Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, denuncia un ambiente de «violencia verbal» y ataques contra el sector empresarial por parte de políticos y sindicatos.
Critica la creciente intromisión del Gobierno en la economía y subraya la necesidad de otorgar mayor libertad a las empresas para fomentar la industria y el desarrollo.
Garamendi rechaza la imposición de pactos en el diálogo social y advierte que si se convierte en un «o lo aceptas o lo rechazas» equivale a una dictadura.
Llama la atención sobre los impactos negativos de medidas como el aumento del SMI y la invasión del ámbito privado por parte de lo público, instando al respeto institucional y a un diálogo auténtico.
Antonio Garamendi (Guecho, 1958) se muestra sorprendido ante la «violencia verbal» que ha recibido el sector empresarial en las últimas semanas.
En su mente están los insultos proferidos recientemente por Ione Belarra, portavoz de Podemos, hacia Juan Roig y Ana Botín, calificándolos de «ser despreciable» y «avariciosa», respectivamente.
Estos ataques son solo la punta del iceberg de una tendencia creciente en las últimas semanas, iniciada por el presidente Pedro Sánchez durante la firma del acuerdo con sindicatos para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
En esa ocasión solicitó a los empresarios que «paguen más» y cumplan «su parte» para un «incremento general de los salarios», pasando por alto que, de media, el año pasado subieron un 3,5%, claramente por encima de la inflación.
Este clima hostil hacia el mundo empresarial, al que también se han sumado sindicatos, está generando preocupación entre los empresarios, quienes se sienten como el «chivo expiatorio» al ser responsabilizados de todos los problemas.
En medio de esta turbulencia, Antonio Garamendi conversa con EL ESPAÑOL para defender al sector empresarial y ofrecer soluciones que reconduzcan un ambiente que no contribuye a que España mantenga el «cohete» económico del que Sánchez presume diariamente.
El Gobierno ha pasado del «cohete» a un «España va como nunca». ¿Coincide la CEOE con este análisis?
Depende del enfoque; cada perspectiva ofrece una imagen distinta.
Es cierto que España crecerá un 2,8% en 2025, superando a la mayoría de Europa.
El turismo tiene un impacto considerable, con un récord cercano a 100 millones de visitantes y un gasto por persona al alza. Hay que preservar esa fuente de riqueza.
Sin embargo, faltan políticas que otorguen mayor libertad empresarial para estimular más la industria. Es necesario reactivar la ‘estrategia 2020’ para que el sector industrial suponga el 20% del PIB. Actualmente, con el sector energético, está en un 16%, y sin él, en un 12%.
Esa es la dirección en la que conviene insistir, especialmente luego de los anuncios sobre el cierre de nucleares, mensajes que responden más a la política populista que a la economía real.
Además, el gasto público es un factor clave para el crecimiento. Suma un peso importante que debe ser revisado, ya que no contamos con Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años; los últimos datan de la legislatura anterior.
Faltan políticas empresariales con mayor libertad para impulsar la industria. Se necesita un impulso significativo al sector industrial
Esto sería inaceptable en una empresa privada: cualquier propietario reemplazaría al CEO para garantizar presupuestos y la continuidad del negocio.
Todo ello en un contexto de fuerte crecimiento poblacional por migración.
Otro dato relevante es el aumento de 10 millones de habitantes en España, lo que genera más gasto público que podría estar impulsando la economía en más de un punto. No es una mala situación, pero se deben analizar las causas y formas.
Pero los niveles de desigualdad continúan en aumento.
La desigualdad se atribuye frecuentemente a los empresarios, con acusaciones que los describen como «trituradores de salarios», un discurso exagerado en los últimos días que cuestiona incluso quién recibe el salario mínimo, todo con el fin de desacreditar al sector privado.
No obstante, ocurre lo contrario: lo público ha invadido el ámbito privado. El dinero que debería estar en los bolsillos de las personas está en manos del Estado, que decide su destino.
¿A qué se refiere concretamente?
