La Eurocámara identifica que casi la mitad de los presuntos menores migrantes arribados a Canarias resultaron ser adultos tras realizarse los test de edad.
Marruecos acepta únicamente el 8% de las devoluciones de sus nacionales que llegan en patera, rechazando el 92% de los intentos de repatriación.
La saturación en los recursos destinados a menores en Canarias, que acoge al 65% de los menores migrantes en España, afecta la provisión de atención especializada.
El informe denuncia la falta de solidaridad europea, los recursos escasos en Canarias y advierte sobre las repercusiones sociales y políticas de la crisis migratoria.
«Casi la mitad» de los supuestos menores extranjeros no acompañados (menas) llegados a Canarias, sometidos a pruebas de edad, «fueron finalmente clasificados como adultos».
Esto queda reflejado en un informe elaborado por la misión del Parlamento Europeo que visitó las islas mayores y la de El Hierro en septiembre pasado. El documento, cuya versión preliminar posee EL ESPAÑOL, también revela que Marruecos tan solo acepta la devolución del 8% de sus nacionales llegados en patera a las islas.
El Gobierno de Canarias informó a los eurodiputados, entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025, que se realizaron pruebas médicas de edad a «aproximadamente 1.500 migrantes» inicialmente registrados como menores.
La denominada «prueba de la muñeca» se aplica en casos «con dudas». El informe confirma lo que las fuentes del Ejecutivo de Fernando Clavijo han denunciado reiteradamente a este diario: «La mayoría comienza el viaje con una edad cercana a los 18 años, buscando ingresar en el sistema para menores y evitar una posible expulsión«.
Sin embargo, Rabat rechaza sistemáticamente el 92% de las repatriaciones impulsadas por España, anulando así los acuerdos de readmisión firmados entre ambos países, según el texto.
El informe, que consta de 35 páginas, resulta del análisis sobre el terreno de la crisis migratoria en la ruta atlántica. Actualmente se está debatiendo en la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, mientras los grupos introducen enmiendas antes de su aprobación definitiva.
Este trabajo se enmarca dentro del despliegue del nuevo Pacto de Migración y Asilo, diseñado para redefinir la gestión de las fronteras exteriores y los procedimientos de asilo en toda la UE.
La delegación, encabezada por el polaco Bogdan Rzońca, recuerda en el informe que la nueva normativa europea requiere una «evaluación individual de la edad del solicitante» y la protección del interés superior del menor, pero advierte que «el fraude tensiona todo el sistema».
Junto al político conservador polaco del grupo ECR, viajaron el socialista italiano Sandro Ruotolo (S&D) y el neerlandés de origen colombiano Sebastian Kruis (Patriots). Los españoles Carmen Crespo (PP), Sandra Gómez (PSOE) y Jorge Buxadé (Vox) asistieron como observadores.
El documento informa que se realizaron 1.500 pruebas óseas para determinar la edad, aunque solo se aplican cuando existen «dudas razonables» tras una evaluación visual inicial realizada en el puerto por ONG y policías.
El hecho de que la mitad de los examinados resultaran adultos indica, según los eurodiputados, un «problema estructural» de fraude en el acceso al sistema de protección de menores. De hecho, la Junta de Andalucía también ha denunciado que «al menos, 600 de los menas facilitados por el Gobierno resultaron ser mayores».
La misión advierte en el informe que esta práctica, al saturar plazas y servicios, afecta negativamente a los menores que realmente lo son y necesitan atención especializada.
Los eurodiputados señalan además que la tutela recae en Canarias, pero las decisiones jurídicas, como traslados o acogidas en recursos estatales, dependen de Madrid.
Asimismo, recuerdan que el nuevo Reglamento europeo «impone una solidaridad efectiva, tanto interna como entre Estados», que actualmente no se observa en el caso canario.
Marruecos rechaza al 92%
Las cifras proporcionadas por las autoridades españolas a la misión evidencian la ineficacia de la política de devoluciones: sólo cerca del 8% de los marroquíes en situación irregular son efectivamente retornados a su país.
Los eurodiputados señalan que la Directiva de Retorno 2008/115/CE exige ejecutar las decisiones de expulsión de manera eficaz, con garantías pero sin indefinición. Sin embargo, sin cooperación real del país de origen, esa obligación resulta imposible y «debílita la credibilidad» del marco común.
El texto resalta que Marruecos forma parte del Convenio internacional SAR de búsqueda y rescate marítimo, que establece responsabilidades claras en la zona de salvamento.
No obstante, Salvamento Marítimo y Guardia Civil reportan casos donde Rabat no acepta el retorno a puerto de «embarcaciones rescatadas en su área», trasladando toda la carga a España.
Para los autores, la conjunción de bloqueo en las devoluciones y ausencia de acuerdos de readmisión efectivos viola el principio de cooperación leal con la Unión.
