El incremento de inmigrantes en áreas como los servicios, la agricultura y la hostelería ha influido en la paralización de los salarios en España.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está próximo a convertirse en el sueldo más común, afectando a uno de cada cuatro empleados.
Los expertos alertan que la regularización masiva de inmigrantes podría ejercer una mayor presión para reducir los salarios en trabajos poco cualificados.
Se calcula que el 80% de los nuevos empleos generados desde 2024 están ocupados por inmigrantes, principalmente en sectores de baja cualificación.
La inmigración masiva observada en los últimos años ha contribuido al estancamiento de los salarios en los sectores con mayor presencia de inmigrantes, como comercio, restauración, servicios y agricultura.
Este fenómeno se intensificará con el proceso de regularización que ha iniciado el Gobierno, que integrará en el mercado laboral a más de un millón de inmigrantes.
Existe un dato particularmente relevante: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está cerca de transformarse en el más común en España.
Según el último registro oficial de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) del INE, correspondiente a 2023, en ese momento el salario modal (el más frecuente) era de 1.112 euros mensuales.
Esto representa solo 32 euros más (un 3%) que el SMI, que en ese momento era de 1.080 euros al mes. Una tendencia que se consolidará con la subida del SMI hasta 1.221 euros mensuales.
«El desplazamiento de trabajadores con salarios bajos hacia el rango de 15.000-16.000 euros ha convertido ese intervalo en el más común», señalaba el estudio publicado por el INE en julio; «en total, uno de cada cuatro asalariados (un 25,6%) percibió un ingreso anual entre 14.000 y 20.000 euros».
El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Pinto, expresó su inquietud ante esta realidad: «La estructura salarial española corre el riesgo de volverse plana, con poca diferencia entre el salario mínimo y el más habitual».
«Esto no indica igualdad, sino estancamiento en los salarios«, advirtió.
Daniel Lacalle, doctor en Economía y profesor de Economía Global y Finanzas, indica que la inmigración masiva de años recientes ha «deprimido y presionado a la baja de manera considerable» los salarios en trabajos poco cualificados, donde esta población tiene mayor presencia.
Además, existen otros factores que han influido para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aproxime a ser el más frecuente: el aumento de las cotizaciones sociales, junto con el elevado coste del absentismo laboral y las regulaciones, que representan 90.000 millones de euros.
Estos elementos, señala Daniel Lacalle, han disminuido los márgenes de muchas empresas y les han impedido ofrecer empleos mejor remunerados.
Como informó EL ESPAÑOL, los inmigrantes representan el 80% de los empleos generados en España desde 2024, según los informes del Consejo Económico y Social (CES) y el Real Instituto Elcano.
Esto demuestra, según Lacalle, que España no está avanzando en la creación de empleo de calidad, sino que produce empleos de baja cualificación, que no incrementan la productividad económica.
La presencia de inmigrantes es muy notable en sectores como el servicio doméstico, con un 71% de ocupación extranjera (más de la mitad mujeres latinoamericanas).
También registran altas tasas de ocupación extranjera la hostelería (45%), la construcción (32%) y la agricultura (31%).
Estos sectores serán los más afectados por la presión a la baja sobre los salarios, provocada por el proceso de regularización masivo impulsado por el Gobierno.
El doctor en Economía y presidente ejecutivo de Freemarket Corporate Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós, adopta un punto de vista más optimista y considera que el impacto en los salarios será limitado.
En primer lugar, resalta que la regularización de inmigrantes no tendrá un efecto «sustitutivo», sino «complementario» en el mercado laboral: desde hace una década, la mayoría de inmigrantes desempeña trabajos que los españoles no desean, principalmente en el sector servicios.
Contrario a ciertos mensajes alarmistas de algunos partidos, los inmigrantes que se regularicen (más de 1,2 millones según un informe oficial de la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional) no competirán directamente con la población nativa en el mercado laboral, salvo en empleos de baja cualificación.
Lacalle y Bernaldo de Quirós coinciden en que la regularización es muy beneficiosa para el Gobierno. Por un lado, permitirá formalizar empleos que hoy ocupan muchos inmigrantes en la economía sumergida (más de medio millón, según estimaciones del CES).
Esto facilitará al Gobierno incrementar la recaudación en IRPF y cotizaciones sociales.
Que cientos de miles de inmigrantes salgan de la economía sumergida y regularicen su estatus contribuirá a dinamizar el consumo y aumentar la demanda agregada, añade Bernaldo de Quirós, lo que podría sostener o incluso aumentar los salarios en ciertos sectores.
En consecuencia, según el presidente ejecutivo de Freemarket Corporate Intelligence, seguirán creciendo el PIB oficial y el empleo, pero no la renta per cápita de los españoles, que lleva dos décadas sin acercarse a la media de la UE.
El hecho de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) esté próximo a ser el más habitual se debe, a su juicio, a que «la productividad no aumenta y, por tanto, los salarios tampoco«, dado que la mayoría de los empleos generados son de baja cualificación.
Las alzas del SMI aplicadas por el Gobierno (un 66% en ocho años, subiendo de 735 a 1.121 euros mensuales) han perjudicado sobre todo a trabajadores con menos experiencia y menor formación, como los jóvenes, quienes quedan excluidos del mercado laboral.
En regiones como Extremadura, con altas tasas de desempleo juvenil y femenino, destaca Bernaldo de Quirós, coinciden con aquellas donde el SMI está más próximo al salario habitual.
Por ello, considera razonable establecer un SMI diferenciado entre comunidades autónomas como Madrid y Extremadura.
Bernaldo de Quirós ve positiva la regularización para las empresas que actualmente enfrentan dificultades para cubrir ofertas laborales, como en hostelería, construcción o transporte.
Sin embargo, advierte que, tal como está planteada, la medida resulta un «despropósito» pues «premia el incumplimiento de la ley».
Además, agrega que tendrá un evidente «efecto llamada» que podría atraer a inmigración no alineada con la demanda laboral del país: inmigrantes cuyo coste en salud y servicios sociales podría superar su aporte a la Seguridad Social.
Esto es aún más notorio considerando que se trata del primer proceso de regularización en España sin exigir ningún requisito laboral (solo se requiere demostrar al menos cinco meses de residencia en España y un certificado o declaración responsable de no tener antecedentes penales).
Hasta ahora, la mayor regularización fue la impulsada por el Gobierno de Zapatero en 2005: benefició a 576.506 inmigrantes (una cifra que podría duplicarse ahora, según previsiones policiales).
Pero a diferencia del proceso actual, aquel requería un contrato laboral de al menos 6 meses con 40 horas semanales.
Por último, Daniel Lacalle destaca que las cifras récord de empleo del Gobierno no solo están infladas por la inmigración; también lo están por los pluriempleos (cerca de 800.000), los fijos discontinuos que no cuentan como desempleados aunque estén inactivos, y contratos de formación sin remuneración.