La economía puede funcionar bien; sin embargo, si la gente sufre para cubrir necesidades básicas o nota falta de vivienda, la responsabilidad no recae en un capitalismo agresivo ni en «oligarcas», sino en que durante años no se ha construido suficiente vivienda. Y se intenta resolver con leyes que modifican el derecho de propiedad, como la norma sobre okupas o los límites a los alquileres.
El Gobierno actual lleva mucho tiempo y podría haber impulsado la construcción de muchas más viviendas, aunque la responsabilidad no recae únicamente en él, sino también en comunidades autónomas y ayuntamientos. Claramente, no son los propietarios ni quienes no han podido ahorrar los culpables.
¿Le preocupan las políticas públicas vigentes?
Solicitamos la deflactación del IRPF para que el dinero permanezca en los bolsillos de los ciudadanos, pero cuando se incrementa el SMI, es el Estado quien se beneficia con mayores ingresos.
Mientras tanto, 1,7 millones de personas faltan diariamente al trabajo, y los empresarios son culpados, como si debieran cargar con todos esos problemas y además incrementar salarios.
Cabe destacar que en 2025 la subida media de los convenios fue de un 3,5%, superando la subida salarial de los funcionarios. Además, la temporalidad en el empleo privado ha disminuido significativamente, mientras que en el sector público se aproxima al 30%.
El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) genera también desavenencias con el Gobierno.
Actualmente llaman a expertos para calcular la media salarial e intentar que el SMI alcance el 60%, excluyendo sectores como agricultura, pesca y servicio doméstico, lo que eleva artificialmente la media. Al descubrir esta manipulación, los ministerios de Economía y Hacienda lo reconocieron, pero no se tomaron medidas.
En este contexto se reciben comentarios duros. Incluso la ministra ha dicho que carecen de sensibilidad ante la muerte de un trabajador.
Esto ocurrió cuando ustedes rechazaron pactar la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales.
El Gobierno actual lleva años en el poder y podría haber facilitado la construcción de muchas viviendas
No se puede incluir temas ajenos para lograr objetivos legislativos. El objetivo es que los sindicatos entren obligatoriamente en pequeñas empresas no sindicalizadas.
Garamendi considera que los sindicatos son esenciales, pero rechaza establecer un régimen intervencionista y usar la ley de prevención de riesgos para fines no relacionados con la seguridad laboral. Además, no se aborda el absentismo, las incapacidades temporales ni medidas para mejorar la salud de los trabajadores.
Referenciando a Pepe Álvarez, ¿los empresarios desatienden la seguridad de sus trabajadores?
Garamendi considera esa afirmación irresponsable y radical, insistiendo en que Pepe sabe que no es verdad.
Álvarez parece desconectarse de la realidad; hay 4.500 mesas de negociación colectiva activas donde se discute también la prevención.
Las palabras grandes, las descalificaciones y el planteamiento político de estos temas solo dividen a la sociedad, advierte.
La CEOE no acepta la obligatoriedad de la entrada sindical en las pequeñas empresas donde no están presentes.
Se deben analizar con cuidado las normas porque el Gobierno suele incluir aspectos interesados que nada tienen que ver con la materia, en este caso los riesgos laborales.
El Ministerio de Trabajo representa a todos, pero la ministra declara que es de los trabajadores, excluyendo así a empresarios y autónomos, quienes generan riqueza.
Entonces, ¿podemos afirmar que el diálogo social está roto?
No está roto, aunque parte de lo que se hace es escenificación. Su relación personal con Pepe y Unai es buena y los canales permanecen abiertos. En el mundo empresarial, el diálogo continúa.
La obligación es mantener la conversación pese al Gobierno. El diálogo social es la mejor base para la paz social. No tirarán por la borda el trabajo logrado durante 50 años.
Los sindicatos son necesarios, pero no se puede usar la ley de prevención de riesgos para otros fines que no sean la prevención
La CEOE opta por hablar con claridad sin insultos ni falsedades, tendiendo siempre la mano para llegar a acuerdos.
Resulta increíble tener un país radicalizado, donde los extremos dominan, pese a que la mayoría se sitúa en el centro. La radicalización fomenta declaraciones extremas.
Sin embargo, usted dijo que estaba dispuesto a acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar la falta de diálogo social.
