El PP sospecha que se trate de una «campaña propagandística» promovida por Sánchez, mientras que el PNV y Junts expresan recelos similares.
A diferencia del diseño previo del «escudo social» dirigido a mitigar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, en esta ocasión el Gobierno dialogará primero con los agentes sociales y todos los grupos parlamentarios, incluyendo a Vox, antes de aprobar el conjunto de medidas para «proteger» tanto a particulares como a empresas frente al incremento de precios en España ocasionado por el conflicto bélico en Oriente Próximo. Lo más relevante en este cambio de enfoque es que, para esta ronda de contactos con partidos presentes en el Congreso, se contará con la participación de la formación de Santiago Abascal, que habitualmente queda excluida de este tipo de encuentros bilaterales.
En Moncloa distinguen entre unas conversaciones destinadas a recabar apoyos en la Cámara Baja para propuestas, que probablemente incluirán la reducción del IVA en alimentos básicos y compensaciones por el aumento en los precios del diésel y la gasolina —aunque el contenido exacto aún no está definido— y las que suponen una comunicación sobre la posición geopolítica del país. Estas últimas correspondían a los contactos suspendidos tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), donde Pedro Sánchez planeaba reunirse con todos los representantes, excepto con el líder de la ultraderecha, para tratar un posible envío de tropas de paz a Kiev y los cambios en el ámbito internacional derivados de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
En esta oportunidad, quien mantendrá conversaciones con los grupos parlamentarios será el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En cuanto a sindicatos y patronales, aún no se ha concretado el nivel de interlocución, aunque se considera seguro que la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, se contará entre las figuras principales. El Gobierno de coalición presenta estas reuniones, que ayer aún no estaban programadas, como un «intercambio de ideas» y, pese a reconocer la dificultad de dialogar con Vox y mayor aún para alcanzar acuerdos, el objetivo es que este nuevo «escudo social» pueda aprobarse «por unanimidad».
«Todo esto para implementar una respuesta precisa y efectiva en dos planos: uno coyuntural, mediante medidas que protejan a hogares, trabajadores y empresas afectadas, y otro estructural con iniciativas que aceleren la transformación ecológica y refuercen nuestra autonomía estratégica», señaló el martes la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz. «Decir No a la guerra es la mejor forma de mejorar tanto la vida como las finanzas de la población», añadió, haciendo uso del lema que Sánchez ha retomado en su nueva oposición contra Trump, especialmente tras el ataque estadounidense a Irán.
Reticencias en el Congreso
Por ahora, la ronda de contactos anunciada por el Gobierno se enfrenta a una postura muy escéptica por parte de los grupos parlamentarios ubicados en la derecha. En ellos persiste la sospecha, expresada por el PP, de que podría tratarse de una «campaña propagandística» orquestada por el presidente. Esta misma desconfianza es compartida por el PNV y Junts.
Ayer, los grupos parlamentarios y también los aliados de izquierda del PSOE lamentaron la demora del Ejecutivo para presentar una propuesta de medidas que atenúe los impactos de la guerra en la economía de ciudadanos y empresas. Tanto PP como Junts y Podemos han avanzado registrando sus propios planes en el Congreso, los cuales, en el caso de los dos primeros, hacen hincapié en la reducción impositiva, especialmente sobre luz, gas y combustibles.
Las profundas discrepancias en la forma de proponer ayudas para superar esta nueva crisis no son un asunto menor, dado que cualquier paquete de medidas debe pasar por la aprobación en el Congreso. En el Gobierno confían plenamente en su experiencia en «diálogo y negociación» para alcanzar los acuerdos necesarios.