitutiva de delito». Niegan categóricamente que se tratara de la denominada «casa de los horrores».
La Fiscalía les reprocha que durante todo el tiempo en que estuvieron en la vivienda, «no cumplieron con los deberes de protección» que les correspondían y «privaron a sus hijos de necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales». Por su parte, sus abogados argumentan que «tener la casa desordenada no constituye un delito y la no escolarización en centros oficiales puede ser una infracción administrativa, y tal vez reprochable desde un punto de vista personal o social, pero no jurídico».
Sostienen que los niños estaban aseados, sin malformaciones y podían moverse libremente por la vivienda. Apuntan que la casa tenía zonas ordenadas y otras con considerable acumulación de objetos, pero que esto no implica delito. Sin embargo, la Fiscalía afirma que la vivienda presentaba «malas condiciones de habitabilidad, con un grave déficit de limpieza y una gran cantidad de basura y suciedad acumulada en varias estancias». Además, el mobiliario no se ajustaba a las necesidades de los menores: los gemelos, de 8 años, dormían en cunas a las que habían roto los barrotes para poder entrar y salir libremente, mientras el hermano mayor, de 10 años, dormía en una cama insuficiente para su edad.
Actualmente, los niños están bajo la tutela de los servicios sociales del Principado de Asturias por orden judicial, aunque los padres mantienen comunicación telefónica con ellos. No los han visto desde que permanecen en prisión provisional por estos hechos. Las defensas solicitan una «reconciliación familiar progresiva», en la que los padres puedan participar en la vida de sus hijos bajo la supervisión de los servicios sociales y especialistas.