El documento, enviado al Portal de Transparencia del Ejecutivo foral para la recepción de sugerencias, reemplazará el decreto en vigor desde 2010 e incorpora nuevas disposiciones destinadas a fortalecer la convivencia en los centros educativos y a mejorar la protección de las víctimas.
El alumnado que actúe como agresor en episodios de acoso escolar o ciberacoso tendrá que abandonar de forma definitiva el centro educativo donde se hayan producido dichas conductas, según establece el proyecto del nuevo Decreto Foral de Convivencia desarrollado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
El texto, remitido al Portal de Transparencia del Ejecutivo foral para recabar aportaciones, reemplazará la normativa vigente desde 2010 y presenta nuevas medidas orientadas a fortalecer la convivencia dentro de los centros y a incrementar la protección de las víctimas.
Entre estas medidas se incluye la opción de trasladar al estudiante responsable de conductas graves de maltrato entre pares, violencia contra las mujeres o agresiones particularmente severas contra cualquier integrante de la comunidad educativa.
Esta acción, que requerirá la aprobación de la Dirección General de Educación tras consultar al Consejo Escolar del centro, busca salvaguardar a las víctimas y facilitar la restauración de su bienestar emocional en su entorno habitual.
El traslado se realizará preferentemente dentro de la misma red de centros y modalidad lingüística. De manera excepcional, si no se garantizan condiciones adecuadas para la escolarización en otro centro, podrá suspenderse el derecho a la asistencia durante un periodo de quince días lectivos, aplicando medidas de protección a las víctimas. En el caso del alumnado mayor de edad, es posible incluso la rescisión de la matrícula.
El nuevo decreto incluye, además por primera vez, la salud mental y el malestar socioemocional como aspectos vinculados a la convivencia escolar. Asimismo, define y diferencia entre conflicto y acoso, e integra tipologías de violencia como la racial o xenófoba, la LGTBI+fobia, la violencia contra las mujeres y la discriminación por discapacidad.
La normativa contempla un protocolo específico de evaluación e intervención ante sospechas de acoso entre iguales, que se activará cuando cualquier integrante de la comunidad educativa reporte una posible situación. Este procedimiento será parte del Plan de Convivencia incorporado en el Proyecto Educativo de cada centro.
La actualización normativa responde, según Educación, a la alta incidencia de conflictos y casos de acoso detectados en los últimos estudios realizados en la comunidad foral.
Un estudio presentado en noviembre de 2025 sobre vulnerabilidad y fortaleza emocional en el ámbito educativo evidenció un aumento del 6 % en los casos de acoso escolar respecto a los datos del curso 2022-2023. En dicha investigación, realizada sobre una muestra voluntaria y anónima de 15.544 estudiantes, el 48,4% del alumnado afirmó haber sufrido acoso escolar presencial.
Otra investigación posterior, llevada a cabo en el curso 2024-2025 con 3.410 estudiantes y 1.481 docentes, reveló además que el 46% del alumnado reconocía haber cometido alguna conducta de bullying presencial, más de diez puntos por encima del 32% registrado en 2023, lo que señala una tendencia creciente y considera motivo de preocupación para los responsables educativos.