Eugenio Domínguez Collado, exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, identificó al socio de Santos Cerdán como la persona que lo introdujo en la red corrupta relacionada con Forestalia.
Domínguez habría obtenido préstamos por un total de 5,2 millones de euros a través de sociedades pantalla, vinculados a manipulaciones en Declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos de energía renovable.
La red incluía la adquisición de participaciones en firmas como Caliope Smart Energy S.L. y Caliope Energy Greem S.L., y estaba conectada con otros investigados, entre ellos Antxón Alonso y los hermanos Pérez Águeda.
Las pesquisas de la Guardia Civil asocian a miembros del PSOE y empresarios con supuestas irregularidades en contratos públicos y cobro de comisiones en el ámbito de las energías renovables.
Eugenio Domínguez Collado, exalto cargo vinculado a Ribera y detenido en el marco de la trama Forestalia, señaló ante la Guardia Civil que fue el socio de Santos Cerdán quien lo incorporó al negocio fraudulento de energías renovables en Aragón.
Según el informe elaborado tras registros por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona (UCOMA) al que accedió EL ESPAÑOL, Antxon Alonso Egurrola, administrador de Servinabar y socio de Santos Cerdán junto a la dirigente del PSOE Leire Díez, fue la persona «que le presentaron para comenzar ‘una inversión en proyectos de energías renovables'».
Durante su interrogatorio con los investigadores del Seprona, Domínguez Collado fue consultado sobre su vínculo con las sociedades Caliope Smart Energy S.L. y Caliope Energy Greem S.L.
El investigado explicó que la relación se originó durante su desempeño profesional en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En dicho marco, afirmó haber mantenido múltiples contactos con Ignacio Emilio López-Galiacho Perona, a quien conoce desde hace más de veinte años.
López-Galiacho es CEO de la consultora Altacia Consultora Estratégica Medioambiental y fue exdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón. También estuvo bajo investigación en el caso Lezo.
Varios testigos señalaron en el proceso que Domínguez Collado acudía habitualmente a la empresa de López-Galiacho tras finalizar su jornada en el Ministerio «para realizar distintos trabajos».
En su testimonio, Domínguez declaró que fue López-Galiacho quien le planteó la oportunidad de invertir en iniciativas relacionadas con energías renovables y parques eólicos.
Reuniones con Antxón
A partir de ese momento, según contó el exalto cargo del ministerio de Teresa Ribera, este individuo le puso en contacto con Joseba Antxon Alonso Egurrola «con el propósito de dialogar sobre los proyectos energéticos referidos».
Posteriormente, acudió a varias reuniones vinculadas a estas iniciativas donde, en una de ellas, también conoció a Roberto Pérez Águeda, uno de los presuntos testaferros arrestados recientemente por la Guardia Civil.
Según reveló a los investigadores, dicha reunión tuvo lugar en el despacho de abogados de Roberto Pérez Águeda en la calle Serrano. Este, señalado como testaferro de Forestalia junto a su hermano, «les presentó un esquema preliminar de la estructura societaria proyectada para desarrollar los mencionados proyectos de energías renovables, en la que supuestamente se concentrarían los beneficios derivados de la explotación de diversos parques eólicos».
En este contexto, recoge el informe de la Guardia Civil, Eugenio Domínguez, junto con su esposa, adquirió participaciones sociales en Caliope Smart Energy S.L. y Caliope Energy Greem S.L., efectuando dichas compras tanto a título personal como por medio de la empresa Estudio de Asesoramiento Dherco S.L.
5,2 millones
Los datos de la UCOMA indican que Domínguez habría recibido préstamos por un total aproximado de 5,2 millones de euros mediante estas sociedades pantalla, cuyo origen se vincula con la importante compañía aragonesa de energías renovables.
Esto constituiría la compensación por su participación en la trama desde el ministerio, manipulando presuntamente Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), indispensables para avanzar en los proyectos de parques eólicos y solares.
Un informe de la Guardia Civil detalla que una de las empresas clave en la red, Caliope Innova S.L., transfirió 2.998 participaciones de una filial (Next Generation Caliope Innova S.L.) a Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar.
Estas dos compañías forman parte del entramado societario que presuntamente relaciona al exalto cargo del MITECO, los dos testaferros Pérez Águeda y Fernando Samper, CEO de Forestalia. Dichas entidades serían el canal para los presuntos pagos ilícitos.
Los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, según fuentes de la investigación consultadas por EL ESPAÑOL, conectan este caso con la otra investigación dirigida por la UCO sobre los negocios de Leire Díez con esta y otras empresas.
Ambos comparten con Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán, poderes y representaciones en decenas de firmas relacionadas con Forestalia, de acuerdo con documentos del Registro Mercantil.
En la operación por la cual la UCO detuvo a Leire en diciembre también se llevó a cabo el registro de las oficinas de Forestalia. Durante ese mes fueron arrestados la exmilitante del PSOE, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el propietario de Servinabar y socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, por supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas.