The decision by Spain to legalise approximately 500,000 undocumented migrants has generated numerous inaccurate and misleading statements regarding the rights they will obtain.
The approval by the Spanish government of a decree aimed at regularising 500,000 undocumented migrants and asylum seekers has sparked controversy across Europe.
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Alongside reasonable critiques and analyses, a surge of false claims has emerged.
Several widely disseminated posts on X, garnering millions of views and thousands of shares, allege that these newly regularised migrants will automatically gain voting rights.
Others argue that these individuals will be expedited towards citizenship, enabling them to vote and thereby forming a «loyal voting base» for Prime Minister Pedro Sánchez and his left-wing administration.
An examination of Spain’s immigration, naturalisation, and voting legislations reveals little foundation for these assertions.
¿Qué establece el decreto y es una medida inédita?
Este decreto, que se espera entre en vigor en abril, afecta a al menos 500,000 migrantes indocumentados y solicitantes de asilo que actualmente residen en España.
Los solicitantes para su regularización deben demostrar ausencia de antecedentes penales y haber residido en España durante un mínimo de cinco meses o haber solicitado asilo antes de diciembre de 2025.
No es la primera ocasión en que España regulariza a un gran número de migrantes: según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), este proceso es el séptimo desde 1986.
El decreto concede a los beneficiarios un permiso de residencia de un año y el derecho a trabajar en España.
El gobierno de Sánchez ha afirmado que esta medida fortalecerá el mercado laboral español. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la describió como un «modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración, la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social».
Por otro lado, la medida ha provocado reproches desde el Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox. El líder del PP acusó a Sánchez de intentar desviar la atención sobre la gestión gubernamental ante numerosos accidentes ferroviarios mortales ocurridos en el último mes.
¿Quién tiene derecho a votar en España?
Las normas electorales en España están claramente establecidas.
Según el ministerio del interior español, sólo los ciudadanos españoles mayores de edad (actualmente con 18 años) pueden participar en elecciones nacionales y en las comunidades autónomas. En elecciones europeas, también pueden votar los ciudadanos de la UE residentes en España.
En elecciones municipales, el derecho al voto es más limitado. Los no comunitarios sólo pueden votar si España tiene un acuerdo de reciprocidad electoral con su país de origen. Actualmente, este convenio aplica a ciudadanos de 13 países, entre ellos Islandia, Noruega y el Reino Unido, siempre que cumplan con los requisitos de residencia (que varían según el país).
Contrariamente a lo difundido en línea, la mera posesión de residencia legal en España no otorga el derecho a votar en comicios nacionales.
¿La regularización conduce a la ciudadanía rápida?
Otra afirmación extendida afirma que los migrantes regularizados pueden obtener la ciudadanía española en apenas dos años. Esta información es engañosa.
De acuerdo con la legislación española, sólo los ciudadanos de ciertos países, como Portugal, Filipinas, Andorra, Guinea Ecuatorial, la mayoría de países latinoamericanos y personas de origen sefardí, pueden solicitar la ciudadanía tras dos años de residencia legal y continuada.
Para la mayoría de ciudadanos provenientes de otros países, el plazo es mayor: la residencia legal requerida para solicitar la ciudadanía en España es normalmente de diez años, reducida a cinco para refugiados y a un año si la persona nació en España o está casada con un ciudadano español.
Independientemente del período, la residencia es sólo el inicio del trámite. El decreto otorga un permiso de residencia de un año, insuficiente para que la mayoría de personas puedan obtener la ciudadanía en ese plazo.
Además, los solicitantes deben superar pruebas de idioma y otros exámenes, y aguardar la tramitación, que puede extenderse por varios años.
En resumen, la nueva iniciativa de regularización en España otorga a los migrantes la residencia legal, no la ciudadanía, y no les concede derechos electorales.
Estos derechos están legalmente diferenciados en España y no cambian con la aprobación de este decreto.