Los jueces pueden revocar o declarar inválido un despido si la empresa obtiene la prueba del robo sin respetar las garantías establecidas en la legislación laboral
Muchos empleados enfrentan múltiples dificultades tras ser despedidos. Los despidos improcedentes constituyen una situación común, y a continuación se explica en qué consisten.
Incluso en casos donde la culpa del trabajador parece clara, como en el robo en el centro laboral, la normativa laboral española puede brindar protección al empleado más allá de lo habitual. El abogado Juanma Lorente advierte que “incluso si se descubre que robas en tu trabajo, el despido puede resultar improcedente o nulo y la empresa tendría que pagarte una compensación”.
El fundamento para comprender este escenario radica en el procedimiento que las empresas deben seguir al realizar registros personales a sus empleados. “Si la empresa desea inspeccionar tu bolso, debe estar siempre, en la medida de lo posible, un representante de los trabajadores presente durante el registro o, si no, un empleado cualquiera de la empresa”, explica Lorente en un video difundido en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista), resaltando el derecho fundamental de los trabajadores a la protección de su intimidad y a disponer de garantías durante cualquier intervención.
Este requisito no es un mero trámite. El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores dispone que los registros sobre la persona del empleado, su taquilla o pertenencias solo podrán realizarse cuando sean imprescindibles para la protección del patrimonio empresarial o de otros trabajadores, y siempre dentro del centro de trabajo y en horario laboral. Además, deben respetar al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y contar con la presencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia, de otro empleado.
El despido puede ser anulado
En la práctica, esto implica que aunque un trabajador sea sorprendido llevándose un artículo ajeno, si el registro se efectúa sin cumplir estos requisitos legales, la evidencia obtenida podría ser inválida en un proceso judicial. Por ende, el despido basado en dicha prueba puede ser considerado improcedente o incluso nulo, según las particularidades del caso.
La diferencia jurídica resulta crucial. Un despido improcedente obliga a la empresa a optar entre reincorporar al empleado o abonarle una indemnización, calculada según su antigüedad. Por otro lado, si el despido se declara nulo, situación que ocurre cuando se vulneran derechos fundamentales, la empresa debe reintegrar al trabajador y pagarle los salarios no percibidos durante el tiempo que duró el procedimiento.
Antecedentes que respaldan la norma
Los tribunales españoles han reiterado en varias ocasiones que el respeto a las garantías formales es indispensable para que una sanción laboral sea legítima. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han señalado que las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales, tales como el derecho a la intimidad o dignidad del trabajador, no pueden ser empleadas para justificar un despido.
En sentencias recientes, los tribunales han dado la razón a los empleados, anulando despidos basados en pruebas recopiladas sin la presencia necesaria de testigos según la ley. Así, aunque el hurto haya ocurrido, la infracción del procedimiento puede influir favorablemente en la decisión judicial a favor del trabajador. El abogado concluye resaltando el impacto de estas normas e invita a la reflexión: “Es increíble, pero es así. Legalmente, ya existen sentencias que respaldan al trabajador en estos asuntos”.