Se enfrenta a posibles penas de prisión de tres a seis meses o multas de seis a doce meses.
El conductor de un autobús escolar, en el que viajaban tres profesores, dos monitores y 49 menores de entre 9 y 12 años, fue investigado en Soria como presunto responsable de un delito contra la seguridad vial por conducir con una tasa de alcohol cuatro veces superior al límite permitido.
De acuerdo con la información facilitada este lunes por la Subdelegación del Gobierno, el sospechoso fue detectado a las 11:45 horas del 9 de febrero de 2026, en el kilómetro 176,600 de la A-2, dentro del término municipal de Santa María de Huerta (Soria), durante un control realizado por varias patrullas de la Guardia Civil que intervenían en un operativo de inspección de transporte, alcohol y drogas.
Al detener el autobús escolar, los agentes notaron que el conductor mostraba signos claros de estar bajo los efectos del alcohol.
Tras someterlo a las pruebas correspondientes, el investigado presentó niveles de alcohol de 0,67 y 0,63 miligramos por litro, lo que multiplica por cuatro el máximo permitido para esta clase de conductor y vehículo, fijado en 0,15 miligramos por litro.
Por esta razón, otro conductor trasladó el vehículo a un lugar seguro, donde quedó inmovilizado hasta que otro empleado de la compañía de transporte se hiciera cargo de la conducción.
La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Soria abrió diligencias por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial, al conducir evidenciando signos claros de estar bajo la influencia de alcohol, drogas estupefacientes, tóxicas o psicotrópicas.
Los informes resultantes fueron remitidos a la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria).
El investigado podría ser condenado a penas de cárcel de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad durante un período de treinta y un a noventa días, además de sufrir la suspensión del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a un año, extendiéndose hasta un máximo de cuatro años.