El presidente Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños no atendieron a la delegación del Parlamento Europeo enviada para evaluar el Estado de derecho y la corrupción en España.
La falta de respuesta por parte de los altos cargos fue valorada por los eurodiputados como un desaire y una falta de respeto hacia los representantes europeos.
Jueces y fiscales expresaron a los eurodiputados su inquietud ante las presiones y campañas de desacreditación que sufren por parte de los poderes estatales.
La misión europea resaltó la elevada tensión política en España y advirtió que esto puede perjudicar la confianza en las instituciones y la calidad democrática.
La misión del Parlamento Europeo dedicada al Estado de derecho y la corrupción en España concluyó este martes su estancia en Madrid con un balance marcado por un «plantón» del Gobierno.
Tanto el presidente, Pedro Sánchez, como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no recibieron a los eurodiputados, a pesar de las invitaciones formales enviadas semanas atrás, según fuentes que participaron en las reuniones.
«Lamento que, pese a la invitación, no hayamos tenido la oportunidad de hablar ni con el ministro ni con el presidente», denunció en rueda de prensa Raquel García Hermida‑van der Walle, eurodiputada liberal neerlandesa.
La presidenta de la misión recordó que es «práctica común» reunirse con estas autoridades y que existen «muy pocos precedentes» de negativas semejantes en otras visitas a Estados miembros.
La delegación sólo recibió una respuesta de Moncloa cinco días antes, en una carta firmada por Diego Rubio, director de Gabinete del presidente, en la que se argumentaba un viaje oficial a la India.
«Es cierto que tenía un viaje, pero hemos permanecido aquí dos días y el calendario podría haberse modificado en cualquier momento si él hubiera mostrado interés en recibirnos», explican fuentes internas de la delegación, quienes interpretan el hecho como «un desaire» y «una falta de respeto hacia los representantes de la soberanía europea».
Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP y presidente de la comisión LIBE, subrayó la ausencia de Bolaños: «No nos ha atendido, pero sí nos enviaron a responsables del Ministerio de Justicia«, comentó, aludiendo a las funcionarias que, finalmente, incorporaron en el debate el nuevo proyecto de Ley de Integridad Pública.
Desde la misión destacan que Sánchez no solo declinó la reunión, sino que ningún alto cargo relevante aceptó comparecer.
«No nos recibió Sánchez, ni Bolaños, quien ni siquiera respondió, ni tampoco el presidente de Adif, ni el de Ineco ni el de la Sepi«, reprocharon. Señalan que estos tres últimos habían sido sugeridos por Vox para tratar los casos de corrupción en el Ministerio de Transportes, pero igualmente rechazaron encontrarse.
Pocos antecedentes
La delegación compara esta falta de atención institucional con casos muy aislados. García Hermida recordó situaciones en Grecia en 2023, cuando Kyriakos Mitsotakis alegó estar en campaña electoral, en Eslovenia en 2021 con Janez Jansa, y en el anterior Gobierno polaco del PiS, que también se negó a recibirlos.
«En Eslovaquia sí tuvieron encuentros», aclaró la presidenta, destacando el contraste con uno de los países señalados por su Gobierno como iliberal, y la excepcionalidad de lo acontecido ahora en España.
«La conclusión es que el Gobierno se ha apartado de nosotros, evasivo a dialogar sobre Estado de derecho, corrupción o libertad mediática», afirmó una fuente interna de la delegación.
«Prefiere ocultarse detrás de jueces y fiscales», añadió, recordando que en la reunión programada con la UCO de la Guardia Civil, el Ejecutivo envió a «un coronel que desconocía el tema» que debía tratarse.
«Críticas directas»
Junto con el desaire político, los eurodiputados recibieron testimonios muy «directos» por parte del poder judicial y la Fiscalía acerca de las presiones que soportan de otros poderes del Estado.
«Se abordaron las condiciones de jueces y tribunales encargados de casos políticamente relevantes: expresaron preocupación por ataques o pérdida de legitimidad que van más allá de las críticas a sentencias», explicó Zarzalejos, refiriéndose a campañas contra magistrados del Supremo y Constitucional.
La misión también constató una realidad política marcada por alta tensión social.
La neerlandesa García Hermida reconoció que «la tensión política y la polarización del debate en España es uno de los mensajes clave para trasladar a Bruselas y Estrasburgo».
Este aspecto «puede afectar la calidad de la vida democrática y la confianza en las instituciones«, advirtió, aunque admitió que esa intensidad del debate también refleja «una democracia que sigue viva y que requiere cuidado».
Los eurodiputados recordaron que su análisis se basa asimismo en los informes anuales de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho.
Países que «no progresan»
«Esos informes muestran, de forma objetiva, dónde hay avances y dónde no; algunos países mejoran y otros estancan, sólo hay que revisar los resultados año tras año”, señaló la eurodiputada liberal, invitando a observar la evolución de España en ese ranking.
En este sentido, Zarzalejos defendió que la evaluación europea tiene un papel «preventivo», no estrictamente «punitivo».
El presidente de LIBE manifestó que «hay problemas que pueden parecer puntuales y que si no se atajan a tiempo, podrían volverse sistémicos«, y adelantó que en un plazo de dos o tres meses estará listo el informe de la misión, que no será una fotografía fija, sino que analizará la evolución del Estado de derecho en España.
Por ello, la delegación puso especial énfasis en la protección del pluralismo y la libertad de prensa.
«Nos hemos reunido con la Federación de Asociaciones de Periodistas y con el Consejo de Informativos de RTVE», detalló el eurodiputado del PPE, quien insistió en que la libertad de expresión y la independencia de los medios constituyen un indicador fundamental.
«Siempre es positivo transmitir un mensaje de calma y reconciliación«, concluyó García Hermida, en una suave advertencia a un Gobierno que optó por ignorar la visita de la Eurocámara.