La situación es tan crítica que los propios jueces han optado por notificar a las partes personadas.
Tres juzgados centrales de la Audiencia Nacional están al límite de colapsar debido a la escasez de empleados públicos. La situación es tan grave que los propios magistrados han decidido inusitadamente comunicar a las partes personadas en diversos procesos mediante varias providencias, a las que ha tenido acceso EL MUNDO.
Fuentes jurídicas señalan que esta medida ha sido adoptada por el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge; el del número 5, magistrado Santiago Pedraz, y el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña. Según estas fuentes, esta inédita situación ha llevado a la Audiencia a iniciar negociaciones con el Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, con el fin de encontrar una pronta solución. El Ejecutivo ya trabaja en ello.
La decisión de los jueces De Jorge, Pedraz y Piña de notificar a las partes personadas en sus juzgados —actualmente denominados Plaza Número 1, 5 y 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia— refleja, de acuerdo con fuentes del tribunal, un «escenario desolador».
En una de las providencias, el magistrado Pedraz detalla que el problema se origina por «la situación derivada de la escasez de personal provocada por el proceso de consolidación de plazas y estabilización mediante concurso, acordado por la Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre (BOE de 27 diciembre)».
Fuentes legales explican que la falta de funcionarios para mantener la actividad habitual en los juzgados centrales surge a consecuencia del proceso de regularización vinculado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los empleados interinos.
La providencia de Pedraz señala que «en esta Plaza Nº 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia se prevé la salida inminente de siete funcionarios, quienes deberán disfrutar antes de sus vacaciones reglamentarias, generando un periodo temporal aproximado de 45 días hasta que estas plazas sean cubiertas nuevamente».
De manera similar, el magistrado Antonio Piña ha comunicado a diferentes partes personadas en su juzgado que «en esta Plaza Nº 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia se ha producido el cese, hasta la fecha, de seis funcionarios, quienes antes de cesar han disfrutado las vacaciones correspondientes, provocando un periodo temporal de cerca de 45 días hasta la reposición de estos puestos».
Sumado a ello, ambos jueces destacan sin rodeos: «La sobrecarga actual de este órgano judicial, afectado por múltiples macroprocesos, impide asignar estos procedimientos a los funcionarios disponibles, lo que causará retrasos en la respuesta a cualquier consulta relacionada. Se mantendrán las declaraciones programadas y se atenderán todas las solicitudes promovidas, especialmente aquellas que requieran urgencia; pese a ello, esta situación impactará en la tramitación de los procedimientos».
Estas fuentes resaltan que existe un alto porcentaje de interinos en el tribunal; por ello, el cumplimiento simultáneo de la sentencia del TJUE y la plena implantación de los tribunales de instancia ha provocado una «tormenta perfecta».
El déficit de funcionarios en los juzgados centrales coincide en el tiempo con el refuerzo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La pasada semana ingresaron en la Sala de enjuiciamiento y revisión de las decisiones de los seis juzgados centrales de instrucción los magistrados María José Galán, José Pedro Vázquez Rodríguez y Alberto Varona Jiménez.
Este refuerzo tiene como propósito contar con ocho magistrados en la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, la que mayor acumulación de asuntos tiene, facilitando la celebración simultánea de juicios en dos Salas diferentes, cada una integrada por cuatro jueces.
Actualmente, el atasco en la Sala de lo Penal, especialmente en la Sección Segunda, se atribuye al «gran volumen de procedimientos con numerosos acusados y abundante prueba», lo que provoca que los juicios pendientes sean extensos. Hay investigaciones que comenzaron hace más de una década y aún no se han juzgado.