El Ministerio de Igualdad analiza la posibilidad de instaurar un perímetro de seguridad de 200 metros alrededor de las clínicas de aborto para resguardar a las mujeres del acoso perpetrado por grupos provida.
Esta iniciativa pretende prohibir manifestaciones, concentraciones y otras actividades antiabortistas en las inmediaciones de estos centros médicos, fortaleciendo de esta forma la defensa contra el hostigamiento.
La medida surge como respuesta a la persistencia de protestas y acoso, a pesar de la legislación de 2022 que sanciona estos comportamientos con penas de prisión que van de tres meses a un año.
Además, el Gobierno busca consolidar el derecho al aborto en la Constitución y asegurar su disponibilidad en hospitales públicos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, informó este miércoles que el Instituto de las Mujeres considera establecer un perímetro de seguridad en torno a las clínicas abortivas con el fin de proteger a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo y evitar la presencia cercana de entidades y asociaciones contrarias a este derecho, respaldado por la ley.
La semana pasada, Sumar presentó una propuesta de ley para modificar el Código Penal, que sanciona el acoso hacia las mujeres que acuden voluntariamente a interrumpir su embarazo, con el objetivo de prohibir concentraciones y actos a 200 metros alrededor de estos centros sanitarios.
Este miércoles, en respuesta a una pregunta de EH Bildu sobre el acceso a los centros que realizan abortos durante la sesión de control al Gobierno, Redondo destacó la creación de este perímetro de seguridad como una de las «medidas» en las que Igualdad está trabajando para garantizar la prestación del aborto.
Hostigamiento y coacción
La ministra de Igualdad también recordó que la mayoría en la Cámara Baja apoya este derecho.
«Considero que esta es la forma más eficaz para prevenir el hostigamiento y la coacción hacia las mujeres«, afirmó en el Congreso.
Cabe recordar que en 2022 el Gobierno aprobó la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal para castigar este tipo de acoso con penas de prisión de tres meses a un año para quienes lo cometan. Sin embargo, las protestas y el hostigamiento a las mujeres que acuden a abortar continúan.
En Madrid, en la misma calle donde se encuentra la Clínica Dator, que realiza interrupciones de embarazo, se han abierto cinco locales de asociaciones y grupos provida que, en ciertos casos, quedarían fuera del perímetro de seguridad que el Gobierno pretende establecer.
Durante su intervención en el Congreso, Ana Redondo también subrayó que el Gobierno ya trabaja en incorporar el derecho al aborto en la Constitución, específicamente en el artículo 43, y en garantizarlo en los hospitales públicos.
En la sesión de control, la diputada Isabel Pozueta, de EH Bildu, recordó que en diciembre un juzgado de Vitoria absolvió a 21 integrantes de grupos antiabortistas «acusados de coacciones y hostigamiento» hacia mujeres que acudían a una clínica.
«Las instituciones públicas deben proporcionar una protección reforzada contra cualquier tipo de presión, intimidación, señalamiento, acoso o interferencia que pueda influir directa o indirectamente en la decisión libre y autónoma de cualquier mujer, así como garantizar un acceso efectivo a una atención sanitaria digna, confidencial y libre», afirmó.
De este modo, Igualdad adopta la propuesta legislativa de Sumar, que sugiere modificar el artículo 172 quarter del Código Penal, encargado de regular el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, para prohibir las concentraciones antiabortistas en un «perímetro de seguridad» de 200 metros alrededor de las clínicas.
La iniciativa implica una modificación de la Ley Orgánica 10/1995, ampliando la actual tipificación del delito de acoso frente a clínicas. En particular, incluye la prohibición explícita de realizar concentraciones, manifestaciones, vigilias, rezos colectivos o cualquier acto dentro de ese radio de 200 metros cuyo objetivo sea obstaculizar el derecho al aborto.