El alto cargo arrestado por recibir cinco millones de Forestalia gestionaba y autorizaba los permisos ambientales cuando se impulsó un megaparque junto al Patrimonio Mundial. Actualmente, un juez está evaluando si se debe detener el proyecto de manera provisional.
Ni el Ayuntamiento ni los residentes de Aranjuez, declarado patrimonio mundial de la Unesco desde 2001, creyeron posible que el Ministerio de Transición Ecológica, bajo la dirección de Teresa Ribera, aprobara en marzo de 2023 el megaparque solar que la multinacional Smart Energy tenía proyectado construir en las proximidades de esta ciudad de 62.000 habitantes, famosa por sus jardines franceses y palacios neoclásicos.
Por un lado, estaba en juego el hermoso Real Sitio, levantado durante la época de Carlos III, símbolo de armonía urbanística con protección de Conjunto Histórico-Artístico desde 1983. Por otro, el inmenso parque fotovoltaico Envatios Fase II, que complementaría un conjunto cercano a un millón de paneles solares en esa área de la Comunidad de Madrid, con una línea de evacuación dirigida al norte de la capital, destinada a abastecer a cientos de miles de viviendas.
La controversia radicaba en que este mar de paneles no solo cubriría el entorno del casco histórico, sino que implicaría la , alteraría el hábitat natural de un ejemplar muy singular de avutarda y además sobrecalentaría la zona. Otro punto crítico era que la línea de evacuación —el conducto que trasladaría toda la energía de esta zona rural a la ciudad— pasaría junto a un colegio, quedando el parque fotovoltaico a solo 25 metros del centro educativo.
Frente a estas circunstancias, parecía inviable que el parque siguiera adelante. Sin embargo, sorprendentemente, la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio, entonces bajo Teresa Ribera, otorgó su aprobación, lo que generó una reacción casi unánime en los grupos municipales, quienes rápidamente firmaron una moción de oposición, seguida de dos recursos legales: uno presentado por el propio Ayuntamiento y otro por la asociación de vecinos del barrio de La Montaña, el más próximo al área planificada para el parque solar.
El conflicto parecía un clásico desacuerdo vecinal —con la salvedad de involucrar un patrimonio mundial— hasta que en noviembre pasado EL MUNDO reportó que numerosos funcionarios de esa subdirección acusaron al titular, Eugenio Domínguez, de haber monopolizado y resuelto favorablemente expedientes de permisos ambientales de manera inusual entre 2022 y 2024: procesó y aprobó más proyectos individualmente que el conjunto de cincuenta empleados bajo su supervisión.
La Guardia Civil actuó rápidamente tras esas revelaciones. Entrevistó a cerca de veinte funcionarios, quienes señalaron a Domínguez. En el marco de una investigación sobre las autorizaciones concedidas a Forestalia, el gigante aragonés en energías renovables, se descubrió que Fernando Samper, propietario de la empresa, presuntamente sobornó con cinco millones a Domínguez para obtener permisos ambientales para todos sus parques.
El desempeño completo de Domínguez fue cuestionado tras la intervención de la sección de Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa (UCOMA). En otro caso informado por EL MUNDO, él y su superiora, Marta Gómez Palenque, están imputados por la Fiscalía por presunta prevaricación relacionada con un permiso en Alcántara (Cáceres). Paralelamente, Unesco descartó el proyecto de Aranjuez, aprobado justo en la etapa en que Domínguez acumuló los permisos: durante la primavera de 2023. A mediados de ese año, al ser obligado a retirarse, Domínguez fue contratado directamente por la Secretaría de Estado, a dedo, con un contrato político de nivel funcionarial 30, para continuar gestionando expedientes.
El informe de Unesco, fechado el 28 de noviembre pasado y al que tuvo acceso este diario, sostiene que el megaproyecto resulta «geométrica y visualmente incompatible con el trazado y parcelario históricos». Añade que «su carácter industrial afecta la significación y la integridad del paisaje histórico, lo que genera un impacto negativo elevado en la zona de amortiguamiento [alrededor del bien protegido, patrimonio mundial], provocando un efecto de saturación paisajística».
Ahora, el juez debe resolver si, tal como solicitan el Ayuntamiento y los vecinos, se suspende de manera cautelar la construcción del parque. Este diario se ha contactado con la multinacional Smart Energy sin obtener respuesta.