La Comisión 8-M llevará a cabo paradas durante la marcha para manifestar su rechazo a la modificación de las órdenes ministeriales
A la división cada vez más marcada dentro del movimiento feminista, que se evidencia en cada 8-M y 25-N, se sumará este domingo un enfrentamiento directo con el Ministerio de Igualdad por parte de una de sus ramas. La Comisión 8-M, organizadora de la manifestación favorable a la llamada Ley Trans y sin una postura clara sobre la abolición de la prostitución, ha criticado duramente al departamento dirigido por Ana Redondo por intentar «eliminar la libertad de pensamiento dentro del movimiento feminista», haciendo referencia a la intención del Ministerio de exigir que las asociaciones que busquen subvenciones públicas reconozcan «de forma expresa» la prostitución como «una forma de violencia hacia las mujeres» en sus estatutos.
El abolicionismo de la prostitución constituye uno de los puntos de conflicto dentro del feminismo. Este domingo, las dos corrientes del movimiento (divididas entre quienes apoyan la abolición y se oponen a la Ley Trans, y quienes respaldan dicha ley sin una clara postura sobre la prostitución) volverán a realizar manifestaciones separadas. La concentración convocada por la Comisión 8-M en Madrid comenzará a las 12:00 horas desde Atocha y, en su recorrido hacia Sevilla, harán paradas dedicadas a temas como Palestina y el antimilitarismo, el antirracismo, las violencias y derechos sexuales y reproductivos, las disidencias y el desarrollo de la Ley Trans, incluyendo una parada específica para protestar contra las «condiciones para las subvenciones».
Según esta organización, el Gobierno de Pedro Sánchez «está imponiendo un marco ideológico en un tema que carece de consenso social, legal y dentro de los feminismos y la sociedad en general». Por ello, consideran que esta iniciativa del Ministerio representa un «ataque al derecho de libertad de asociación» y lo califican como un «veto ideológico». En consecuencia, las portavoces han manifestado su deseo de que el Ministerio tome en cuenta al movimiento feminista organizado y escuche las voces colectivas de quienes trabajan diariamente en esta causa, argumentando que «esto podría poner en riesgo la investigación y prevención de las violencias machistas», así como la lucha contra estas.
El Ministerio de Igualdad abrió a consulta pública la modificación de las bases reguladoras para las líneas de crédito dirigidas a programas de concienciación, prevención e investigación sobre la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata. Según el texto —que aún no se ha aprobado—, las entidades solicitantes deberán declararse abolicionistas para acceder a estos fondos.
En este contexto, Redondo encargó al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) un estudio sobre la Percepción de la prostitución, basado en 10.019 entrevistas a personas residentes en España de 16 años o más. El informe concluyó que el 71,6% de la población considera que la prostitución fomenta la violencia hacia las mujeres. En una rueda de prensa posterior a la presentación, la ministra Redondo utilizó estos datos para afirmar que la encuesta «respaldaba» la hoja de ruta planteada por el Gobierno para la abolición de esta práctica.
Desde la Comisión, han señalado que siempre han convivido diversas posturas respecto a esta cuestión y, por ello, creen que «se puede trabajar desde el disenso, la pluralidad y la diversidad». Han asegurado que es posible avanzar en muchos temas comunes, como la lucha contra la trata, mientras exigieron a la ministra que elimine «este requisito ideológico» y que en su lugar se establezcan «criterios técnicos y no discriminatorios para la concesión de fondos».
Este sector del feminismo considera «sumamente grave» la división en las concentraciones y acusa a las organizaciones abolicionistas y opuestas a la Ley Trans de «alianzas con el fascismo». En esta línea, sostienen que están cumpliendo con su función de «defender los derechos de todas las personas».