Eugenio Domínguez reconoció ante UCOMA que fue un socio del ex número 2 del PSOE quien le facilitó el contacto con la firma de Samper, que le ofreció gestionar su jubilación y le entregó cinco millones.
El ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, arrestado hace una semana, reconoció ante la Guardia Civil que fue Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, quien le conectó con Forestalia, la compañía aragonesa de energías renovables que, según la Benemérita, le pagó finalmente cinco millones de euros en sobornos a cambio de barra libre para sus proyectos eólicos.
De acuerdo con el reciente informe de la rama de Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa (UCOMA), cuyo contenido ha consultado EL MUNDO, Domínguez, entonces subdirector de Evaluación Medioambiental del Ministerio y por tanto con gran capacidad para aprobar o rechazar proyectos valorados en decenas de millones, admitió ante los investigadores que un conocido suyo del sector de las renovables, el empresario Ignacio López Galiacho, le presentó a alguien interesado en conocerlo: Antxon Alonso.
El propietario de Servinabar, imputado en el ‘Caso Koldo’ y socio de Santos Cerdán en la empresa —quien adquirió un 45% de la firma mediante un contrato privado—, ya había llevado a Fernando Samper a Navarra, pero Samper necesitaba acceder de alguna forma a la esfera de autorización de sus proyectos en Madrid.
Samper controlaba por completo Aragón con sus proyectos; su influencia en el Inaga, el instituto regional responsable de aprobar proyectos de menos de 50 vatios, era total, según han constatado los agentes de la Guardia Civil, que registraron cómo dominaba ese ámbito. Sin embargo, cuando los proyectos superaban esa producción energética y la autorización debía venir de Madrid, su influencia disminuía.
Por ello, según las investigaciones, buscó una ‘ventana’ en el Ministerio de Teresa Ribera. A través de López Galiacho, Antxon, considerado el presunto corruptor en esta causa, así como en ‘Koldo’ y el ‘Caso Leire’—donde se intentaba obtener ayudas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales—, contactó con Domínguez, un ex técnico que entonces ejercía como subdirector y se acercaba al final de su carrera.
Alonso, siempre según la declaración firmada y verbalizada por Domínguez ante los agentes, le puso en contacto con un lugarteniente de Samper, Roberto Pérez Águeda, al alto cargo del Ministerio de Ribera, que había convertido los proyectos renovables en una cuestión prioritaria.
Fue Pérez Águeda, también investigado tras la detención de Samper y Domínguez, quien le ofreció a este último el acuerdo: le garantizarían una jubilación cómoda, a cambio de asegurar que ciertos proyectos avanzaran.
Tal y como contó este periódico en noviembre pasado, Domínguez comenzó a conceder permisos de forma indiscriminada, incluso perdiendo cierto control; gestionó solo, desde su ordenador, tantos expedientes de declaración de impacto ambiental como el total de medio centenar de sus subordinados.
Su comportamiento despertó sospechas; varios de sus subordinados abandonaron el departamento, ante el temor de posibles consecuencias, y ante la resistencia de algunos a ceder a sus presiones para acelerar expedientes, empezó a derivar casos a Tragsa.
En ese momento ya había establecido el paraguas societario que emplearía para recibir los cinco millones de euros en sobornos, como se le imputa actualmente. Además, Antxon Alonso también participaba en esta estructura como socio de la mercantil Next Generation Caliope Innova, que formaba parte del entramado.
A Domínguez y su esposa se les requirió adquirir participaciones en dos empresas, Caliope Smart Energy y Caliope Energy Greem, que recibieron una inversión cargada con esos cinco millones en sobornos.
El acuerdo se oficializó en secreto en una notaría madrileña, cuyo titular está imputado actualmente. Los agentes inmovilizaron los documentos tras no poder apoderarse de ellos legalmente y, una vez obtenida la autorización judicial, confirmaron que Domínguez y su esposa, también detenida, poseían el 100% del capital ligado al cohecho.
A mediados de 2023, cuando Domínguez alcanzó la edad de jubilación, surgió de manera inesperada un contrato para él: directamente desde la Secretaría de Estado, como «reconocimiento» por sus servicios, según declaró a EL MUNDO en noviembre pasado. Se trataba de un nombramiento por libre designación política, como asesor nivel 30, «para continuar gestionando proyectos», indicó a este diario. No obstante, Domínguez reconoció ahora ante UCOMA de la Guardia Civil que estaba siendo remunerado por detrás.
Durante todo este periodo contó con protección de la entonces y vigente directora de Calidad y Evaluación Medioambiental, Marta Gómez Palenque, también imputada en otro juzgado madrileño por una presunta prevaricación clara: un enorme parque fotovoltaico promovido por Iberdrola en Alcántara (Cáceres), con un presupuesto cercano a 150 millones, de los cuales 22 proceden de ayudas públicas.
Aunque la Fiscalía sostuvo inicialmente que se había producido prevaricación al autorizarse la instalación en una zona protegida medioambientalmente, posteriormente el Ministerio Público no acudió a la comparecencia judicial de ambos, alegando que la investigación había superado su plazo. Sin embargo, el juez Juan Carlos Peinado, al que le correspondió el caso, no comparte esta opinión, ni tampoco la acusación presentada por la ONG extremeña Fondenex. Pronto se decidirá, pero la Fiscalía pretende archivar el caso, que señala tanto al Ministerio como a un parque ya en funcionamiento de Iberdrola, pese a admitir una prevaricación evidente.
Con la aparición de Antxon Alonso en la investigación de UCOMA, se enlazan las pesquisas de esta rama del Seprona sobre posibles irregularidades en la autorización del enorme Clúster del Maestrazgo (Teruel) con las de la UCO en el ‘Caso Leire’. Nuevamente, el vínculo y principal gestor sería Alonso, la bisagra que facilitaba las operaciones. Y detrás de él, en contratos multimillonarios, y para quienes no pasan desapercibidos en los diversos procedimientos judiciales, figura el ex número 2 del PSOE, el hombre fuerte del partido, Santos Cerdán.