Esto también favorece el «efecto llamada», porque las redes criminales de tráfico de personas conocen que las expulsiones reales son la excepción y no la regla en la ruta atlántica.
Regularización masiva
En Canarias hay alrededor de 5.000 menores bajo tutela del Ejecutivo regional, lo que representa aproximadamente el 65% de los menores llegados a España, y los recursos educativos y sociales están «notablemente desbordados».
El informe llega en medio de la polémica por la regularización masiva de inmigrantes irregulares impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permitirá obtener documentación a quienes acrediten cinco meses de residencia en España antes de finales de 2025.
Esta coincidencia temporal ha generado preocupaciones en varios Estados miembros y en la Comisión Europea, que advierten sobre los «impactos negativos» para otros países de la UE.
Según el comisario de migración, Magnus Brunner, la decisión «afecta el espacio Schengen», y el pacto recientemente acordado exige «coordinación» entre los Veintisiete.
En este contexto, varios eurodiputados vinculan las conclusiones de la misión con la regularización masiva anunciada por Sánchez, observando «una contradicción» entre solicitar ayuda europea para frenar los flujos y, al mismo tiempo, ofrecer una solución extraordinaria a cientos de miles de irregulares.
El diputado popular Raúl de la Hoz destacó en el debate de PETI que la iniciativa española vulnera tres pilares europeos: la coordinación institucional, la seguridad jurídica y la responsabilidad compartida.
Aunque el Gobierno estima 500.000 beneficiarios, algunas organizaciones elevan la cifra hasta 800.000, y el informe oficial del comisario de Extranjería, publicado por este medio, la sitúa por encima del millón de personas.
Frontex se ofrece, España no deja
El documento también dedica un capítulo sensible para la política española: la colaboración con Frontex.
Los responsables de la agencia explican que «no cuentan con barcos, aviones ni helicópteros desplegados en la ruta canaria», a diferencia del Mediterráneo central. Esto se debe a una decisión expresa del Gobierno español, como denunciaron en la Eurocámara durante 2024.
Su actuación se limita a equipos en los centros de atención temporal (CATE), donde apoyan los procesos de registro biométrico y cribado, siempre bajo mando nacional. Además, destacan que han ofrecido a España desplegar miles de recursos adicionales si lo solicitan.
El informe sugiere que esta falta de solicitud pone a España en una posición complicada cuando reclama mayor solidaridad europea y una presencia más activa de la agencia en terceros países como Mauritania o Senegal.
Canarias paga la factura
Otro aspecto recurrente en el texto es el desequilibrio entre la magnitud de la crisis y los recursos disponibles en Canarias.
El Gobierno regional comunicó a la delegación que el archipiélago destinó 192 millones de euros de su presupuesto propio para gestionar la reciente migración.
Al mismo tiempo, no ha recibido «ninguno de los fondos» de los 560 millones transferidos por la UE a España para reforzar el sistema de asilo y acogida.
Los autores interpretan esto como una «ruptura del principio de solidaridad y reparto justo de responsabilidades» consagrado en el nuevo Reglamento de Migración y Asilo de la UE.
El texto advierte que mantener esta situación a medio plazo puede generar «consecuencias sociales y políticas profundas» en una región ultraperiférica con «recursos limitados».
Por ello, solicita tanto una «mejor distribución interna de menores y adultos» como una financiación regionalizada basada en la presión real que soporta cada territorio.
Barrios tensionados
Las cifras globales de 2025 muestran un descenso notable en las llegadas respecto al récord histórico de 2024. Desde 2022, las llegadas pasaron de 15.000 a 46.000, registrándose en 2025 una reducción aproximada del 50%.
La misión atribuye esta mejora en gran medida al trabajo en origen del Centro de Coordinación Regional de Canarias, que asegura haber «evitado cerca de la mitad de las salidas detectadas» desde Marruecos y hasta el 79% desde Senegal.
No obstante, concluye que la crisis permanece estructural, debido a que los cuellos de botella perduran en menores, devoluciones y recursos locales.
Esto se refleja también en el ámbito social: vecinos del barrio de La Isleta, próximo al centro Canarias 50 en Las Palmas, manifiestan preocupación por un aumento en las peleas, consumo de alcohol y pequeños delitos, aunque las autoridades insisten en la falta de datos sólidos que vinculen migración e inseguridad.
Como contrapunto, los eurodiputados destacan la experiencia del instituto de Firgas, donde un grupo de docentes ha integrado a casi cincuenta alumnos de siete países africanos sin recibir recursos adicionales.
Lo presentan como un ejemplo de la «otra cara» de la inmigración, pero advierten que sin apoyo estable estas iniciativas dependen únicamente de la buena voluntad de algunos docentes.