El principal punto de choque entre PP y Vox en Extremadura se centra en el futuro fiscal de la central nuclear de Almaraz y la insistencia de Vox en eliminar completamente la ecotasa regional.
El Ejecutivo extremeño ya acordó con las compañías eléctricas una bajada gradual de la ecotasa autonómica desde 2027 hasta 2030, a cambio de que estas solicitaran la prórroga para la vida útil de la planta de Almaraz.
Vox sostiene que la reducción no es suficiente y demanda eliminar totalmente los impuestos, mientras el PP defiende que el acuerdo alcanzado ha permitido tramitar la prórroga para la central.
Una delegación de eurodiputados visita la zona para evaluar el impacto del cierre planificado de Almaraz y su importancia en la economía y la soberanía energética regional.
La declaración de María Guardiola afirmando que «mi feminismo es igual al de Vox» generó gran revuelo político el lunes, pero no representa el verdadero obstáculo en Extremadura. En las negociaciones con el PP, el principal escollo es Almaraz, que se traduce en impuestos ligados a la ecotasa y la duración autorizada para la central nuclear.
Desde el equipo de la presidenta en funciones resumieron la situación así: «No hay novedades» en las conversaciones con Vox, mientras ella salía de «una reunión clave» con diputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, quienes se desplazaron para estudiar el cierre previsto de la planta.
En este marco, Guardiola se enfocó en respaldar la prórroga de la vida útil de la central nuclear y aclaró que la controversia no gira en torno a políticas de igualdad, sino al coste fiscal asociado a la nuclear.
El Gobierno de Extremadura ya firmó en octubre de 2025 con las empresas propietarias un acuerdo para una «disminución progresiva de la ecotasa autonómica» que comenzará en 2027 y finalizará en 2030.
A cambio, las compañías se comprometen a solicitar al Ministerio de Transición Ecológica la extensión de la vida operativa de la planta. La solicitud ya fue presentada y actualmente se encuentra en evaluación por el Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo informe «se espera en junio», según esas fuentes.
El pacto también contempla una estrategia política conjunta: la Junta y las eléctricas presionarán coordinadamente al Gobierno central para reducir también los impuestos estatales sobre la actividad nuclear, que «en cinco años, Sánchez ha aumentado en un 70%», según el relato del equipo de Guardiola.
«Hemos hecho un esfuerzo considerable», defienden desde la dirección del PP extremeño, «pero los impuestos autonómicos representan solo el 20% del total; la dificultad está en los impuestos estatales».
Vox mantiene la presión
Por su parte, Vox considera insuficiente la reducción escalonada y ha situado el impuesto regional como una de sus principales demandas para apoyar a Guardiola en la investidura.
«Sí, exigimos eliminar la ecotasa«, resume un alto cargo del partido, recordando que «ella se comprometió a reducirla», pero añade que «es necesario evaluar la profundidad de ese compromiso para decidir el sentido del voto«.
Desde el entorno de la presidenta explican que reducir la ecotasa a la mitad hasta 2029 implica un ahorro aproximado de 45 millones para las empresas y fue clave para que solicitaran la prórroga.
«Vox quiere la supresión total del impuesto, pero con la reducción acordada ya se ha solicitado la prórroga, que era el objetivo fundamental«, destacan.
Además, agregan que el partido de Abascal dispone de «toda la documentación», incluido un informe en el que «solo un 6,66% de los puntos se definen como discrepancias pendientes de negociación».
Desde Vox responden con un argumento comparativo: «En Valencia también existía un impuesto autonómico sobre nucleares», señaló el secretario general, José María Figaredo, en una entrevista este domingo en EL ESPAÑOL.
Explicó que una de las condiciones del pacto allí fue su eliminación, tal como ahora se demanda en Extremadura. «Habrá que preguntar a los dirigentes del PP en Extremadura, ¿por qué en un lugar sí y en otro no?«, lanzó el dirigente, evidenciando el descontento interno que maneja su organización.
Visita de la Eurocámara
Este enfrentamiento se produce mientras una delegación de 10 eurodiputados de la Comisión de Peticiones (PETI) recorre Navalmoral de la Mata y la propia central de Almaraz.
El presidente de la comisión, el polaco Bogdan Rzońca, hizo un llamado al equilibrio entre cuidado ambiental y economía para garantizar tarifas energéticas bajas, tras reunirse con la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro, y autoridades locales y regionales, incluida Guardiola.
La presidenta extremeña aprovechó la visita para criticar la «decisión ideológica» del Gobierno de España de clausurar la central a partir de 2027, dejando de lado criterios «técnicos, científicos u objetivos».
A su entender, Almaraz resulta «esencial» para Extremadura y España. Su cierre tendría efectos «muy negativos» sobre empleo, economía regional y soberanía energética, en una combinación energética donde la comunidad ya alcanza un 50% entre generación nuclear y renovables.
Guardiola destaca la nuclear como una fuente «limpia, segura, estable y económica» y quiso transmitir a los eurodiputados la «opinión unánime» de la región de que «Almaraz no debe cerrar».
Este mensaje se vincula al pacto con las eléctricas y a la reducción de la ecotasa, pero contrasta con la exigencia de Vox de «impuestos cero», que prácticamente incrementaría la carga sobre la Hacienda autonómica.
Paralelamente, la delegación de la Eurocámara recogerá información sobre el impacto que conllevaría el cierre para la región y la competitividad industrial, antes de elaborar un informe con conclusiones que podría nutrir el debate en Bruselas sobre la transición energética en España, el principal comprador de gas licuado ruso entre los Veintisiete.
En Mérida, sin embargo, la cuestión inmediata no radica en el informe europeo, sino en si PP y Vox logran acordar una posición común sobre el coste fiscal de Almaraz… es decir, un pacto para la investidura.