María Guardiola enfrenta una decisión crucial debido al bloqueo político: «En otros territorios hay desacuerdos, pero no con la intensidad de Extremadura»

La baronesa del PP se enfrenta a la posibilidad de elecciones y el conflicto amenaza con ampliarse

María Guardiola, en la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura, el pasado 20 de enero.

«¿Obtiene el 43% de los votos y aun así debe disculparse?». Alberto Núñez Feijóo reiteró la pasada semana su apoyo público a su baronesa rebelde en Extremadura, María Guardiola, quien no solo arriesga la capacidad de gobernar la región en las próximas semanas, sino también su futuro político en medio del estancamiento actual. La opción, cada vez más probable, de unas nuevas elecciones la coloca en una situación política complicada, especialmente considerando que Vox la ha mantenido como objetivo desde hace tiempo: «Pretenden su cabeza, la han buscado desde los enfrentamientos de 2023», señala un veterano dirigente del PP en Extremadura.

De este modo, el clima político en Extremadura tiende a aceptar la idea de repetir las votaciones a finales de julio. «La situación está muy complicada, casi imposible», expresan los populares, que confían en que ambas partes reanuden negociaciones próximamente, aunque aún no se ha concretado fecha alguna. Vox no muestra prisa para desbloquear la situación, lo que juega a su favor, mientras crece el pesimismo entre las filas del PP en Extremadura.

Desde la noche electoral del 21 de diciembre, solo se han celebrado tres encuentros entre los potenciales socios de gobierno. Cada uno ha durado alrededor de 20 minutos. Este es el escaso balance obtenido. Lo más preocupante es que ninguno de esos encuentros resultó productivo, en un contexto de intensa confrontación, críticas y ataques en redes sociales entre los propios protagonistas, como el intercambio ocurrido esta misma semana entre María Guardiola y el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, incluso con la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso apostó por un acuerdo entre las partes y el representante de Abascal en Extremadura no dejó pasar la oportunidad de acusar: «En Extremadura, quien convocó elecciones por interés propio fue su amiga Guardiola. Quien boicoteó a los extremeños negándose a negociar los presupuestos hace tres meses fue su amiga Guardiola. Y quien nos llevará a unas terceras elecciones, tras las segundas, es su amiga Guardiola». La tregua brilla por su ausencia.

En esos escasos 60 minutos de diálogo, con una mesa de por medio, PP y Vox ni siquiera lograron acordar la distribución de los primeros cargos, lo que revela el desgaste crónico en sus relaciones y la escasa disposición a ceder. El partido de Abascal no obtuvo, como esperaba, la presidencia de la Asamblea de Extremadura —Guardiola solo le concedió una secretaría en la Mesa— ni la entrega de un senador por parte del PP, como sucedió en la legislatura anterior. Todos los puentes, salvo un giro inesperado de los acontecimientos en los próximos días, parecen rotos, pese a que se avecinan elecciones en Castilla y León. Tampoco confían ambas partes en que la situación pueda corregirse tras esos comicios.

El líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto electoral en Mérida el pasado diciembre.

En las filas del PP de Extremadura perciben que, a pesar de sus esfuerzos por aceptar las «condiciones máximas de Vox» —que incluyen una vicepresidencia, cuatro consejerías de nueve y el control de varios organismos públicos como Canal Extremadura TV y Radio—, el acuerdo parece inalcanzable. «Esto se ha convertido en un agravio personal». Se remonta a los enfrentamientos directos que sostuvieron durante la campaña electoral Santiago Abascal y la presidenta en funciones de la Junta: «María Guardiola tendrá que ceder si quiere mantenerse en el poder» o será considerada «la Irene Montero de Extremadura». No hay que olvidar que, desde el primer día de campaña, Abascal insinuó que la solución podría ser un cambio de candidato: «Si Guardiola se empeña, tal vez el PP deba modificar su candidatura», afirmó en una entrevista para el diario Hoy el 5 de diciembre. «Existen discrepancias en otras regiones, pero no con el nivel de hostilidad que hay en Extremadura, donde el odio es personal», indican desde el PP.

La impresión general es que las demandas de Vox para alcanzar un pacto son insuficientes. «Nos engañaron una vez y no volverá a suceder», repite insistentemente Óscar Fernández Calle. Vox incrementó sus representantes de cinco a 11, y con el 16,9% de los votos —frente al 43,2% de Guardiola— mantiene una postura rígida, no solo en cuanto a número y relevancia de las consejerías solicitadas —Agricultura, Industria, Economía e Interior y Seguridad (Inmigración)—, sino especialmente en la exigencia de aplicar al cien por cien su programa electoral si acceden al gobierno: eliminación de políticas de Igualdad —subvenciones, direcciones generales…—, derogación de la ley extremeña de LGTBI, supresión de fondos a sindicatos y patronal, y cancelación del pacto verde en agricultura… ¿Hasta qué punto cederá Guardiola para formar gobierno? «Estamos de acuerdo en el 90%, tenemos más puntos en común que diferencias», afirmó Guardiola el jueves, en un nuevo intento por tender puentes.

La presidenta extremeña atraviesa momentos muy complicados, probablemente los más duros desde que está en política. Lo fundamental es que no solo está en juego el gobierno de Extremadura, sino también las repercusiones del bloqueo en otros barones del PP (Castilla y León y Andalucía son las siguientes citas electorales), en un escenario político similar al verano de 2023, con la diferencia de que entonces, pocas semanas después, hubo elecciones generales. También está en juego el porvenir político de Guardiola, consciente de que una repetición electoral —que probablemente no resolvería la gobernabilidad— se interpretaría como un fracaso. «¿Con el 43% tiene que pedir perdón?», recordaba Feijóo, aunque en política los números no siempre lo son todo.

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