Tuvo que escoger entre más de 30 destinos distintos y finalmente fue asignada a la sede central. El Cuerpo no realizó ningún seguimiento de su baja médica.
La agente que interpuso la denuncia contra José Ángel González por violación tuvo que desempeñar sus funciones en el mismo inmueble que él, después de la supuesta agresión sexual que está siendo investigada por un juez especializado en Violencia Sobre la Mujer y que provocó la destitución de González como director adjunto operativo (DAO), el cargo de mayor rango en la Policía Nacional. La denunciante había aprobado su ascenso a inspectora antes de que, supuestamente, el DAO la forzara a masturbarlo e introdujera sus dedos en su vagina en un apartamento de Madrid el 23 de abril de 2025. Tras superar esta fase, solicitó «todas las plazas disponibles en Madrid», que superan las «30 opciones», según confirman fuentes cercanas a la víctima.
Curiosamente, la Policía asignó finalmente a la agente una plaza en el edificio donde se encuentra la sede de la Dirección General de la Policía, lugar en el que se integra la Dirección Adjunta Operativa. Este es el lugar donde está la oficina del policía de mayor rango dentro del Cuerpo, el hombre que Fernando Grande-Marlaska mantuvo en el puesto al incluir una disposición adicional en la aprobación de ayudas dirigidas a los afectados por la dana. Así, la probabilidad de que ambos coincidieran a diario era alta. De hecho, según recoge la querella, al incorporarse a su nuevo puesto, González ya acosaba a la agente mediante mensajes intimidatorios, y su persona de confianza, tal como señala el documento, le habría ofrecido libertad total para elegir destino a cambio de que guardara silencio. Ambos mantenían una relación sentimental previa que la mujer decidió terminar.
Con estas circunstancias, la agente comenzó a trabajar en la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, situada en la misma sede, el 24 de julio del año pasado. Según consta en la querella presentada, ese mismo día recibió una llamada desde la oficina oficial de José Ángel González. Cuatro días tras su llegada, el 28 de julio, solicitó la baja laboral ante la expectativa de tener que compartir espacio laboral con el hombre que presuntamente la había violado tres meses antes.
A finales de mayo se enteró de que su nuevo destino iba a estar en el mismo edificio donde tenía despacho el DAO, por lo que el 2 de junio la inspectora contactó con el Punto de Violencia municipal de Rivas Vaciamadrid para recibir asesoramiento. Allí fue atendida por un equipo compuesto por psicólogos y un asistente legal. El 24 de julio, la subdirectora de Recursos Humanos y Formación, Gema Barroso —quien ejerce provisionalmente como DAO— la puso en contacto con el equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía tras, según la querella, la quejosa «manifestara su incapacidad para trabajar debido a problemas de salud mental». Sin embargo, no aportó detalles al proceso policial, ya que manifestó desconfianza hacia este tipo de procedimientos internos. El 28 de julio presentó la baja médica por incapacidad temporal, con un diagnóstico claro: «trastorno ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual y acoso posteriores sufridos».
Siguiendo los protocolos habituales del Cuerpo, le fue retirada el arma reglamentaria. Durante los seis meses transcurridos desde que debió abandonar su puesto por motivos de salud hasta que presentó la querella, el pasado 9 de enero, no contó con seguimiento médico por parte del servicio sanitario de la Policía, a pesar de haber entregado sus partes de baja en los plazos estipulados. Por tanto, confirman fuentes legales, no recibió control médico. Su abogado, Jorge Piedrafita, enfatiza que «esto no es habitual en casos con estas características».
El presunto incidente tuvo lugar el 23 de abril de 2025, cuando la mujer realizaba «servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada». Se encontraba en período de prácticas tras haber aprobado con calificaciones altas los exámenes que la habilitaron como inspectora. Al mediodía, la agente habría recibido «varias llamadas telefónicas» de González «exigiendo su presencia inmediata y urgente». «Al negarse inicialmente y de forma reiterada, alegando razones laborales evidentes, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le ordenó abandonar su puesto empleando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con el objetivo de reunirse con él con carácter urgente», detalla la querella.
La víctima se habría trasladado a un restaurante donde el DAO almorzaba con su segundo al mando, el comisario Óscar San Juan. Tras pasar un rato con ambos, González y la mujer se fueron a un apartamento. Su superior le propuso subir al domicilio, pero ella expresó «su incomodidad y su intención de marcharse».
Dentro de la vivienda, José Ángel González habría servido dos cervezas e iniciado «de inmediato un acercamiento físico de índole sexual hacia la víctima». Según relata la denunciante, este acercamiento fue rechazado de manera verbal, clara y persistente. Luego de la agresión, él la llamó 17 veces ese mismo día y al no recibir respuesta comenzó a enviarle «mensajes intimidatorios» con contenido «manipulador, que minimiza los hechos y la culpabiliza a ella». Además, continúa el documento al que el juez ha dado curso, González realizó acercamientos «de naturaleza sexual», así como ataques telefónicos intimidatorios y mensajes vía WhatsApp. Uno de ellos decía «Borrica»; otro, «estás gilipollas».
La víctima optó por no presentar la denuncia a través de la vía policial y acudió directamente al juzgado. Dos días después de que se difundiera la denuncia contra José Ángel González, el Ministerio del Interior contactó con la denunciante para ofrecerle protección policial. Esto fue intermediado por la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gema Barroso, quien ha asumido interinamente la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.
Según informó Interior, la presunta víctima aceptó la protección ofrecida por la nueva DAO. Por su parte, Jorge Piedrafita, abogado de la afectada, alertó sobre «la campaña de acoso que está sufriendo su clienta mediante todo tipo de mentiras y bulos para desacreditarla». También destacó que su ascenso se debió a «méritos propios mucho antes del incidente sexual y obtuvo su plaza por baremación, siendo una persona íntegra e incorruptible que no vendió su silencio por ningún puesto, embajada o privilegio».
Desde un primer momento, el ministro del Interior sostuvo que desconocía la denuncia y rechazó presentar su dimisión debido a la conducta delictiva atribuida a quien fuera su mano derecha en la Policía hasta el martes. Los mandos que hablaron con este medio subrayan su desconcierto durante estos años ante la «confianza absoluta» que Grande-Marlaska depositó en González, un perfil «muy alejado» del comportamiento que se espera de un DAO.