Eugenio Domínguez, quien fuera subdirector de Calidad Medioambiental, fue arrestado por recibir participaciones en sociedades de Forestalia a modo de soborno por manipular Declaraciones de Impacto Ambiental.
La red, activa desde 2022, posibilitó la autorización de 52 proyectos eólicos y solares en Teruel a cambio de beneficios económicos para Domínguez.
También han sido arrestados el presidente de Forestalia, un notario y los administradores de las sociedades instrumentales relacionadas con el supuesto soborno.
La Guardia Civil investiga posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculados con Forestalia y sus iniciativas renovables.
Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad Medioambiental bajo el mandato de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica, recibió participaciones en al menos dos empresas del grupo Forestalia a modo de pago por manipular Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), imprescindibles para avanzar con proyectos de parques eólicos y solares.
Así lo confirma la investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, según fuentes del caso consultadas por EL ESPAÑOL.
Domínguez fue detenido este martes junto a su esposa, Fernando Samper, presidente de Forestalia, y otras tres personas: un notario y los administradores de las dos sociedades instrumentales que habrían permitido que el alto cargo recibiera participaciones en calidad de presunto soborno.
De acuerdo con fuentes de la investigación, tras obtener las declaraciones favorables sobre el impacto ambiental, se compensaba al subdirector de Calidad Medioambiental con participaciones societarias, mientras Forestalia incrementaba el capital en esas sociedades para que el porcentaje de Domínguez aumentase su valor.
La causa permanece bajo secreto de sumario. La UCO ha detectado que las entregas de participaciones comenzaron en 2023.
El exfuncionario del Ministerio de Teresa Ribera acumulaba 30 años de experiencia en ese departamento.
Para desarrollar sus proyectos de energías renovables, Forestalia requería las declaraciones de impacto ambiental. Domínguez, «aprovechando su posición», garantizaba que dichas declaraciones fueran siempre favorables, actuando «de manera irregular y beneficiando exclusivamente a Forestalia».
La UCO llevó a cabo allanamientos este martes en esas empresas, así como en la sede de Forestalia, para recolectar toda la documentación que aclare los supuestos amaños.
Operaciones desde 2022
Según los investigadores del grupo especializado de la UCO adscrito al SEPRONA, la red habría operado desde aproximadamente 2022. Hay 52 proyectos eólicos y solares bajo la lupa de la Guardia Civil por posibles irregularidades.
Los indicios recopilados apuntan a que Eugenio Domínguez favorecía la aprobación de proyectos eólicos y solares en Teruel en los que Forestalia tenía un interés destacado. A cambio, habría recibido una «contraprestación económica».
El proceso está siendo dirigido por el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel, en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente de la misma provincia.
Se investigan al ex alto cargo y a los representantes de Forestalia por supuestos delitos de «prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal». La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
Actualmente, la UCO está analizando la documentación incautada.
Respecto a los proyectos sometidos a revisión, la Guardia Civil evalúa si la tramitación ambiental consideró debidamente los posibles impactos sobre el entorno, como daños a la fauna, efectos sobre el paisaje o alteraciones en hábitats y usos del suelo.
Prolongado escrutinio
Forestalia ha estado bajo la mira de partidos regionalistas y grupos ecologistas en Aragón durante años, especialmente por el megaproyecto eólico llamado Clúster Maestrazgo, en Teruel y Castellón.
La indagación de la UCOMA va más allá de ese programa y alcanza aproximadamente cincuenta proyectos eólicos adicionales. Para tales proyectos, Forestalia habría creado presuntamente cientos de sociedades instrumentales.
Según su perfil en Linkedin, Eugenio Domínguez ejerció durante 30 años como funcionario técnico en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Alcanzó la subdirección del área de Evaluación Ambiental en 2017, al final del mandato de la exministra del PP Isabel García Tejerina.
En el año siguiente, siguió en dicho puesto bajo la gestión de la ministra Teresa Ribera (PSOE), quien desde finales de 2024 ocupa el cargo de comisaria europea de Competitividad.
Domínguez dejó su cargo en junio de 2023 por jubilación. Fue entonces cuando, según la UCO, recibió las contraprestaciones por parte del entramado de Forestalia relacionadas con su intervención en las declaraciones de impacto ambiental.
Para canalizar los pagos y ocultar su procedencia, los implicados supuestamente utilizaron diversas sociedades interpuestas, además de la posible participación de un fedatario público en la formalización de documentos vinculados a las operaciones investigadas.