El ministro Ángel Víctor Torres ha solicitado declarar por escrito como testigo en el proceso judicial por presunta corrupción en el que están imputados José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.
Este privilegio para testificar por escrito faculta a ciertas autoridades a evitar el interrogatorio directo y a revisar las preguntas con antelación.
Torres figura en documentos vinculados al caso debido a su participación en la negociación y pago de contratos para el suministro de mascarillas durante la pandemia, gestionados a petición de Koldo García.
La Sala Penal del Tribunal Supremo debe decidir todavía si admite que Torres evite la comparecencia presencial, una resolución que también afectará a Francina Armengol.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha solicitado a la Sala Penal del Tribunal Supremo declarar por escrito en calidad de testigo en el juicio por presuntos delitos de corrupción que se llevará a cabo en abril contra el exministro José Luis Ábalos; su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.
Este privilegio permite a ciertas autoridades —como el presidente y miembros del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, y presidentes de comunidades autónomas— testificar por escrito siempre que hayan conocido los hechos debido a sus cargos.
De esta manera, y a diferencia de cualquier otro testigo, pueden anticipar las preguntas, ponderar sus respuestas y consultarlas con sus asesores, evitando el interrogatorio en directo y la posibilidad de repreguntas por parte de acusación y defensa.
Debido a la ruptura del principio de inmediación, fundamental en los juicios orales, este privilegio se aplica con estricta rigurosidad.
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy declaró presencialmente en el juicio del ‘procés’ el 28 de febrero de 2019, al igual que la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros Juan Ignacio Zoido y Cristóbal Montoro, quienes en ese momento ya no formaban parte del Ejecutivo.
También ocurrió así con Felipe González durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL, quien compareció presencialmente el 23 de junio de 1998 tras haber finalizado su mandato como presidente del Gobierno.
Sin embargo, a pesar de ser integrante del Ejecutivo, Francisco Álvarez-Cascos compareció en persona en ese mismo juicio el 22 de junio de 1998. En ese caso, el entonces vicepresidente no declaró por escrito porque no había conocido los hechos en el ejercicio de su cargo, siendo interrogado debido a reuniones mantenidas como portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso.
En cuanto a Ángel Víctor Torres, convergen las circunstancias de ser integrante (actual) del Gobierno y haber sido presidente de una comunidad autónoma; no ocupa ya este último cargo, desde donde conoció los hechos que motivan su citación en el juicio a Ábalos.
La Sala Penal aún no ha resuelto si acepta que el ministro de Política Territorial eluda la comparecencia presencial. Esta resolución también será aplicable a Francina Armengol, quien, al menos por ahora, no ha solicitado declarar por escrito.
La presidenta del Congreso está entre las autoridades que pueden acogerse a ese privilegio; sin embargo, ha conocido los hechos como presidenta del Gobierno balear, cargo que hoy ya no posee.
Torres ha resultado mencionado en numerosos documentos del ‘caso Ábalos’, especialmente por su vínculo con Koldo García.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, publicado el pasado noviembre, detalla la gran cantidad de mensajes intercambiados entre el expresidente de Canarias y el asesor del entonces ministro de Transportes durante la crisis de la Covid-19.
La UCO concluyó que Torres intervino directamente no solo en las negociaciones para la adquisición de pruebas PCR, sino también para que meses antes su gobierno regional abonara a la empresa Soluciones de Gestión más de 7 millones de euros adeudados por el suministro de mascarillas al sistema sanitario de las islas. El entonces presidente de Canarias accedió a realizar estas gestiones a petición insistente de Koldo García.
Soluciones de Gestión fue la compañía a la que, a solicitud de Aldama, se adjudicaron contratos para mascarillas por parte de organismos de Transportes por un valor de 24 millones de euros.
Las acusaciones sostienen que, a cambio, García y Ábalos habrían recibido comisiones y otros beneficios, como estancias en chalés.