Eugenio Domínguez autorizó un parque solar de Iberdrola en Alcántara; el juez le imputa junto a su superiora, y la Fiscalía de Medio Ambiente ha confirmado que es «manifiestamente contraria a la normativa», aunque el fiscal no asistió a la declaración de ambos.
El 3 de abril pasado, la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid dictaminó que el parque fotovoltaico FV Tagus, levantado por Iberdrola en 2024 en Alcántara (Cáceres), se construyó gracias a —cita textual del documento al que EL MUNDO tuvo acceso exclusivo— «una resolución evidentemente contraria a la normativa nacional y europea de protección ambiental, que se desvía gravemente de los objetivos de conservación de hábitats y espacios protegidos, y que favorece de manera arbitraria los intereses del promotor«.
El pasado 20 de enero, cuando —como informó este diario— la Justicia citó a declarar como imputados a los dos funcionarios ministeriales responsables de esta decisión, Marta Gómez Palenque, directora de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica, y su adjunto Eugenio Domínguez, en el juzgado número 41 de Plaza de Castilla, ningún representante del Ministerio Fiscal se presentó para interrogarlos.
Este martes, Domínguez fue finalmente arrestado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) por presuntamente autorizar, a cambio de dinero, otro gran proyecto de energías renovables: el denominado Clúster del Maestrazgo, en el que la compañía aragonesa Forestalia planeaba instalar al menos 200 aerogeneradores de más de 150 metros en una zona protegida por la Red Natura 2000 y de escasa población en Teruel.
El proyecto resultó tan cuestionable y presuntamente dañino para el medio ambiente según varios indicadores, que Teruel Existe y la ONG Paisajes de Teruel lo denunciaron, el juez de Instrucción 1 de la capital turolense encargó a UCOMA investigarlo, y los agentes profundizaron: conforme a fuentes judiciales consultadas por EL MUNDO, detectaron que varias empresas vinculadas a Forestalia habían abonado elevadas sumas por otras sin ese valor, relacionadas con Domínguez. Se trataría de un caso claro de cohecho, camuflado en transacciones empresariales que el exfuncionario recibió también mediante su esposa y con la colaboración de un notario que irregularmente legalizó operaciones que, para mantenerlas ocultas, nunca se inscribieron en ningún registro oficial.
Los agentes de UCOMA estudian ahora hasta 52 permisos otorgados por Domínguez a Forestalia, aunque otra sombra persigue al ex alto cargo, quien tras su jubilación fue recompensado por Ribera con un contrato a dedo, como reveló EL MUNDO: su imputación, junto a la de su jefa, por presunto trato de favor a Iberdrola en circunstancias semejantes a las de Forestalia, en Alcántara (Cáceres), caso por el que declaró el 20 de enero.
Durante su declaración, afirmó al juez que si acumuló hasta 200 expedientes en su ordenador —una cantidad similar a la que manejaban todos sus subordinados juntos— fue «para gestionarlos», y llegó a indicar, ante la pregunta de cómo pudo tramitar de manera tan rápida decenas de expedientes con cientos de documentos cada uno, que recibía «informes verbales» de los técnicos a su cargo.
Quien no compareció para la declaración fue la Fiscalía. Según normativa, debía acudir algún fiscal de Medio Ambiente de Madrid para interrogar a los dos investigados, de los cuales la primera no solo era responsable del departamento que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental que permitió la construcción del parque, sino que mantiene ese cargo en la actualidad. No obstante, nadie del Ministerio Público asistió.
El juez instructor, Juan Carlos Peinado —el mismo que investiga a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por posible tráfico de influencias— primero interrogó a Domínguez y luego suspendió el trámite sin tomar declaración a Gómez Palenque, presumiblemente para continuar el proceso por otras vías.
En un momento en que se debate el proyecto del Gobierno de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el Ejecutivo propone que sean los fiscales y no los jueces quienes dirijan las investigaciones, se imputa con evidencias claras de prevaricación a la cúpula que otorgaba permisos ambientales desde Transición Ecológica, en un caso manifiestamente irregular según la propia Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, y sin que en sala se presente ningún fiscal para participar en los interrogatorios.
Los hechos se remontan al 23 de enero de 2023, cuando Domínguez aprobó el informe favorable de Declaración de Impacto Ambiental para la planta a construir en Alcántara (Cáceres), cuyo promotor, Iberdrola, ha destacado el proyecto por sus 380 megavatios y percibió una subvención de 22,6 millones provenientes de fondos europeos FEDER de desarrollo regional, siendo visitada y apoyada durante la construcción por responsables de la Consejería correspondiente; el trámite y obra se desarrollaron bajo los gobiernos extremeños de Guillermo Fernández Vara (PSOE).
En realidad, pese a la aprobación ministerial, el parque se edificó en un área protegida por la Red Natura 2000 y habitada por buitre negro, águila imperial y lince ibérico, entre otras especies, como ha confirmado la Fiscalía. Así, la ONG extremeña Fondenex denunció los hechos, aunque esto no impidió que el terreno fuese ocupado por las placas fotovoltaicas y que la planta se inaugurara con gran despliegue.
Los problemas se acumulan en torno al funcionario detenido. Como publicó este diario tras las investigaciones de la Guardia Civil sobre Forestalia en el Caso Leire y posibles irregularidades en la creación del clúster eólico del Maestrazgo (Teruel), otros funcionarios acusaron a Domínguez de emitir decenas de DIAs positivas supuestamente irregulares en beneficio de las promotoras: precisamente la razón por la que permanece detenido por Forestalia y, por ahora, imputado por Iberdrola.
Domínguez negó rotundamente todas las acusaciones en diciembre a este periódico, que también reveló cómo, tras acumular todos esos expedientes, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente le concedió en 2024 un contrato por libre designación política.
Ahora, el juez Juan Carlos Peinado decidirá cómo continuar la instrucción del caso FV Tagus desde el juzgado 41 de Plaza de Castilla. Paralelamente, el juez de Instrucción 1 de Teruel prosigue su causa tras la detención esta semana de la UCOMA a Domínguez, al propietario de Forestalia, Fernando Samper, y a otras tres personas vinculadas al supuestamente cohecho.