Es un incremento del 8,74% respecto a 2024, aunque la tasa de crecimiento se desacelera en comparación con el 15,74% registrado entre 2023 y 2024
Esta mañana, el Ministerio de Sanidad ha presentado el informe anual sobre agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) correspondiente a 2025. Los datos, basados en la información proporcionada por las comunidades autónomas, muestran que durante el año anterior se registraron 18.563 agresiones, lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales del sistema sanitario público.
Comparando con el año anterior, el total de agresiones notificadas creció en 1.493 casos frente a 2024, representando un aumento del 8,74%. Sin embargo, el informe indica que el ritmo de crecimiento se ha reducido en relación con ejercicios previos, dado que entre 2023 y 2024 el ascenso fue del 15,74%.
La mayoría de los incidentes reportados corresponden a agresiones no físicas, que incluyen insultos, amenazas o conductas intimidatorias. Durante 2025, estas situaciones constituyeron el 84,5% del total de agresiones notificadas, mientras que las agresiones físicas conformaron el porcentaje restante.
Por tipo de atención, la Atención Primaria concentra la mayoría de las agresiones notificadas (51%), seguida de la Atención Hospitalaria (47%). Las emergencias extrahospitalarias representan una proporción menor del total de casos reportados.
El análisis de las notificaciones revela también que la mayoría de las agresiones afectan a mujeres. Específicamente, el 80% de los ataques registrados recayeron sobre mujeres, en contraste con el 20% correspondiente a hombres, correlacionándose esto con la composición del personal sanitario, en la cual cerca del 76% de los profesionales son mujeres.
En cuanto a la edad, los ataques se concentran principalmente en profesionales entre 25 y 55 años, destacando que el grupo de 25 a 35 años presenta el mayor volumen de reportes. Dentro de las categorías profesionales, el personal facultativo y el personal de enfermería continúan siendo los grupos con más agresiones, explicado por su contacto directo y constante con pacientes y acompañantes a lo largo del proceso asistencial.
En la mayoría de situaciones, el agresor es el propio usuario o paciente, responsable del 71% de las agresiones notificadas, mientras que el 29% corresponde a familiares o acompañantes.
Respecto al género de la persona agresora, los hombres constituyen el 57% de los casos, frente al 43% de mujeres en las agresiones para las que se dispone de esta información.
Sobre la reincidencia, el informe señala que el 53% de las agresiones provienen de personas sin antecedentes, mientras que el 27% de los agresores ya habían protagonizado incidentes anteriores, lo que demuestra la existencia de un grupo de usuarios con conductas violentas reiteradas hacia el personal sanitario.
En relación con las causas de las agresiones, se indica que los motivos más comunes están vinculados con la atención recibida (29%), seguidos por las demandas del usuario o paciente (28%) y los incidentes relacionados con el acto sanitario o administrativo (15%). Comparado con 2024, estas tres categorías presentan un ligero descenso —del 32% al 28% en las demandas del usuario, del 32% al 29% en la atención recibida y del 17% al 15% en el acto sanitario o administrativo—, reflejando una variación moderada en la distribución de los factores desencadenantes.
Las agresiones ocurren principalmente en consultas y espacios de atención directa al paciente, seguidos por áreas de hospitalización y servicios de urgencias. Estos lugares concentran una alta interacción con usuarios y acompañantes, lo que aumenta la exposición a situaciones conflictivas.
El informe destaca que el crecimiento en las notificaciones en años recientes puede estar relacionado, entre otros motivos, con una mayor sensibilización y cultura de denuncia entre los profesionales, así como con la mejora en los sistemas de registro y la comunicación de incidentes en los servicios de salud.
Las autoridades sanitarias continúan implementando protocolos de actuación, campañas de sensibilización y sistemas de registro de agresiones para fortalecer la prevención, mejorar la respuesta institucional y asegurar el apoyo a los profesionales afectados.
Paralelamente, el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aún en proceso de tramitación, incorpora medidas destinadas a reforzar la protección del personal. Entre ellas, se contempla el reconocimiento del personal sanitario como autoridad pública durante el ejercicio de sus funciones, con el fin de fortalecer su protección frente a agresiones y garantizar el respeto que merece su labor asistencial.
El Ministerio de Sanidad reafirma su compromiso con la tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia contra los profesionales sanitarios y resalta la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación entre administraciones públicas, servicios de salud y fuerzas de seguridad para prevenir estos episodios y asegurar entornos asistenciales seguros.