La Fiscalía confirma que un parque fotovoltaico de Iberdrola autorizado en Cáceres por la actual jefa de Calidad Medioambiental y por Eugenio Domínguez, señalado por otros funcionarios por presuntos tratos de favor, incumple la normativa vigente tanto española como europea.
Placas fotovoltaicas instaladas «sin justificación» en Zona de Alto Interés de la Red Natura 2000. Un «impacto» directo sobre dos hábitats naturales considerados de «interés comunitario», donde habitan especies protegidas, superando «tres veces» los límites permitidos. Además, no se realizó la notificación obligatoria a Portugal…
O, como señala el fiscal de Medio Ambiente en su informe, al que tuvo acceso exclusivo EL MUNDO: una resolución «claramente contraria a la legislación nacional y europea de protección ambiental, que se desvía groseramente de los objetivos de conservación de hábitats y espacios protegidos, y que favorece arbitrariamente los intereses del promotor».
La actual directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Marta Gómez Palenque, junto con su exsubdirector en la época de la ministra Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, comparecen hoy como investigados en el juzgado 41 de Plaza de Castilla por presunta prevaricación, acusados por la Fiscalía con las severas imputaciones citadas.
El delito presunto, aún en fase de instrucción, consiste en permitir, con su aprobación administrativa mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, la instalación en Alcántara (Cáceres) de un extenso parque fotovoltaico de 380 megavatios, denominado FV Tagus, promovido y desarrollado por Iberdrola —el «promotor» al que, según el fiscal, se le concede un «trato arbitrario»—, incumpliendo gran parte de las normativas de protección medioambiental.
La prevaricación —la adopción consciente de una resolución ilegal—, denunciada por la ONG Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) y con apoyo contundente de la Fiscalía, habría ocurrido en la aprobación de la DIA positiva, el 23 de enero de 2023. En aquel momento, la responsable máxima de Calidad y Evaluación Ambiental era la misma que ahora, la ingeniera Gómez Palenque.
Cabe destacar que el subdirector ministerial imputado, Eugenio Domínguez, fue previamente señalado por EL MUNDO en diciembre como acusado de favorecer a Forestalia, otra empresa promotora de parques de energías renovables, mediante declaraciones de impacto ambiental irregulares positivas, en esta ocasión en Teruel.
Como informó este diario tras la difusión de las investigaciones de la Guardia Civil sobre Forestalia en los casos denominados Caso Leire y posibles irregularidades en la creación del clúster eólico del Maestrazgo (Teruel), otros funcionarios acusaron a Domínguez de acumular decenas de expedientes de DIA (más que todos sus subordinados en conjunto) y de ofrecer trato de favor reiterado en beneficio de las promotoras: el motivo exacto por el que hoy comparece como imputado.
Domínguez ha negado rotundamente estas acusaciones a este periódico —Forestalia no se pronunció—, asegurando que su intención era únicamente «agilizar» los procedimientos «en una etapa en que España apostaba con fuerza por las renovables y no podía dejar proyectos paralizados por lentitud administrativa». Tras estos sucesos, y próximo a su jubilación en 2024, como publicó EL MUNDO, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente le otorgó un contrato de libre designación.
Por otro lado, la Guardia Civil, según pudo conocer este diario, investiga una operativa que permitía «barra libre» a varias promotoras desde Calidad y Evaluación Ambiental en la etapa de Ribera, así como un patrón de presiones ejercidas por empresas sobre funcionarios que se negaban a emitir DIA positivas para proyectos, comúnmente millonarios, que desde 2010 sustituyeron al sector inmobiliario como fuente de ingresos y subvenciones —moviendo a muchos empresarios procedentes del sector de la construcción—.
Por ejemplo, un subdirector de Energía de la Subdelegación del Gobierno en Aragón denunció que fue despedido por negarse a aprobar tres proyectos de Forestalia, y la Justicia le dio la razón.
En Alcántara (Cáceres), una ONG local fue la que denunció los hechos; una planta de la que Iberdrola ha hecho su emblema, la cual, según los denunciantes, recibió 22,6 millones en fondos públicos FEDER y fue visitada y respaldada en su construcción por responsables de la Consejería sectorial. La tramitación y construcción se realizaron bajo los gobiernos extremeños de Guillermo Fernández Vara (PSOE).
Así, pese a la denuncia, la planta se edificó de facto con el ok ministerial en un área habitada por buitre negro, águila imperial y lince ibérico, entre otras especies. Fondenex presentó la denuncia y se instruye la causa, por reparto, ante el juez Juan Carlos Peinado, el mismo que tramita la denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Iberdrola, contactada por este medio, ha preferido no emitir declaraciones.