El PP califica la situación como «emergencia del Estado del bienestar» debido a la corrupción y acusa al PSOE de actuar como una tapadera.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, este lunes, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección.

El PP acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de asfixiar el Estado del bienestar por culpa de la corrupción y señala como prioridad de Moncloa la protección del presidente y su círculo cercano.

Carmen Fúnez relaciona los casos de corrupción en el entorno socialista con el deterioro de servicios públicos fundamentales como trenes, carreteras, presas, vivienda y sanidad.

El PP reprocha la falta de transparencia del Gobierno frente a los escándalos y destaca la ausencia de explicaciones tras el accidente ferroviario en Adamuz y las deficiencias en infraestructuras.

El partido popular solicita planes nacionales para infraestructuras y vivienda, resaltando la ausencia de acciones eficaces por parte del Ejecutivo y presentando la iniciativa de construir un millón de viviendas en la primera legislatura de Feijóo.

El PP ha elevado este lunes su discurso y decretó la «emergencia del Estado del bienestar» a causa de la corrupción que, según su criterio, ahoga la gestión de Pedro Sánchez.

La vicesecretaria Carmen Fúnez afirmó que el Gobierno se encuentra «en respiración asistida» mientras «los servicios públicos están en una situación crítica» porque Moncloa prioriza «la supervivencia» del presidente y resguardar a su entorno.

Desde Génova sostienen que la degradación institucional comienza en Ferraz. «El PSOE no actúa como partido, sino como una tapadera, una entidad fantasma para que los allegados del presidente se enriquezcan«, sentenció Fúnez, vinculando los escándalos que afectan al círculo político y personal de Sánchez con el deterioro en trenes, carreteras, presas, viviendas y sanidad.

Fúnez presentó ese análisis durante una jornada que el PP considera devastadora para el Gobierno, debido al rechazo a las dos misiones del Parlamento Europeo que visitaron España para evaluar las fallas en el Estado de derecho y el cierre de Almaraz.

En su opinión, no se trata únicamente de «una falta de cortesía», sino de «una declaración política» de un Ejecutivo que «se oculta» cuando la UE realiza un escrutinio excepcional, reservado hasta ahora solo a Hungría y Eslovaquia.

La dirección encabezada por Alberto Núñez Feijóo destaca que la visita de los eurodiputados coincide con la caída de España al puesto 49 en el índice de percepción de corrupción y el surgimiento de un nuevo caso en la Secretaría de Organización del PSOE.

«Ante la corrupción, Sánchez siempre se oculta para no responder; aquí actúa igual, evitando dar explicaciones sobre la cantidad de casos que le afectan», reprochó Fúnez, relacionando el vacío institucional ante la misión europea con la «falta de transparencia» alrededor de los escándalos.

En este contexto, Génova ha puesto el foco en Borja Cabezón, a quien Fúnez describió como «otro cercano a Pedro Sánchez» supuestamente «contagiado por el ambiente tóxico de la Secretaría de Organización del PSOE».

Para el PP, quedan dos preguntas por resolver: «si el contagio se produce al llegar o si el tóxico es quien lo designa», ya que «todos están imputados o en prisión; y Cabezón parece dirigirse en la misma dirección», advirtió, refiriéndose a las sospechas por presuntos delitos fiscales.

La otra cuestión es «si la corrupción fluía únicamente de Ferraz hacia Moncloa o si era un camino constante y bidireccional«.

Trenes, carreteras y presas

La dirigente popular ha vinculado estos casos con lo que denomina «emergencia en la gestión» de los servicios públicos, comenzando por el accidente ferroviario en Adamuz y la crisis de la red de trenes.

Rememoró que «47 españoles fallecieron por el estado de las vías» y que, un mes después del incidente, «no hay una explicación convincente» ni se ha restablecido el AVE entre Madrid y Sevilla.

Además, afirmó que «los españoles sienten temor» porque el Gobierno no prestó atención a las advertencias previas de la Comisión Europea, la CIAF y los maquinistas.

También criticó el deterioro de las carreteras, apoyándose en las alertas de la Asociación Española de la Carretera, que demanda un plan urgente para reparar la mitad de la red.

De acuerdo con el PP, hasta 34.000 kilómetros presentan daños graves, con una inversión un 30% inferior al promedio de la UE, lo que considera que convierte al Gobierno en «peligroso», dado que «antes se circulaba con seguridad por España, ahora no».

Fúnez amplió la alerta a las infraestructuras hidráulicas, con más de 2.400 presas, sobre las cuales sindicatos y asociaciones han enviado comunicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica denunciando su «falta de mantenimiento».

Reclamó un Plan nacional para presas, cauces, desagües y compuertas, recordando que el 75% de estas estructuras carece de planes de emergencia y advirtiendo que «ya cedió un barranco» y «exigen garantías de que no ocurrirá con ninguna presa».

Vivienda y sanidad

El diagnóstico de crisis alcanza al ámbito de la vivienda, el principal problema de los españoles, «especialmente de los jóvenes», ante el que Sánchez no presenta «propuestas ni medidas» concretas.

Fúnez contrastó las promesas cambiantes de Moncloa —»45.000 pisos, luego 60.000, después 184.000 y ahora 15.000″— con el compromiso del PP de «un millón de viviendas en la primera legislatura de Feijóo», con reducción de impuestos y simplificación administrativa, y sin «proteger a los okupas, que son delincuentes».

La sanidad completa el panorama de la «crisis del Estado del bienestar», con «miles de médicos protestando en las calles» en los últimos días y «seis ministros diferentes en siete años».

Este pilar del Estado del bienestar «es utilizado solo como plataforma electoral», denunció Fúnez, quien defendió el modelo de «diálogo» implantado por las Comunidades del PP con sindicatos médicos, MIR y comités de huelga, en contraste con un Gobierno que «no trabaja ni dialoga con ellos».

Al mismo tiempo, Génova prepara iniciativas parlamentarias contra la corrupción en el entorno socialista, aunque por ahora se limita a presentar preguntas en el Congreso y el Senado mientras «espera a ver qué más sale» en el ‘caso Cabezón’.

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