PP y Junts permitirán finalmente la convalidación del decreto de subida de las pensiones pese a sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez
Llegan buenas noticias para los pensionistas. Este jueves, el Congreso tiene previsto ratificar la esperada elevación de las pensiones para 2026 conforme al IPC. El Real Decreto-ley, que asegura el aumento automático de las prestaciones basado en el Índice de Precios al Consumo (IPC), consigue así un amplio respaldo parlamentario.
El respaldo al texto no solo procede del Gobierno y sus aliados habituales. A la lista de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Compromís, UPN y Coalición Canaria se suman dos partidos determinantes: PP y Junts, que inicialmente mostraron oposición. La confirmación del apoyo por parte de estas formaciones quedó patente en la sesión plenaria, donde sus portavoces manifestaron su voto favorable, disipando cualquier incertidumbre sobre el resultado.
En representación del Partido Popular, el diputado Miguel Ángel Paniagua reafirmó el compromiso de su formación con la actualización de las pensiones basada en la inflación y criticó al Gobierno por haber creado incertidumbre en el pasado al vincular la revalorización a otras medidas dentro de un solo decreto, como la moratoria de desahucios. “Los pensionistas no merecían este circo ni tener como ministra a quien la representa”, declaró Paniagua en referencia a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Desde Junts, Josep María Cervera fue aún más severo y acusó al Ejecutivo de “ineptitud” y “torpeza” por reiterar los errores cometidos el año pasado. Además, Cervera exigió al Gobierno saldar la llamada “deuda histórica” con Cataluña en materia de pensiones, estimada por la Comisión de Estudio del Parlamento catalán en 30.000 millones de euros.
El Pleno del Congreso, contando con los votos de PP, Vox y Junts, derogó este martes el decreto ley conocido como el ‘escudo social’, que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de servicios básicos como agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)
Durante el debate, la ministra Elma Saiz defendió la aprobación del decreto como una acción fundamental para “evitar la pérdida del poder adquisitivo de millones de personas”. Saiz enfatizó que la medida responde a la obligación legal de actualizar las pensiones y subrayó la necesidad de proporcionar estabilidad y certidumbre a los pensionistas.
El Ejecutivo ha optado por tramitar el aumento por separado, desligándolo de otras políticas sociales para evitar el rechazo que generó anteriormente la presentación conjunta de múltiples medidas en un único decreto.
Vox no confirma su apoyo a las pensiones
Mientras la mayoría de los grupos parlamentarios han ratificado su respaldo, Vox mantiene la incertidumbre respecto a su voto. Su portavoz, José María Figaredo, expresó dudas sobre la viabilidad financiera del sistema y criticó la falta de reformas estructurales que aseguren su estabilidad a largo plazo.
Por otra parte, Junts y UPN han solicitado al Ejecutivo que no genere nuevamente incertidumbre entre los pensionistas en futuras reformas y han demandado una atención más específica a las particularidades territoriales, con énfasis especial en Cataluña.
Con la aprobación inminente del incremento conforme al IPC, millones de jubilados contarán con la garantía de mantener el poder adquisitivo de sus prestaciones en 2026. El consenso parlamentario alcanzado fortalece la estabilidad del sistema, aunque el debate sobre su sostenibilidad y las demandas territoriales continuará en los próximos meses.