La Agencia Ferroviaria de la UE está evaluando si Adif infringió la normativa europea al desmontar elementos de la vía en el accidente de Adamuz sin contar con la autorización judicial ni la de la CIAF.
Técnicos de Adif retiraron 18 soldaduras y varios fragmentos del carril antes de que la Comisión de Investigación y la Guardia Civil finalizaran la inspección técnica.
Esta extracción de evidencias ha generado incertidumbre acerca de la cadena de custodia y la imparcialidad del organismo investigador español, ya cuestionado por entidades europeas.
El eurodiputado Borja Giménez presentó una denuncia ante la ERA y la Comisión Europea señalando la posible violación de las directivas de seguridad ferroviaria y la ausencia de un órgano investigador autónomo en España.
La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) recibió una petición formal para analizar si la actuación de Adif tras el accidente de Adamuz contravino la normativa de seguridad ferroviaria de la UE.
El director ejecutivo de la ERA, Josef Doppelbauer, será responsable de indagar sobre la retirada de soldaduras y otros componentes de la vía realizada por Adif en el lugar del accidente de Adamuz, en la madrugada del 22 al 23 de enero.
Técnicos de esta empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes actuaron sin contar con autorización judicial y antes de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil culminaran su inspección técnica en el sitio del siniestro.
La denuncia puntualiza que las Directrices de la ERA de 2012 establecen «mecanismos efectivos para preservar las pruebas desde el inicio, minimizar la pérdida de información técnica, regular el acceso al escenario del accidente y asegurar un inventario inmediato de los elementos probatorios».
La versión revisada en marzo de 2025, aprobada por la Red de Organismos Nacionales de Investigación y respaldada por la ERA, refuerza estos criterios e incorpora la facultad de la CIAF para «congelar el lugar» del siniestro.
Giménez plantea ante la Agencia «dudas razonables» sobre la aplicación de estos mecanismos de preservación, control de acceso y congelación en el caso de Adamuz, y cuestiona si la CIAF mantuvo un «control efectivo y exclusivo» sobre la zona del accidente.
Los hechos
El incidente referido en la carta fue revelado a partir de documentos judiciales a los que accedió EL ESPAÑOL. Técnicos de Adif retiraron 18 soldaduras y varios fragmentos de vía del lugar del accidente y los trasladaron a una base de mantenimiento del AVE en Hornachuelos (Córdoba).
La orden fue verbal, conforme declaró el responsable de la base ante la Guardia Civil, y procedía de un jefe de área de la empresa.
Adif actuó sin la autorización de la jueza encargada del caso ni de la CIAF, que desconocía el operativo. La magistrada del juzgado de Montoro, Cristina Pastor, sancionó formalmente al gestor ferroviario y le demandó la devolución inmediata de todo el material bajo amenaza de consecuencias penales.
La Guardia Civil advirtió además que entre los elementos retirados podrían estar las soldaduras que la CIAF tenía previsto analizar. Esta situación provocó dudas acerca de la integridad de la cadena de custodia de las pruebas del accidente que causó 46 fallecidos el 18 de enero.
La ERA es la Agencia de la Unión Europea para el Ferrocarril, ubicada en Valenciennes (Francia). Fue creada en 2004 y su mandato se amplió con el Reglamento 2016/796, de cumplimiento obligatorio como derecho comunitario, dentro del marco del cuarto paquete ferroviario.
Su responsabilidad principal radica en armonizar las normas técnicas y de seguridad del sistema ferroviario europeo.
Asimismo, la ERA desarrolla las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, define objetivos comunes de seguridad y supervisa la implementación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS). Desde 2019 actúa como autoridad europea para otorgar autorizaciones de vehículos y certificados de seguridad.
Iniciativa del PPE
Este diario ha obtenido en exclusiva la carta enviada a la ERA y una serie de preguntas escritas presentadas ante la Comisión Europea. Ambas acciones corresponden al eurodiputado Borja Giménez, que denuncia ante las instituciones comunitarias la extracción de pruebas por parte de Adif.
En las preguntas dirigidas a la Comisión, Giménez solicita que Bruselas investigue si «la retirada de piezas antes de que la CIAF realizara un inventario» infringe el artículo 21.2 de la Directiva 2016/798, que exige cooperación y acceso inmediato a la zona del accidente y a las evidencias.»
Además, demanda una evaluación sobre si se comprometió el principio de independencia del organismo investigador ante la intervención material de terceros en las pruebas antes del examen oficial.
Giménez pide conocer «qué medidas se adoptarán para garantizar la conformidad de los procedimientos españoles, incluyendo un posible procedimiento de infracción, en caso de detectarse incumplimientos».
En la carta dirigida a la ERA, se aborda la violación de las normas europeas por parte del Gobierno, dado que no existe en España un organismo auténticamente independiente para la investigación de accidentes ferroviarios.
La mencionada Directiva exige que los Estados miembros dispongan «de una autoridad investigadora independiente».
La independencia de la CIAF fue cuestionada por las entidades europeas en 2016, lo que derivó en un procedimiento de infracción y en la aprobación en 2024 de una nueva ley para crear una Autoridad Administrativa Independiente.
No obstante, dicha autoridad aún no se ha constituido. La CIAF sigue orgánicamente subordinada al Ministerio de Transportes.
Giménez interroga a la Comisión si es consciente de que España podría no estar cumpliendo «plenamente los requisitos europeos de independencia exigidos a los organismos de investigación de accidentes ferroviarios».
También solicita aclarar «si la extracción de piezas soldadas y material de vía antes de finalizar la investigación de la CIAF» puede considerarse incompatible con «las obligaciones de conservación de pruebas, control del lugar del accidente y congelación del escenario del siniestro».
El eurodiputado pregunta además si, dados los hechos descritos, la ERA consideraría «eficaz para garantizar el control material del lugar del accidente» la conducta de Adif ante el organismo investigador independiente, o en qué momento se habría violado la Directiva.