Se anuncia un aumento del siete por ciento en la plantilla de fiscales, que pasaría de 2.804 a 3.004 plazas disponibles.
El Ministerio de Justicia creará 200 nuevas plazas para fiscales en los próximos meses. Así lo comunicó este miércoles su titular, el ministro Félix Bolaños, tras su encuentro con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Este incremento representa un aumento del 7,1% en el número de fiscales, elevando la plantilla de 2.804 a 3.004 cargos.
El incremento en el número de fiscales se suma a la reciente creación de 500 nuevas plazas para jueces, anunciada también por el Gobierno.
Para cubrir estas vacantes, el Ejecutivo lanzará próximamente una macroconvocatoria de empleo público para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal con un total de 575 plazas: 375 destinadas a jueces y 200 para fiscales.
Asimismo, pese a las tensiones iniciales, Justicia ha logrado pactar con el Consejo General del Poder Judicial, órgano encargado de convocar 125 plazas por el denominado cuarto turno, mediante concurso dirigido a juristas con reconocida competencia y más de diez años de ejercicio profesional.
Por su parte, Peramato mostró este miércoles su satisfacción respecto al acuerdo alcanzado con el Gobierno. «Se trata de un aumento que desde la Fiscalía General del Estado veníamos solicitando para responder a las necesidades actuales del Ministerio Fiscal. Es la mayor creación de plazas para fiscales en décadas, por lo que solo puedo manifestar mi satisfacción. Agradecemos el esfuerzo del Ministerio de Justicia, que ha comprendido la importancia de dotar a la fiscalía con los recursos y personal adecuados para llevar a cabo su función de manera efectiva», afirmó la fiscal general.
Desde el Ministerio de Justicia destacan que esta cifra es «inédita», ya que «en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 plazas nuevas para fiscales en un solo ejercicio». La distribución detallada se incluirá en un real decreto que iniciará su tramitación en los próximos días, incorporando las aportaciones de la Fiscalía, las comunidades autónomas y diversos ministerios, según indican fuentes gubernamentales.