El nuevo tratado elimina la frontera física entre España y Gibraltar, posibilitando la libre circulación, aunque impone que la policía española solicite autorización para cruzar durante persecuciones.
Los agentes españoles estarán facultados para patrullar, detener y registrar en controles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, pero no tendrán competencia para arrestar sospechosos ni ingresar en domicilios particulares.
España asume la gestión de Schengen en Gibraltar y podrá vetar las autorizaciones de residencia y visados para ciudadanos de terceros países, mientras se mantiene la soberanía británica sobre el Peñón.
El convenio establece patrullas marítimas conjuntas y busca poner fin a décadas de conflictos policiales en la frontera y aguas jurisdiccionales.
Este tratado con Gibraltar elimina la frontera terrestre entre España y la colonia británica situada en suelo español.
La circulación será plenamente libre, aunque la Verja seguirá vigente… pero no para la Policía: cuando agentes españoles persigan a un sospechoso que cruce la frontera, deberán pedir permiso a sus homólogos en Gibraltar antes de seguirlo.
Esto se recoge en el artículo 56 de un documento de más de 1,000 páginas, con 336 artículos y varios anexos, difundido el jueves, a menos de mes y medio de su entrada en vigor, que está prevista para el 10 de abril.
Esta norma ha generado polémica a ambos lados de la Verja, que permanece en pie: en Gibraltar, por considerarse una «cesión excesiva» por parte de las autoridades británicas.
La oposición reprocha a Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, haber roto su promesa de que «nunca habría presencia española en el terreno».
Sin embargo, la policía española estará presente con sus armas, lo que ha provocado la indignación de varios diputados conservadores en Westminster, según informó The Telegraph.
En cualquier caso, los agentes de la Policía y Guardia Civil españolas deberán actuar con previsión durante las persecuciones.
El concepto de «persecución ininterrumpida» está regulado específicamente en el mencionado artículo bajo el título Uninterrupted pursuit.
En él se indica que los agentes que persigan a una persona sorprendida ‘in fraganti’ en los delitos mencionados en el Anexo 8 podrán continuar la persecución más allá de la frontera, conforme al marco Schengen.
Esta misma normativa se aplica si el perseguido se ha evadido de prisión preventiva o se encuentra cumpliendo una pena privativa de libertad.
Además, el artículo hace referencia a futuros «arreglos administrativos» entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, que definirán los detalles prácticos para dichas persecuciones: cómo se informa a la policía del otro lado, qué acciones pueden realizar los agentes que cruzan la frontera y en qué momento deben cesar la persecución.
Controversia policial
Desde la oposición británica y gibraltareña se lamenta que «agentes españoles armados podrán patrullar, vigilar, perseguir sospechosos y detener inmigrantes irregulares dentro de Gibraltar».
No obstante, esto tendrá lugar únicamente en los controles fronterizos del puerto y aeropuerto.
En estos puntos, el tratado otorga a los policías españoles la capacidad de «retener, registrar, interrogar, arrestar y poner bajo custodia a una persona». También podrán «inspeccionar bienes cuando haya justificación».
En casos de «persecución ininterrumpida», los agentes españoles deberán pedir autorización y esperar la aprobación para proseguir con la acción.
Una vez en territorio gibraltareño, aunque estén armados, no podrán emplear su arma reglamentaria salvo en situaciones de «defensa propia». Además, tienen prohibido el acceso a domicilios privados.
Igualmente, no está permitido que detengan a sospechosos, únicamente podrán «retenerlos» y entregarlos a las autoridades locales. Serán los agentes de Gibraltar quienes se encarguen del detenido, siempre bajo su jurisdicción y leyes británicas.
Durante las negociaciones, Picardo había afirmado públicamente que el acuerdo no contemplaría la presencia policial española en suelo gibraltareño.
Un portavoz de Picardo matizó que las restricciones transfronterizas «reproducen las existentes entre Estados Schengen», incluida la obligación de finalizar la persecución cuando la policía local asuma la responsabilidad.
El Tratado, al descubierto
El texto completo del Tratado se hizo público el jueves 26 de febrero, tras cinco años de intensas negociaciones entre Londres y Bruselas, y casi tres meses después del anuncio del acuerdo el 17 de diciembre.