Eso es porque para la evaluación de la reforma laboral ni siquiera fueron consultados. Se ha puesto de moda recurrir a expertos desconocidos. Los reales decretos se asemejan más a reglamentos, como en tiempos de Franco.
El tema es que la OIT establece que el diálogo social tripartito es entre gobierno, empresarios y trabajadores; el bipartito, solo entre empresarios y trabajadores.
Los acuerdos que se firman sin la participación de todas las partes no son acuerdos de diálogo social. No integran esos pactos que se denominan así. El diálogo social implica un acuerdo consensuado.
Si el diálogo se basa en un ‘o lo aceptas o lo rechazas’ y quedas excluido, estamos frente a una dictadura.
Esta situación será denunciada en la OIT, sumándose a los ataques directos recibidos.
Como por ejemplo, las declaraciones de Ione Belarra llamando «ser despreciable» a Juan Roig en el Congreso.
Aprovechando la inmunidad parlamentaria se lanzan barbaridades contra personas y empresas. Se entiende que con la proximidad del 1 de mayo ocurran este tipo de cosas.
Pero las descalificaciones recientes son duras e injustificadas. Garamendi asegura no haber pronunciado ni pronunciará insultos semejantes.
En un evento organizado por EL ESPAÑOL, Álvarez y Sordo aseguraban que la patronal tiene una ideología concreta, apuntando hacia Vox. Por su parte, Vox ha señalado que al Ibex le va bien con el Gobierno, mientras que al ciudadano común le va peor. ¿La CEOE tiene una ideología?
La CEOE no adopta ideologías; defiende el mercado libre y la iniciativa privada dentro de un marco democrático, liberal y social de derecho.
Son otros quienes se posicionan en los extremos y realizan política mediante la descalificación.
En muchos casos, los sindicatos están perdiendo su liderazgo porque la propia ministra ha eclipsado su papel.
Con esta situación, ¿será posible renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que deben negociar?
La CEOE cumplió el acuerdo anterior, pero la otra parte se rehúsa a abordar el absentismo.
Debe existir respeto por el interlocutor; no insultará a quienes se sientan a la mesa para dialogar.
Los sindicatos han emitido un comunicado defendiendo lo que no lograron del Gobierno, pero si quieren negociar, deben hacerlo en privado con la CEOE.
Hay otro conflicto con el SMI, pues Gobierno y sindicatos buscan saltarse el Estatuto de los Trabajadores suspendiendo complementos de absorción. En ese caso, acudirán a los tribunales.
Aprovechando la inmunidad parlamentaria se están diciendo barbaridades sobre personas y empresas. Se espera que se calmen con el 1 de mayo
Todos parecen contentos con la reforma laboral, pero si hubieran sabido que Gobierno cedería convenios autonómicos al PNV, no la habrían firmado, pues la libertad empresarial es fundamental para ellos.
La ministra ha modificado 63 veces el Estatuto de los Trabajadores y ahora quiere usar un reglamento para suspender complementos de absorción.
Por eso convocará el comité ejecutivo de la CEOE, porque no aceptarán premisas irreales.
También está la legislación para «democratizar las empresas» que el Gobierno busca negociar.
Quieren hablar sobre democracia en la empresa, pero ¿qué significa? ¿Que los pequeños empresarios cedan parte de sus empresas? ¿Que los sindicatos controlen las decisiones? ¿Que las empresas del Ibex entreguen el 10% de sus acciones?
¿Alguien cree que España atraerá inversión con ésta, una ley populista, ajena a la realidad empresarial? ¿Es serio este tipo de anuncios aunque no prosperen?
Parece que los sindicatos se sienten cómodos, pero Garamendi considera que están equivocados. Las empresas deben cumplir con su función social y responsabilidad en la gestión.
El final de la legislatura está siendo intenso. Los empresarios son los titulares de todas las responsabilidades cuando ocurre cualquier cosa en el país.
Ha mencionado repetidamente a Yolanda Díaz, quien anunció que no liderará Sumar en las próximas elecciones generales. ¿Cómo evalúa su gestión? ¿Cree que reducirá la presión sobre las empresas?
