El Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite el conflicto presentado por el Senado contra el Gobierno por el incumplimiento en la entrega de los Presupuestos Generales del Estado durante tres ejercicios consecutivos.
Esta será la primera ocasión en que el TC determine si puede forzar al Gobierno a la presentación de estos Presupuestos, conforme a lo establecido en el artículo 134.3 de la Constitución.
El Senado sostiene que la continua prórroga de los presupuestos afecta negativamente su función de control y participación, y solicita que se establezca un plazo límite para la presentación de las cuentas correspondientes a 2026.
Además, cuestiona el uso por parte del Gobierno de decretos-ley para modificar los presupuestos prorrogados, argumentando que esto excluye al Parlamento y podría provocar una pérdida de confianza en el ámbito legislativo.
El pleno del Tribunal Constitucional decidió esta mañana, por unanimidad, admitir a trámite el conflicto de atribuciones interpuesto por el Senado –con mayoría del PP– contra el Gobierno por el incumplimiento reiterado de presentar a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado durante tres años consecutivos.
Será la primera vez que el TC emita una sentencia sobre la omisión del Ejecutivo en el cumplimiento del mandato del artículo 134.3 de la Norma Fundamental.
Según dicho artículo, el Gobierno tiene la obligación de presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado «al menos tres meses antes de la finalización de los correspondientes al año anterior».
El TC respaldó la propuesta presentada por la magistrada ponente, Laura Díez Bueso, que fue adelantada por EL ESPAÑOL.
La admisión del recurso del Senado amplía la interpretación del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales y, por primera vez, abarca una conducta omisiva del Ejecutivo.
Así, el Constitucional abordará en su sentencia las tres solicitudes planteadas por el Senado.
La primera petición es que se reconozca que el incumplimiento gubernamental de la obligación constitucional de entregar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, 2025 y 2026, junto con la aplicación de la prórroga, infringe la competencia constitucional del Senado, que incluye examinar, enmendar, aprobar y modificar dichos presupuestos, además de ejercer control sobre el Gobierno.
En segundo lugar, pide que se declaren inconstitucionales y nulas las prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
Finalmente, la Cámara Alta solicita que se establezca un plazo máximo para la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2026.
El Senado argumenta que la inacción del Gobierno de Sánchez, que ha prorrogado los Presupuestos en 2024 y 2025 y todavía no ha presentado los correspondientes al año actual, contraviene las prerrogativas que el artículo 134.5 de la Constitución otorga al Parlamento.
Este artículo señala que, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá proponer proyectos de ley que implican un aumento del gasto público o una reducción de los ingresos correspondientes a ese ejercicio presupuestario.
«Las modificaciones que se están realizando a los presupuestos prorrogados de 2023 constituyen un fraude de ley que contraviene la obligación constitucional de presentar nuevos presupuestos y afectan la competencia legislativa del Senado», destaca el conflicto de atribuciones.
Confianza parlamentaria
Desde la Cámara Alta consideran que el incumplimiento del Gobierno también atenta contra el artículo 99.2 de la Constitución, «dada la relación entre la falta de aprobación de los Presupuestos y la pérdida de la confianza parlamentaria otorgada durante la investidura».
Además, sostiene que quebranta el artículo 23 al impedir «la presentación y tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que bloquea la participación de los senadores en la función presupuestaria, núcleo esencial de la función representativa, y limita el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes».
El escrito del Senado recuerda que el Consejo de Ministros no adoptó antes del 30 de junio de 2025 el acuerdo para establecer los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Una vez vencido este plazo, los objetivos propuestos fueron rechazados por el Congreso el 27 de noviembre y el 11 de diciembre de 2025, lo que, según el Senado, «hace imposible la aprobación de unos Presupuestos para 2026».
Esto implica que no solo se ha privado al Senado de valorar y aprobar en tiempo los objetivos fiscales, sino que también se le impide cumplir con la función presupuestaria asignada por los artículos 66.2 y 134.1 de la Constitución.
Dicha función se concreta en la participación en el trámite parlamentario del proyecto de Ley de Presupuestos Generales y en la capacidad de vetar o presentar enmiendas.
El Senado también acusa el uso «abusivo e inconstitucional» de la prórroga presupuestaria y la distorsión del principio de anualidad.
En este sentido, arguye que el artículo 134.2 limita la prórroga de los presupuestos del año anterior hasta que se aprueben los nuevos.
De ahí que «solo se pueden prorrogar los presupuestos del año inmediatamente anterior, quedando excluida la prórroga prolongada durante años sucesivos y concatenados», afirma.
Esta práctica «carece de constitucionalidad», pues desvirtúa el principio de anualidad.
«Un presupuesto prorrogado no constituye un nuevo presupuesto anual, sino un instrumento para evitar la ingobernabilidad que supondría la falta de aprobación de las cuentas públicas. Es un mecanismo excepcional y provisional, sujeto a límites en su ejecución», añade.
Las prórrogas de los Presupuestos de 2023 durante más de tres años, «como parece probable que ocurra», transforman dichos presupuestos en una norma plurianual y con intención de permanencia, señala el Senado.
Abuso del decreto-ley
Además, ante la ausencia de Presupuestos Generales, el Gobierno está satisfaciendo sus necesidades presupuestarias mediante decretos-leyes que autorizan gastos no contemplados en los presupuestos aprobados por las Cortes Generales, «legislando al margen del Parlamento».
Para el Senado, cualquier alteración presupuestaria que conlleve un aumento del gasto o reducción de ingresos previstos en los Presupuestos de 2023 debe tramitarse como proyecto de ley y no por decreto-ley, ya que actuar de otro modo viola el artículo 134.5 de la Constitución.
«Si el Gobierno, encabezado por el presidente, no logra presentar unos Presupuestos con los cuales ejecutar el programa político que sustentó la investidura, está incumpliendo y traicionando la confianza parlamentaria otorgada», sostiene la Cámara Alta.
La ausencia de aprobación presupuestaria implica, en su criterio, «una pérdida efectiva y real de la confianza parlamentaria, evidencia una incapacidad manifiesta para continuar gobernando y determina, como consecuencia lógica constitucional, la disolución de las Cámaras«.