El Congreso rechazó la iniciativa de Vox para prohibir en todo el territorio nacional el uso del burka y otros velos que cubren completamente el rostro en espacios públicos.
Tanto los ayuntamientos como la Comunidad de Madrid tienen la facultad de regular el acceso a sus instalaciones y prohibir la entrada con el rostro cubierto en dependencias municipales.
Alcalá de Henares, bajo el gobierno conjunto del PP y Vox, ha aprobado una moción que impide el ingreso a edificios municipales si el rostro está cubierto de manera integral.
Galapagar fue pionero en 2010 con una ordenanza similar y hasta la fecha no ha aplicado sanciones por su incumplimiento.
El Congreso de los Diputados rechazó el martes la propuesta de ley presentada por Vox para prohibir el uso del burka y otros velos integrales en espacios públicos en todo el país.
No obstante, esa misma restricción que fue desestimada en la Cámara Baja empieza a consolidarse en el ámbito municipal de Madrid.
La diferencia radica en el marco jurídico: mientras el Estado no logra formar mayoría para instaurar una prohibición general en la vía pública, los ayuntamientos —y en particular los de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso— sí pueden regular el acceso y uso de sus propias instalaciones administrativas.
Este es el camino adoptado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dirigido por el Partido Popular en coalición con Vox, que ha dado luz verde a una moción presentada por los representantes de Santiago Abascal.
En concreto, el pleno ordinario aprobó esa misma semana una moción que prohibe la entrada a dependencias municipales cuando el rostro esté cubierto completamente, como sucede con prendas como el niqab o el burka.
Desde Vox informaron a EL ESPAÑOL que replicarán la moción que se debatió en Alcalá en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Su propósito es que esta iniciativa avance en los territorios donde gobierna el PP, ya sea en solitario o con su respaldo. Cabe destacar que en la Comunidad hay 113 municipios bajo mandato popular.
Vox asume que en gran parte de ellos esta medida contará con el apoyo de los populares, ampliando así esta restricción, a pesar de que el Congreso rechazara la prohibición general.
Qué ha aprobado Alcalá
La resolución adoptada en Alcalá de Henares no menciona a ninguna confesión específica ni se basa en argumentos ideológicos o culturales, según fuentes del consistorio consultadas por este medio.
La regulación especifica que, para acceder a las dependencias municipales, debe ser posible identificar el rostro visualmente cuando sea necesario para acreditar la identidad, evitar suplantaciones o garantizar la seguridad jurídica y administrativa en los trámites presenciales.
Se exceptúan los casos debidamente justificados por razones médicas, de salud pública o por requisitos de seguridad laboral. Además, la medida no se aplica a la vía pública, ámbito en el que el Ayuntamiento reconoce no tener competencias para imponer restricciones generales sobre la vestimenta.
ElGobierno local fundamenta el acuerdo en los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución, así como en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que otorgan a los municipios facultades para la autoorganización, la seguridad y la gestión de sus infraestructuras.
Ahora la norma deberá ser desarrollada a través de un reglamento interno elaborado por los servicios jurídicos del ayuntamiento.
El precedente de Galapagar
No es la primera ocasión en que un municipio madrileño establece una regulación similar.
En Galapagar está vigente desde 2010 una ordenanza que prohíbe la entrada a edificios municipales con el rostro tapado completamente, según informó EL ESPAÑOL.
Esta normativa fue aprobada por el PP, continuó vigente durante los cuatro años de gobierno socialista y nunca sufrió modificaciones. Actualmente, el municipio está de nuevo bajo administración del PP con Vox.
Desde el ayuntamiento manifiestan que nunca se ha llevado a cabo ninguna acción disciplinaria ni se han impuesto sanciones amparadas en dicha ordenanza, que hasta ahora no ha tenido efectos prácticos.
El debate en el Congreso
Esta realidad contrasta notablemente con el contexto nacional.
La propuesta de ley de Vox pretendía prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos o en lugares privados con uso público. Aunque el PP apoyó la iniciativa, PSOE, Sumar, Podemos, PNV y Junts expresaron su rechazo, lo que frenó la tramitación.
Aunque Junts también defiende la prohibición del burka, presentó su propio proyecto de ley y justificó su voto en contra argumentando que la medida de Vox «no superaría los controles europeos».
El PSOE manifestó que no respaldará propuestas que, a su juicio, «incitan al odio», mientras los partidos de izquierda enmarcaron el debate en la protección de los derechos fundamentales y la libertad religiosa.
Así, mientras el Congreso cerró la puerta a una prohibición general a nivel nacional, la disputa política y jurídica se traslada ahora al nivel municipal. En este ámbito, Ayuso —mediante los ayuntamientos dirigidos por el PP— sí puede lograr que prospere una restricción limitada a sus competencias administrativas.