Desde el ámbito agrario, las reacciones han sido mayoritariamente negativas. José María Castilla, representante de Asaja en Bruselas, ha indicado que “hoy se confirma una nueva traición por parte de Europa”
La Unión Europea ha iniciado este viernes el procedimiento para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países del Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas. (Fuente: Comisión Europea)
La activación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur ha generado una notable división de opiniones en el sector agroalimentario español. Mientras que las principales industrias consideran que este pacto abre nuevas oportunidades de exportación, las organizaciones agrarias han manifestado un rechazo contundente, basado en recientes informes de la propia Comisión Europea sobre los estándares sanitarios de las importaciones.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó este viernes la puesta en marcha de la aplicación provisional del acuerdo tras la ratificación por parte de Argentina y Uruguay. Las declaraciones tanto del Ejecutivo comunitario como del Gobierno de España destacan el potencial de este tratado para crear la mayor área de libre comercio del mundo, que abarca a más de 700 millones de personas y representa cerca del 25% del PIB global.
En el ámbito agrario, las reacciones han sido principalmente negativas. José María Castilla, representante de Asaja en Bruselas, señaló que “hoy se confirma una nueva traición por parte de Europa al sector agroalimentario”, resaltando que el acuerdo es solo una “ratificación temporal” y que el sector agrario continúa siendo “moneda de cambio”. Por su parte, Andoni García, responsable de la Organización de COAG, acusó a la Comisión Europea de mostrar “un profundo desprecio al Parlamento Europeo y a la mayoría de los agricultores”, calificando la decisión como un “atropello democrático” que perjudica “los intereses” del sector primario.
Aunque desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Cristóbal Cano reconoció que la aplicación provisional era previsible, consideró positivo que se hayan incluido cláusulas de salvaguardia recientemente aprobadas, “que no son en absoluto papel mojado”. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, lamentó la activación “exprés” del acuerdo y anunció que su organización estudiará posibles acciones legales, alegando que no se respetó la legalidad, pues no hubo ratificación por parte de la Eurocámara y el acuerdo supone perjuicios tanto para agricultores como para consumidores.
Posteriormente, COAG calificó la decisión de la Comisión como una “grave irresponsabilidad” y solicitó al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE que rechacen la ratificación definitiva debido a la amenaza que representa para la seguridad alimentaria europea. COAG fundamenta su postura en los resultados del informe de auditoría DG(SANTE) 2025-0241, que concluye que el sistema de control de residuos hormonales en Brasil, incluido el estradiol –prohibido en la UE desde 2003–, presenta deficiencias en todas sus fases.
Miguel Padilla, secretario general de COAG, manifestó que “lo que diferencia esta denuncia de todas las anteriores es que no la presentan los representantes de agricultores y ganaderos, sino la propia Comisión Europea a través de sus auditores”. Padilla subrayó que el mismo organismo que negoció y presionó para la aplicación del acuerdo ha reconocido por escrito fallos estructurales graves en el control de la carne brasileña, constituyendo, dijo, una situación sin precedentes.
En la misma línea, la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) solicitó al Gobierno de España que siga el ejemplo de Hungría y Polonia y presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para suspender temporalmente el acuerdo. Asaja también se refirió al informe de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, cuyo contenido cuestiona la capacidad de Brasil para garantizar la ausencia de hormonas prohibidas en la carne exportada a Europa.
Respaldo oficial y visión desde la industria alimentaria
Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa reiteraron el apoyo de España al acuerdo, destacando la magnitud del nuevo espacio comercial y las oportunidades que implica para empresas y trabajadores españoles. El ministro Carlos Cuerpo declaró que “en un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás. El acuerdo con Mercosur es un paso clave en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente”.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) valoró el momento como “oportuno”, dada la incertidumbre internacional, enfatizando la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables, según informó la patronal. FIAB advirtió sobre la importancia de que los productos de Mercosur que ingresen a Europa cumplan con los mismos estándares de calidad, seguridad sanitaria y medioambiental. Según datos facilitados por la patronal, en 2024 el valor de las ventas al bloque Mercosur alcanzó los 329 millones de euros, frente a importaciones superiores a 2.200 millones.
Rafael Pico, director de Asoliva, asociación que agrupa a los envasadores de aceite de oliva, celebró la aplicación del tratado, considerándola “favorable y conveniente” para el sector español. Sin embargo, Pico señaló que el acuerdo, aunque liberaliza de inmediato las exportaciones de aceite de oliva desde Mercosur hacia la UE, establece que la reducción arancelaria para el aceite europeo se producirá de forma gradual durante 15 años.
La Organización Interprofesional del Vino de España y la Federación Española del Vino (FEV) expresaron su apoyo, resaltando las oportunidades que se abren particularmente en mercados como Brasil, cruciales ante la caída del consumo.
Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) se apoyó la aplicación provisional del acuerdo, siempre que existan mecanismos efectivos de seguimiento y salvaguardia para evaluar y corregir el impacto en el mercado. Anice destacó las “posibles oportunidades” que el acuerdo ofrece en términos de apertura de mercados y fortalecimiento de relaciones comerciales, garantizando siempre la reciprocidad normativa, sanitaria y medioambiental.
En el sector hortofrutícola, Ignacio Antequera, director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), reconoció también el crecimiento potencial del acuerdo, insistiendo en la necesidad de respetar las salvaguardas establecidas.
Desarrollo y futuro del acuerdo
La Comisión Europea indicó que la parte comercial del acuerdo puede implementarse provisionalmente desde que al menos un país del bloque Mercosur complete su ratificación, como pasó con Argentina y Uruguay. No obstante, la aplicación definitiva requiere la aprobación de los Estados miembros y el consentimiento del Parlamento Europeo, que actualmente está condicionado por el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE para evaluar la compatibilidad del acuerdo con el Derecho comunitario, lo que ha detenido su ratificación.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, defendió que la entrada en vigor es, por definición, una medida temporal, y explicó que las capitales y los eurodiputados han debatido intensamente el tema durante las últimas semanas. Von der Leyen señaló que el proceso tras la notificación a los socios de Mercosur requerirá aproximadamente dos meses, aunque la fecha exacta aún está por confirmarse.