La Intervención General del Estado identificó que durante la gestión del Ministerio de Ábalos se aplicó un método de puntuación inédito que benefició a determinadas compañías en la asignación de contratos.

La constructora Levantina salió favorecida en la concesión de proyectos públicos, mostrando diferencias de puntuación artificialmente aumentadas respecto a otros competidores.

La investigación señala transferencias de Levantina a Víctor de Aldama, supuesto ‘conseguidor’, y encuentros entre el propietario de la firma y Koldo García, asesor de Ábalos.

De acuerdo con el informe, si se hubiera empleado el método convencional, la UTE de Levantina no habría ganado el contrato ni clasificado en segundo lugar.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó que el Ministerio de Transportes utilizó en la etapa de José Luis Ábalos un sistema innovador para valorar las ofertas presentadas por los licitadores. Esta fórmula benefició a la constructora Levantina en la adjudicación de un contrato de la Dirección General de Carreteras, cuyo importe alcanzó 60 millones de euros, más una modificación posterior de 9,7 millones adicionales.

Así lo revela un informe divulgado ayer, encargado en septiembre de 2025 por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de la causa por presuntos delitos de corrupción conocida como ‘caso Cerdán’ o ‘caso Ábalos’.

Tras la renuncia del exministro de Transportes a su escaño, el procedimiento volvió a la Audiencia Nacional, donde continúa la instrucción.

Una parte de dicha instrucción se centra en supuestas adjudicaciones irregulares realizadas por Transportes a ciertas empresas, a cambio de comisiones ilegales.

El informe elaborado por la unidad de la IGAE vinculada a la Fiscalía Anticorrupción analiza un total de 11 contratos con indicios sospechosos, de los cuales cinco son de Adif y seis pertenecen a la Dirección General de Carreteras.

En dos contratos concedidos por esta última entidad se aplicó una fórmula inédita que «permite aumentar significativamente las diferencias en los criterios basados en juicios de valor, haciendo que sea muy poco probable que el licitador con la mejor puntuación en estos juicios no sea el adjudicatario«.

«No se logra entender la justificación para emplear esta fórmula, que permite que diferencias pequeñas, habitualmente justificables por el evaluador, se conviertan en disparidades notables», han manifestado los controladores.

Gracias a esta fórmula se adjudicó la construcción de los tirantes del Puente del Centenario en Sevilla a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Acciona Construcción, Tecade y Feyssinet, que recibió la mejor puntuación.

El otro proyecto donde se utilizó este método singular de evaluación para la adjudicación fue el correspondiente a las obras en la autovía A-12 del Camino de Santiago, en el tramo que conecta Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) con Villamayor del Río (Burgos).

Esta obra fue otorgada a la UTE compuesta por Torrescámara y Cía de Obras, Ortiz Construcciones y Proyectos y Levantina Ingeniería y Construcción.

Levantina pertenece a José Ruz, quien, tal como publicó EL ESPAÑOL, mantuvo varios encuentros con Koldo García, el principal asesor y colaborador cercano de Ábalos. Existen imágenes de dichos encuentros captadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ruz habría efectuado pagos a otro investigado en esta presunta red de corrupción, Víctor de Aldama, señalado como el conseguidor del esquema.

Según la investigación, el propietario de Levantina transfirió 50.000 euros a una de las empresas de Aldama un mes después de que en julio de 2019 se anunciara la licitación de las obras de la autovía A-12.

El contrato se licitó con un presupuesto de 80,7 millones de euros y fue adjudicado por 59,8 millones a la UTE en la que participaba Levantina. Posteriormente, hubo una modificación que elevó el coste en 9,7 millones de euros.

La IGAE destaca que la fórmula que aumentaba las diferencias entre los licitadores al puntuar criterios basados en juicios de valor se usó por primera vez en este contrato y generó una «distorsión significativa en la valoración».

En una de las cláusulas del expediente administrativo, la fórmula antes utilizada para la mayoría de adjudicaciones aparece tachada y sustituida por la nueva.

«Como resultado de la aplicación» de esta fórmula innovadora, «las diferencias entre la oferta [de la UTE ganadora] y las demás se incrementaron por un factor de 1,92678227», señala la Intervención.

«Es decir, la diferencia entre las puntuaciones en este criterio se casi duplicó (crecimiento del 92,6%)», subraya el informe. De esta manera, la distancia de la UTE de Levantina respecto al segundo licitador aumentó considerablemente.

Tanto es así, que la IGAE incluye en su informe «una simulación» que «evalúa las ofertas sin modificar la puntuación original y aplicando la fórmula empleada hasta entonces por la Dirección General de Carreteras».

«La UTE finalmente adjudicataria perdería el contrato. De hecho, ni siquiera sería la segunda mejor oferta«, concluyen los interventores.

«Va a cantar»

Durante la investigación, se evidenció el interés de Koldo García, asesor de Ábalos, en favorecer a Levantina, solicitando que la empresa recibiera contratos públicos.

Un informe fechado en junio de 2025 por la UCO incluye la transcripción de una conversación del 18 de noviembre de 2020 entre dicho asesor y Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, la entidad encargada de las infraestructuras ferroviarias.

En la conversación, grabada de forma oculta por Koldo García, este insistió a Pardo de Vera para que otorgara algún contrato a Levantina, inicialmente para mantenimiento.

Ante la negativa de la presidenta de Adif, Koldo solicitó una obra de emergencia para Levantina. «Le hemos dado una de 700.000, hace nada, ¿eh? Es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo», respondió Pardo de Vera.