Un estudio de Funcas advierte que los recortes en el gasto público tras la crisis de 2008 han provocado un deterioro en transporte, energía y agua, y solicita una nueva política estratégica para evitar pérdidas económicas y crisis sistémicas
España se encuentra en un momento delicado en materia de infraestructuras. Tras una etapa de fuerte incremento en inversiones públicas durante los primeros años del siglo XXI, el país ha entrado en un prolongado periodo de recortes presupuestarios que ha dejado unas infraestructuras en estado obsoleto, con pérdida de eficiencia y una mayor susceptibilidad frente a riesgos climáticos y tecnológicos. Así lo detalla el estudio La economía de las infraestructuras en España: realidad, retos y recomendaciones, publicado por Funcas y coordinado por Ginés de Rus y Carlos Ocaña.
Los responsables del informe aseguran que las infraestructuras forman la base que sostiene la economía y el bienestar social en España, por lo que cuando fallan sus consecuencias son inmediatas y costosas. Por tanto, la inversión en ellas es condición necesaria, pero no suficiente, para el crecimiento económico, ya que incrementar el gasto no asegura mejores resultados si no se decide correctamente en qué, dónde y cómo se destina la inversión.
La experiencia en España muestra casos de exceso de inversión con baja utilización, al tiempo que existen déficits en sectores como las infraestructuras hidráulicas o el mantenimiento de redes de transporte y energía.
De la euforia inversora al ajuste estructural
Entre 2000 y la crisis financiera global de 2008, España fue uno de los países de la Unión Europea que más recursos dedicó a infraestructuras, con tasas de inversión pública respecto al PIB superiores a la media comunitaria. Este empuje permitió desarrollar una red ferroviaria de alta velocidad, autovías, aeropuertos y redes energéticas que colocaron al país a la cabeza en varias modalidades de transporte y mejoraron la accesibilidad territorial. Esta fase de crecimiento actuó como motor de convergencia económica con Europa y facilitó el desarrollo interno.
El panorama cambió de forma brusca con la llegada de la crisis financiera y el consiguiente ajuste fiscal. El informe de Funcas detalla cómo la inversión pública cayó a niveles mínimos históricos, tanto en nuevos proyectos como en el mantenimiento de las infraestructuras ya existentes. Este repliegue, inicialmente temporal, se afirmó como estructural, y España comenzó a mostrar un déficit inversor en comparación con la media europea.
Los riesgos de la falta de mantenimiento
La reducción en la inversión no solo ha frenado la puesta en marcha de nuevos proyectos, sino que también ha comprometido la operatividad de las redes ya instaladas. El estudio advierte que la escasez de fondos para conservación y modernización ha generado problemas de sobreinversión con escaso uso en algunos activos, combinados con déficits importantes en infraestructuras hidráulicas y en el mantenimiento de redes de transporte y energía.
Esta situación influye directamente en la capacidad de respuesta ante eventos extremos, como apagones, sequías, inundaciones y ciberataques. Según los autores, “la falta de prioridad al mantenimiento debilita la resiliencia nacional y aumenta la exposición a emergencias y pérdidas económicas”.
Sumado a esto, la obsolescencia de las infraestructuras incrementa los costes futuros, dado que reparar daños suele implicar inversiones mucho mayores que las necesarias para prevenirlos.
Los desafíos de la transición al cambio climático y la digitalización
El informe de Funcas identifica varias dificultades importantes para el futuro próximo. Entre ellas, destacan la adaptación al cambio climático, la transición energética y el avance hacia la digitalización de las redes. También subraya la necesidad de fortalecer las infraestructuras para asegurar la seguridad del suministro energético y controlar costos dentro de un contexto de transformación hacia fuentes renovables.
En el sector del agua, los autores sostienen que la escasez y la variabilidad del recurso, agravadas por el calentamiento global, requieren una gestión que se base en criterios económicos y ambientales, con precios que reflejen esa escasez y sistemas que promuevan un uso eficiente. La insuficiencia de inversión en almacenamiento, prevención de inundaciones y depuración ha aumentado la vulnerabilidad de las zonas urbanas y rurales frente a eventos extremos.
Sobre la digitalización, se posiciona como un “elemento transversal indispensable”, según el análisis. España mantiene una posición avanzada en la cobertura de fibra óptica y redes móviles, lo que representa una ventaja competitiva. No obstante, la concentración del mercado, los riesgos de ciberseguridad y la dependencia de otras infraestructuras críticas “exigen marcos regulatorios sólidos que garanticen competencia y acceso equitativo”.
Recomendaciones para un cambio de dirección
El estudio presenta un conjunto de medidas específicas para revertir la tendencia negativa en infraestructuras y mejorar la eficiencia del gasto público. Entre las recomendaciones destacan el fortalecimiento de la planificación estratégica basada en análisis económicos; la creación de sistemas de financiación que permitan recuperar costos e internalizar externalidades, y la ampliación y profesionalización de la colaboración público-privada.
También se aconseja priorizar el mantenimiento y renovación de las infraestructuras existentes frente a la construcción de nuevas, aumentar la resiliencia de infraestructuras críticas para reducir el impacto de crisis inesperadas y mejorar la calidad institucional y la gobernanza del sector, con evaluaciones rigurosas de beneficios y costos sociales.
El informe enfatiza que la inversión en infraestructuras compite directamente con otras prioridades como la sanidad, la educación o la seguridad, por lo que es urgente una evaluación transparente y objetiva para maximizar el retorno social de cada euro público invertido.
Sánchez niega "apocalipsis" en el apagón y destaca el civismo de la población
Transportes más eficientes y a la “vanguardia” en Telecomunicaciones
El análisis de Funcas realiza un repaso específico de los principales sectores afectados. En transporte, el país dispone de una red densa y moderna, aunque presenta problemas de sobrecapacidad y baja utilización en algunos activos. La recomendación de los expertos es reenfocar la política hacia la eficiencia, con evaluaciones estrictas de proyectos y tarificación según uso.
En el caso de energía, la transición hacia un sistema descarbonizado requiere inversiones en redes de transporte y almacenamiento, así como en la gestión inteligente de la demanda. El informe alerta sobre los riesgos de una planificación inadecuada que pueda ocasionar apagones o inestabilidad.
Respecto al agua, la urgencia está en mejorar el almacenamiento, la prevención de inundaciones y la depuración, con una política tarifaria que fomente el consumo responsable y garantice la sostenibilidad de las infraestructuras.
En cuanto a las telecomunicaciones, España continúa en la vanguardia, aunque la concentración de operadores y los desafíos en ciberseguridad demandan un fortalecimiento regulatorio para evitar riesgos sistémicos.
El estudio analiza el impacto de la pandemia y la llegada del programa Next Generation EU, que ha impulsado una respuesta fiscal expansiva y renovado el interés por la inversión en eficiencia energética, movilidad sostenible y digitalización. Sin embargo, la ejecución de estos fondos sigue siendo baja y el esfuerzo en infraestructuras físicas se mantiene lejos de los niveles máximos alcanzados antes de la crisis financiera de 2008.
Nueva política de infraestructuras para estimular la economía
De cara al futuro, el estudio destaca que el destino económico y el bienestar en España dependerán de la capacidad para acordar una nueva política de infraestructuras basada en la sostenibilidad financiera, ambiental y territorial.
Se advierte claramente que sin una estrategia a largo plazo y una asignación eficiente de recursos, el país enfrenta el riesgo de perder competitividad y quedar expuesto a crisis sistémicas.