El Gobierno restringe la comercialización de bebidas energéticas como Red Bull a personas menores de 18 años, exigiendo identificación para su compra

Un joven observa el pasillo de las bebidas energéticas de un supermercado.

El Ejecutivo prohibirá la comercialización de bebidas energéticas a menores de 18 años si contienen más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml.

Para adquirir estas bebidas será obligatorio presentar el DNI, equiparando esta restricción de edad a la vigente para el alcohol.

Esta normativa pretende salvaguardar la salud infantil y cuenta con un amplio respaldo social, según el barómetro de la AESAN.

España se alinea con otros países europeos al unificar la regulación a nivel nacional, sumando esta restricción a la ya establecida en centros educativos y a próximas limitaciones en la publicidad de alimentos poco saludables.

En España comenzará a solicitarse el DNI para la compra de bebidas energéticas.

Así lo confirmó este miércoles el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras anunciar que, tal como adelantó este medio, prohibirá la venta de estos productos a menores de 16 años y extenderá la restricción hasta los 18 años para aquellas bebidas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Esta medida equipara las bebidas con un alto contenido en estimulantes al alcohol, imponiendo una restricción de edad que antes solo existía en entornos escolares.

Como informó EL ESPAÑOL, esta acción forma parte de la ofensiva del Gobierno contra el consumo de productos perjudiciales para la salud infantil, tales como la comida basura con alto contenido en grasas saturadas o, en este caso, con una elevada concentración de estimulantes.

La iniciativa complementa el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado el año anterior —que ya prohibió estas bebidas en los centros educativos— y la futura regulación sobre la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores.

El mensaje transmitido por el departamento es contundente: reducir la cafeína y limitar el acceso de ultraprocesados para niños y adolescentes.

Bustinduy explicó que la prohibición afectará a todas las bebidas energéticas para menores de 16 años y será incluso más rigurosa —hasta los 18— respecto a aquellas que contienen más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml.

El ministro justificó la medida apoyándose en el último barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que indica que nueve de cada diez españoles apoyan la prohibición. Entre los jóvenes de 18 a 35 años, el respaldo llega al 88,3%.

Los datos recogidos en ese estudio fortalecen la postura del Ministerio, mostrando que un 25% de los encuestados consume bebidas energéticas con una frecuencia aproximada de dos veces por semana.

Casi la mitad de quienes las consumen (49%) ingiere al menos una diaria, y el 47% las mezcla regularmente con alcohol, una práctica que las autoridades sanitarias vienen advirtiendo durante años debido a los riesgos asociados.

El respaldo científico no es reciente. En 2021, el Comité Científico de la AESAN alertó que un consumo elevado de cafeína puede causar alteraciones del sueño —tanto en el inicio como en la duración—, efectos psicológicos, modificaciones conductuales y problemas cardiovasculares.

Desde entonces, un grupo de trabajo coordinado por la misma agencia y con la participación de ministerios y comunidades autónomas ha analizado diversas opciones regulatorias.

Galicia y Asturias

El Gobierno también observa las prácticas en Europa. Países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania han implementado normativas similares, y en España algunas regiones —como Galicia o Asturias— ya habían avanzado en esta dirección. Consumo afirma que la regulación estatal permitirá uniformar la legislación y eliminar las diferencias territoriales.

Paralelamente, el Ministerio está elaborando un decreto para restringir la publicidad de alimentos y bebidas con perfil nutricional poco saludable dirigida a menores, como anunció la semana pasada.

El barómetro de AESAN revela que cerca del 80% de la población opina que estos anuncios deberían prohibirse.

El Gobierno también se fundamenta en que cada niño en España recibe más de 4.000 impactos publicitarios anuales de comida no saludable en televisión —casi 11 diarios—, cifra que aumenta hasta 30 al sumar otras plataformas.

Con esta nueva medida, el Ejecutivo amplía su agenda regulatoria en salud pública infantil. Primero fueron los comedores escolares; ahora, la venta directa en tiendas; y próximamente, la publicidad.

La lucha contra la obesidad infantil y el consumo de productos con altos niveles de cafeína, azúcar o grasas se traslada al punto de venta: si el comprador aparenta ser menor, deberá presentar el documento de identidad.

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