España figura entre las naciones europeas más vulnerables al impacto económico del cambio climático, con una deuda pública que podría superar en un 81% las previsiones para 2050.

Según el informe más reciente de la New Economics Foundation, las pérdidas económicas ocasionadas por fenómenos climáticos extremos en la UE han superado los 650.000 millones de euros Varios servicios de emergencia tratan

La deuda pública de España podría incrementarse hasta un 81% respecto a las estimaciones oficiales para 2050 debido al impacto del cambio climático. Así lo indica el estudio más reciente de la New Economics Foundation, que alerta sobre que, si no se implementan con urgencia medidas para reducir los riesgos climáticos, la economía española será una de las más perjudicadas dentro de la Unión Europea. Estos datos posicionan a España como un país especialmente expuesto en el contexto del bloque mediterráneo.

De acuerdo con la información del estudio, la proyección para 2050 señala que la deuda pública promedio de los Estados miembros de la Unión Europea podría aumentar un 58% sobre las previsiones oficiales, cifra que escalaría a un 197% en 2070 si no se aplican contramedidas. España, junto a otras naciones del sur europeo como Italia, Grecia y Portugal, observaría un incremento considerablemente superior al promedio.

El informe destaca que “las pérdidas son más severas en la región mediterránea (Croacia, Grecia, Italia, Portugal y España)”. Para estos países, incluyendo a España, el escenario sin acción climática se traduce en una reducción media del 12% del PIB para 2070 en comparación con las estimaciones actuales. Esta situación ocasionaría un deterioro en la capacidad fiscal estatal y un aumento constante en los costes de endeudamiento.

Las pérdidas económicas climáticas en la UE superan los 650.000 millones

En las últimas décadas, el costo económico provocado por eventos climáticos en la Unión Europea ha crecido notablemente. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las pérdidas vinculadas al clima han sobrepasado los 650.000 millones de euros entre 1980 y 2022, alcanzando una media anual que ya excede los 20.000 millones. Solo una pequeña fracción de estos daños se encuentra cubierta por seguros privados, menos del 20%, obligando a los gobiernos a asumir la mayoría de los gastos. Este desequilibrio impacta directamente en el endeudamiento público y limita la capacidad de maniobra fiscal.

La presión sobre el presupuesto público de España y otros países del sur de Europa crece debido a la necesidad constante de invertir en reparaciones y adaptaciones, una tendencia que la New Economics Foundation describe así: “El incremento en frecuencia y gravedad de desastres relacionados con el clima se traduce en un aumento del gasto público y, potencialmente, en una mayor deuda pública, especialmente cuando las pérdidas no están mayormente cubiertas por seguros”.

Pérdidas económicas derivadas de fenómenos

El análisis también enfatiza que “los fenómenos meteorológicos extremos suponen costos directos para los presupuestos públicos”, pues “los gobiernos deben actuar frente a emergencias, reparar daños y apoyar a las comunidades afectadas”. Además, advierte que sin inversiones tempranas y masivas para mitigar y adaptar los entornos, la presión fiscal directa podría superar el 0,5% del PIB anual para 2070 solo en respuesta a daños climáticos directos, sin considerar otras repercusiones secundarias sobre la recaudación o el gasto social.

El informe de la New Economics Foundation presenta varios escenarios para las próximas décadas. Bajo la hipótesis de inacción, España destaca como uno de los países que más se desviaría de las previsiones oficiales de deuda. Para 2050, la relación deuda/PIB podría situarse un 81% por encima de lo previsto, un resultado que supera ampliamente a economías como Alemania, Francia o los países nórdicos. El reporte subraya que “la región mediterránea presenta los mayores incrementos de deuda sin nuevas inversiones climáticas, impulsados principalmente por grandes pérdidas de PIB y el aumento en los costes de financiación”.

Inversión y coordinación, elementos esenciales para frenar el aumento de la deuda

No obstante, existen alternativas para contener este deterioro fiscal. El informe indica que si la Unión Europea implementa una inversión temprana y decidida en mitigación y adaptación, el exceso de deuda respecto a las previsiones oficiales podría limitarse a un 47% en 2050, en contraste con el 58% previsto en el escenario de inacción. Un retraso en la inversión pública, posponiendo las acciones hasta la próxima década, elevaría el costo adicional hasta un 53% en ese mismo horizonte temporal.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, analiza los efectos del calor.

La New Economics Foundation resalta la necesidad de una respuesta coordinada entre países. Asimismo, recomienda combinar políticas fiscales y monetarias más flexibles, junto con una fiscalidad progresiva para reducir el impacto sobre la deuda. Según el estudio, “las normativas fiscales y la gobernanza económica de Europa deben actualizarse para reflejar esta realidad, incorporando el riesgo climático, promoviendo la inversión pública productiva, aplicando una fiscalidad equitativa y alineando la política monetaria y fiscal para consolidar una estabilidad duradera”.

El costo de alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea implicaría destinar una inversión pública adicional del 1,6% del PIB anual exclusivamente para mitigación, cifra propuesta por el Institut Rousseau y recogida en el informe. Los costos de adaptación varían según el nivel de calentamiento global, estimándose en 40.000 millones de euros anuales para un escenario de 1,5 ºC y hasta 200.000 millones al año si la temperatura media aumenta entre 3 ºC y 4 ºC.

El análisis de la New Economics Foundation concluye que únicamente “a través de la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles y la implementación de un conjunto más amplio de herramientas de fiscalidad progresiva y coordinación monetaria y fiscal, Europa podrá reducir el costo del capital destinado a las inversiones ecológicas, garantizando a la vez que la transición se financie de manera justa”.

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