La legislatura pasada fue compleja, con la llegada del covid. Las empresas actuaron con generosidad, como en la dana, manteniéndose activas a pesar del confinamiento.
Se activaron ERTEs y líneas de financiación del ICO, que no dependen de la ministra, junto a otras medidas para evitar la muerte empresarial y mantener el empleo.
Se firmaron acuerdos fruto de la responsabilidad, ante una situación excepcional.
Luego llegó la reforma laboral, que la Comisión Europea reclamaba para reducir la temporalidad alta y que era necesaria para recibir fondos Next Generation.
También se firmó la Ley Rider, para regularizar a trabajadores en situación liminal en España.
Pero con la cesión al PNV, la situación se comenzó a deteriorar, y el Ministerio empezó a limitar la libertad empresarial y su gestión ordenada, especialmente con los fondos europeos.
Garamendi insiste en que el Ministerio de Trabajo está desplazando a los sindicatos, lo cual le preocupa. Los sindicatos deben mantener un espacio real para la negociación.
La política está invadiendo estos espacios propios de la sociedad civil, reconocidos en la Constitución, excluyendo especialmente a las empresas, que son culpabilizadas de todo, ya sea comercio, sanidad o cualquier otro ámbito.
Este año se celebrarán elecciones en la CEOE. ¿Se presentará Antonio Garamendi a la reelección? Circulan rumores sobre un posible regreso de Gerardo Cuerva.
Cuando llegue el momento comunicará su decisión. Tras el verano, hablará con las organizaciones empresariales del país y actuará en consecuencia.
Su motivación es la responsabilidad, sin intereses personales. Si debe continuar, lo hará; si debe apartarse, también lo hará.
¿Opina que Juan Carlos I, tras la desclasificación de documentos sobre el 23-F, debería regresar a España?
Los documentos del 23-F confirman la función de la Corona y la importancia de esta institución, que en aquel momento sostuvo la democracia actual.
Recordando la pregunta de Juan Carlos I a Milans del Bosch: «¿Quieres otra guerra?».
Juan Carlos I puede regresar cuando lo desee, sin impedimentos; es una decisión personal.
Actualmente, el rey Felipe VI representa la institución de manera excepcional y promueve la unidad, el consenso y el diálogo en España.
¿Alguien cree que España será seria y atraerá inversión si se anuncia que los sindicatos tendrán el 50% de los consejos de administración?
Afortunadamente, la Corona es una institución que genera confianza y orden en un entorno que ahora se percibe caótico.
Ante los casos de corrupción e inestabilidad del Gobierno, ¿cuánto tiempo cree que quedará esta legislatura?
Esa pregunta corresponde a otros. La CEOE es solo espectadora.
El presidente del Gobierno tiene la llave para convocar elecciones. No sabe si deben celebrarse, pero pide moderación.
El sector empresarial, respetando todas las ideas, siempre demanda moderación y calma.
Se requiere un ambiente de confianza con seguridad jurídica, estabilidad normativa y calidad legislativa, respetando profundamente las diversas ideologías.
No tiene sentido mantener la dinámica de violencia verbal que perjudica a los intereses económicos y nacionales.
Los ciudadanos perciben esta situación y Garamendi rechaza un país intervenido en aspectos ya vividos en Latinoamérica, o parecerse a cualquiera de ellos.
Prefiere un país libre, con un componente social, y destaca que la CEOE apoyó la renta mínima, un tema olvidado en el debate.
Sin embargo, no comparte la idea de «trabajar menos para vivir mejor»; para ellos, trabajar es parte fundamental de la dignidad humana y se mantendrán firmes en esa línea.
Le gusta navegar, y si llegan tiempos difíciles, afrontan la situación con independencia responsable y sentido de Estado, que es amar al país.
Algunos lo comprenderán y otros no, pero lo expresan porque creen que es lo mejor para España.
Lo que más extraña es la falta de lealtad institucional, que considera esencial para respetar las formas, leyes e instituciones, base clave de la democracia.
Echa mucho de menos esa lealtad. En resumen, siempre estarán disponibles, no solo para sumar, sino para multiplicar.