En la intervención de la Guardia Civil fueron arrestadas otras cinco personas, incluido el presidente de Forestalia, Fernando Samper. Se investiga si se alteraron las declaraciones de impacto ambiental para facilitar la concesión de los permisos necesarios.
Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica durante la gestión de la ministra Teresa Ribera, fue detenido este martes en Madrid por la unidad de medio ambiente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acusado de presuntamente recibir contraprestaciones a cambio de facilitar permisos para parques eólicos de la compañía aragonesa Forestalia.
Según ha podido conocer EL MUNDO, los investigadores lograron desentrañar la red societaria con la que Domínguez, quien tras su jubilación fue contratado directamente con nivel 30 por la Secretaría de Estado, recibió pagos de Forestalia a cambio de autorizar varios parques eólicos de esta empresa.
Estos ingresos, según fuentes de este periódico, fueron efectuados mediante su esposa y una empresa vinculada a él. Los pagos provenían del complejo entramado empresarial de Forestalia. Domínguez llegó a acumular en la Subdirección de Evaluación Ambiental más expedientes que los 50 funcionarios bajo su supervisión.
La operación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), está destinada a descubrir irregularidades en la tramitación de contratos para proyectos eólicos y solares de Forestalia.
Además de Domínguez, fueron arrestadas otras cinco personas, entre ellas el propio presidente de Forestalia, Fernando Samper, por presunta implicación en la facilitación de sobornos. El máximo ejecutivo de la empresa fue detenido en las primeras horas de la mañana cuando la Guardia Civil registró su domicilio. Más tarde, fue trasladado a la sede central de Forestalia, situada en el centro de Zaragoza, donde los agentes realizaron otra inspección dentro del marco de una investigación que involucra a unas veinte empresas de energías renovables, incluyendo firmas del clúster del Maestrazgo (Teruel), un importante proyecto eólico denunciado ante la Fiscalía de Aragón.
También fueron registradas la sede de Forestalia en Madrid y alrededor de diez viviendas de los investigados. Entre ellas, figura un notario que supuestamente ayudó a mantener en secreto la operación admitiendo compras de sociedades a precios inflados que nunca se hicieron públicas.
Las fuentes consultadas indicaron que los investigadores tratan de aclarar si durante la tramitación de licencias para la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos se manipularon las declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de los permisos requeridos.
Durante las pesquisas en algunas áreas donde se ubican estos parques energéticos, se encontraron aves electrocutadas y otros indicios que podrían cuestionar la viabilidad ambiental de las licencias otorgadas.
En una operación distinta a la ejecutada por Seprona, la UCO registró la sede de Forestalia en Zaragoza en diciembre de 2025 para investigar su posible conexión con el ex dirigente socialista Santos Cerdán y con la conocida fontanera del PSOE, Leire Díez.
Asimismo, según otras fuentes vinculadas a la investigación, la Guardia Civil también tenía en la mira a Forestalia por una subvención de aproximadamente 17 millones de euros otorgada a Arapellet, empresa radicada en Huesca y relacionada con la generación de energía.
La concesión de licencias para proyectos renovables en Aragón generó críticas por parte de colectivos políticos y entidades locales hacia la gestión del Instituto Aragonés de Garantía Ambiental (INAGA) en la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental.