Los nacionalistas vascos presentan sus propuestas en forma de enmiendas a la reforma de la Carta Magna que busca asignar un senador específico para la isla de Formentera.
El PNV ha señalado las complejas dificultades que implica cualquier intento de modificar la Constitución, aunque se trate de aspectos concretos y de menor entidad. Los nacionalistas vascos han aprovechado la propuesta para modificar el artículo 69.3 de la Carta Magna —que pretende otorgar un senador propio a la isla de Formentera, y cuya votación se realizará en el Pleno del Congreso la próxima semana— para introducir una serie de enmiendas que, si resultan aprobadas, implicarían un cambio sustancial en el texto de la ley fundamental.
Las enmiendas presentadas por el PNV probablemente no serán aprobadas, pero evidencian la alta complejidad que supone abrir cualquier espacio a modificaciones en la Constitución dentro de un Congreso tan fragmentado y polarizado como el actual.
Como parte de esta iniciativa, los nacionalistas vascos buscan, vinculados a la propuesta destinada a que Formentera disponga de un representante en la Cámara Alta diferente al de Ibiza, incluir en la Carta Magna el reconocimiento del derecho a la autodeterminación (mediante una disposición adicional); restringir la inviolabilidad del Rey (art.56.3); eliminar a las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial del Estado (art. 8) y suprimir el artículo 155, que autoriza la intervención en las autonomías que incumplan las obligaciones constitucionales o legales o que atenten gravemente contra el interés general de España.
El PNV formula estas propuestas en once enmiendas, idénticas a las que presentaron en 2024 cuando se tramitó en las Cortes —y se aprobó— la reforma del artículo 49 de la Constitución, cuyo objetivo fue reemplazar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad».
En dos de las enmiendas, los nacionalistas plantean «reconocer y garantizar el derecho a decidir» de la ciudadanía vasca, aunque condicionándolo a la existencia previa de un acuerdo con el Estado. Justifican esta iniciativa como un camino para concretar los «derechos históricos» del pueblo vasco.
De igual modo, proponen que la inviolabilidad del Rey se limite exclusivamente a sus funciones institucionales, excluyendo su ámbito privado. Esta propuesta ha sido objeto de múltiples debates académicos y podría contar con el respaldo de varias fuerzas políticas, aunque enfrenta la dificultad de que requiere un procedimiento agravado para su modificación, lo que implica disolución de Cortes y la celebración de un referéndum.
Respecto a la eliminación del artículo 155, el PNV sostiene que para corregir las desviaciones autonómicas que perjudiquen el interés general bastan los procedimientos legales vigentes, y sobre el rol de las Fuerzas Armadas como garantes del orden constitucional y de la integridad territorial, argumentan que esta responsabilidad corresponde a la Justicia.
Además, sus enmiendas contemplan también la creación de una Sala Foral en el Tribunal Constitucional encargada de resolver los conflictos derivados de las leyes del Parlamento Vasco y las normas forales de las Juntas Generales, así como el establecimiento de una Junta Arbitral entre Euskadi y el Estado para dirimir los conflictos competenciales existentes entre ambas instituciones.