El 67,4% de los españoles y el 89,3% de los jóvenes se oponen a la regularización masiva de inmigrantes que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez.
Únicamente el 29,4% de la población respalda la iniciativa, siendo principalmente partidarios los votantes de partidos de izquierda como PSOE, Sumar y Podemos.
Un 69% teme que se produzca un «efecto llamada» que incentive la llegada de más inmigrantes irregulares, y el 82,6% exige la expulsión de quienes no demuestren la ausencia de antecedentes penales.
Líderes europeos y el Partido Popular Europeo critican la medida, calificándola de una negligencia política que debilita la política migratoria de la UE.
Una mayoría significativa del 67,4% de los españoles desaprueba la decisión del presidente Pedro Sánchez de regularizar a cerca de 850.000 inmigrantes sin documentación.
Este rechazo se intensifica hasta alcanzar el 89,3% entre los jóvenes de 17 a 35 años, según la más reciente encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
Es, de lejos, el segmento de la población que manifiesta mayor preocupación por el impacto del fenómeno migratorio.
Solo el 29,4% de los españoles apoya la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno, destacando entre ellos los votantes del PSOE (70%), Sumar (75%) y Podemos (83,6%).
No obstante, uno de cada cuatro votantes dentro de los partidos que forman la coalición de Gobierno (PSOE y Sumar) rechaza el proceso de regularización.
El Gobierno ha afirmado que, gracias a esta acción, aproximadamente medio millón de inmigrantes obtendrán el permiso de residencia, aunque la cifra podría ser considerablemente mayor.
El último informe de Funcas calcula que en enero de 2025 había en España 840.000 inmigrantes en situación irregular, cifra que ha continuado aumentando durante el último año.
Desde que Sánchez asumió el cargo en Moncloa, el número de inmigrantes irregulares se ha multiplicado por ocho: ha pasado de 107.000 en 2008 a 840.000 en 2025.
Según la encuesta de SocioMétrica, el 69% de los españoles teme que el anuncio gubernamental provoque un «efecto llamada» atrayendo a inmigrantes de otras regiones, incentivados por las facilidades para legalizar su situación.
De hecho, una vez alcanzado el permiso de residencia en España, podrán desplazarse libremente por todos los países del espacio Schengen.
Por ello, las instituciones de la UE han decidido desde 2023 endurecer sus políticas de asilo e inmigración, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez actúa ahora de forma contraria.
Solo los votantes de PSOE (60%), Sumar (63%) y Podemos (73,6%) descartan que el proceso pueda generar un «efecto llamada».
En una proporción similar, el 62,2% de los encuestados considera que Sánchez debió haber negociado la regularización con sus socios europeos antes de implementarla, mientras que otro 29,4% opina que no era necesario.
Esta cuestión genera aún más dudas entre los votantes del PSOE: casi el 39% piensa que debería haber acordado la medida con la UE.
Tras la decisión del Gobierno español, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, alertó el miércoles que «las personas en situación irregular deben abandonar la Unión Europea; de lo contrario, las normas no tienen credibilidad«.
Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE), que gobiernan en once países de la Unión, han reafirmado que «la legalización masiva de inmigrantes ilegales perjudica gravemente nuestra política migratoria».
«La solidaridad sin control es una negligencia política inadmisible«, sostuvieron durante su reciente cumbre en Zagreb (Croacia), en referencia a la acción tomada por el Gobierno español.
Hasta ahora, la regularización más extensa fue la que promovió el Gobierno de Zapatero en 2005, beneficiando a 576.506 inmigrantes irregulares. Sin embargo, a diferencia de la actual, en ese momento se exigía contar con un contrato laboral mínimo de 6 meses y 40 horas semanales.
El anuncio ha generado largas filas de inmigrantes frente a consulados en España, que solicitan un certificado de no antecedentes penales con sentencia firme. Si no consiguen este documento, el decreto del Gobierno les permite acceder a la regularización con solo firmar una declaración responsable.
Este procedimiento ha suscitado muchas suspicacias. El 67,6% de los encuestados por SocioMétrica piensa que la regularización facilitará el permiso de residencia a «personas con conductas delictivas habituales«. Así opina incluso el 29,4% de los votantes socialistas.
Entre los votantes de partidos no estatales (regionales, nacionalistas e independentistas) existen opiniones divididas: el 38% cree que el decreto permitirá a delincuentes habituales quedarse en España, mientras que el 40,3% lo descarta.
En el pacto de investidura, Junts (y en menor medida el PNV) ha endurecido su discurso sobre la inmigración, especialmente porque Aliança Catalana, el emergente partido independentista de Silvia Orriols, ha empezado a explotar electoralmente este tema.
Tanto los Mossos en Cataluña como la Ertzaintza en el País Vasco ya han comenzado a especificar la nacionalidad extranjera de los delincuentes detenidos, algo que aún no hace el Ministerio del Interior.
Un alto porcentaje del 82,6% de españoles considera que deben ser expulsados aquellos extranjeros que participen en el proceso de regularización y no puedan demostrar que carecen de antecedentes penales.
Esta opinión es respaldada hasta por el 94,4% de los jóvenes hasta 35 años, y es la respuesta mayoritaria entre votantes del PSOE (63,9%) y de Podemos (52%). Supera el 90% en votantes del PP y Vox.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado impulsar la regularización masiva a cambio de que Podemos acepte negociar la transferencia de competencias en inmigración y fronteras a la Generalitat catalana.
Durante un acto de campaña para las elecciones de Aragón, la dirigente de Podemos Irene Montero anunció que se trata solo del primer paso.
«Ahora», afirmó, «lucharemos por la nacionalidad, por modificar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá logremos eliminar a fachas y racistas de este país».
Montero se burló de las teorías conspirativas de Vox, señalando que ella apoya el «reemplazo» de «fachas, racistas y vividores» por inmigrantes y trabajadores, «independientemente del color de su piel».
Los españoles otorgan credibilidad a las palabras de la ministra de Igualdad. Según la encuesta de SocioMétrica, el 41% cree que Sánchez promueve la regularización para «seguir modificando el censo electoral«, como expresó Irene Montero.
Así opinan el 50,8% de votantes del PP, el 74,8% de Vox y un significativo 66,6% de jóvenes de 17 a 35 años.
Este segmento del electorado será difícil de convencer para Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales.
Otro 29% considera que Sánchez regulariza a los inmigrantes para ganar respaldo de partidos de izquierdas, como Podemos.
Un porcentaje ligeramente menor, el 28,2%, piensa que el objetivo del presidente es «otorgar papeles a quienes ya trabajan y están arraigados en España».
Esta opinión es mayoritaria entre los votantes del PSOE (68,4%), Sumar (75,5%) y Podemos (88%).
Más información
Se realizaron 1.880 encuestas a españoles con derecho a voto mediante el sistema CAWI-Panel entre el 11 y 12 de febrero de 2026. La muestra fue equilibrada en etapas sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error maestral al tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio fue realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.