El documento integra operativamente a Gibraltar en el espacio Schengen, aunque sin adhesión formal. Se elimina la Verja, que funcionaba como frontera física durante más de un siglo, para facilitar la libre circulación, trasladando los controles dobles al puerto y aeropuerto del Peñón.
España queda designada como el Estado miembro de la UE responsable de las funciones Schengen en Gibraltar. Esto contradice los esfuerzos de Picardo para limitar la presencia a agentes Frontex en las garitas del puerto y aeropuerto.
La decisión sobre quién puede acceder a la colonia corresponderá a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, con acceso exclusivo al Sistema de Información Schengen (SIS) y a bases europeas de datos de entradas y salidas.
Se espera que la ratificación rápida del texto se realice próximamente en Gibraltar, luego en Westminster antes de fin de marzo, y finalmente en el Parlamento Europeo, a más tardar en el minipleno de la última semana del mes siguiente.
El tratado deberá entrar en vigor, al menos de manera provisional, el 10 de abril, coincidiendo con la implementación del nuevo sistema digital de entradas y salidas de la UE.
Los residentes de Gibraltar estarán exentos del sistema biométrico, mientras que los viajeros de terceros países deberán registrar rostro y huellas dactilares ante los agentes españoles.
Cláusula de soberanía
El acuerdo incorpora una cláusula que aclara que Gibraltar seguirá bajo soberanía británica. «Nada en este tratado ni en acuerdos complementarios afectará la soberanía», afirmó el Gobierno del Reino Unido.
Sin embargo, el Peñón se ajustará a las normas del mercado único europeo y estará sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para garantizar la libre circulación de mercancías.
Además, se establecerá un consejo de cooperación con representantes británicos y europeos que se reunirá anualmente para solucionar cualquier inconveniente derivado del tratado.
¿Aguas soberanas?
La regulación sobre la «persecución en caliente» busca ser un mecanismo para poner fin a décadas de conflictos entre la Guardia Civil y la Royal Gibraltar Police por persecuciones de narcolanchas en aguas consideradas de jurisdicción del Peñón.
Otra innovación es la creación de patrullas marítimas conjuntas con buques tripulados por personal mixto y con marcas europeas neutras. Las embarcaciones serán aportadas por cada parte de forma alterna semanalmente, y los arrestos los llevarán a cabo las autoridades correspondientes según el lugar donde se produzca la detención.
Esto implica que España asume efectivamente no solo la protección de la soberanía británica sobre un área que Naciones Unidas califica como «territorio no autónomo pendiente de descolonización».
El Gobierno español reconoce también que Gibraltar cuenta con «aguas jurisdiccionales».
Todo ello ha motivado una crítica severa del PP hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por haber «cedido» y «perdido la posición privilegiada que España tenía, tras el Brexit, sobre la soberanía de Gibraltar».
En el ámbito aduanero, España ejercerá el control sobre las mercancías que entren en Gibraltar, con el despacho de productos procedentes de fuera de la UE realizándose en puestos designados en La Línea, Algeciras y Sagunto.
Además, Madrid tendrá acceso a información completa sobre personas y mercancías que llegan a las bases militares, aunque exclusivamente para asuntos civiles, ya que las operaciones de la Royal Navy y la RAF quedan excluidas del tratado.
De hecho, los militares británicos y aliados de la OTAN no estarán sujetos a los controles fronterizos españoles.
Veto a permisos de residencia
Uno de los aspectos más delicados para Gibraltar es la facultad de veto de Madrid sobre los permisos de residencia.
España debe ser notificada antes de emitirse o renovarse dichas autorizaciones y podrá rechazarlas si considera que la persona representa «una amenaza para el orden público, la seguridad o las relaciones internacionales de cualquier Estado miembro».
Los visados de corta duración para nacionales de terceros países serán expedidos directamente por España. Gibraltar solo podrá emitir de forma excepcional un número limitado de visados en frontera «por razones humanitarias», válidos únicamente para el Peñón y no para el resto del espacio Schengen.
La supresión de la Verja beneficiará a los 15,000 trabajadores que diariamente cruzan, quienes dejarán de tener sus pasaportes sellados y evitarán las tradicionales filas.
También liberará a los residentes gibraltareños y españoles de las restricciones post-Brexit que limitan las estancias sin visado a 90 días dentro de un período de 180.