La ley para eliminar la prostitución prometida por el PSOE sigue sin ser presentada tras un retraso de dos meses, debido principalmente a la falta de consenso con Sumar.
Las diferencias fundamentales entre el PSOE y Sumar se centran en la regulación de plataformas digitales como OnlyFans y en la tercería locativa, que pretende sancionar a quienes faciliten locales para la prostitución.
El PSOE ha priorizado la ley de violencia vicaria y la protección constitucional del derecho al aborto, lo que ha prolongado la tramitación de la ley destinada a abolir la prostitución.
La ley para abolir la prostitución que el PSOE se comprometió a presentar en septiembre todavía no ha sido presentada.
Cuatro meses después del anuncio realizado por la ministra Ana Redondo, no se sabe cuándo estará sobre la mesa del Consejo de Ministros, y las razones para el retraso se suman: primero los incendios en verano, luego la ley de violencia vicaria y ahora la reforma constitucional para proteger el «derecho al aborto».
Mientras tanto, las negociaciones con Sumar permanecen «sin avances», bloqueadas en temas clave como la regulación de plataformas digitales como OnlyFans y la tercería locativa. Según fuentes de Sumar, el equipo de Yolanda Díaz todavía desconoce «tanto el texto como la propuesta».
La ministra de Igualdad anunció en junio su intención de retomar la iniciativa para prohibir la prostitución (que había fracasado en la legislatura anterior).
Esta decisión llegó después de la filtración de audios en los que José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García escogían a prostitutas para contratar.
«Hay que convertir la necesidad en oportunidad», afirmó entonces Redondo, «pienso que este es el momento, ya que esos audios nos obligan a reflexionar«.
La ministra se comprometió a presentar la propuesta «al inicio del curso político, a finales de septiembre», junto con las leyes contra la violencia vicaria y la trata. Sin embargo, hasta ahora sólo se ha presentado el anteproyecto de ley sobre medidas para la violencia vicaria por parte del Consejo de Ministros.
El 4 de septiembre, Ana Redondo reconoció que había «un ligero retraso» en el proceso de las tres iniciativas. La primera causa fue la elaboración de ayudas para los afectados por los incendios forestales que devastaron alrededor de 400.000 hectáreas este verano.
La segunda razón fue la prioridad dada a la ley contra la violencia vicaria, que fue aprobada el 30 de septiembre para comenzar su trámite parlamentario. Por primera vez esta ley tipifica este tipo de violencia como un delito concreto en el Código Penal.
Ahora, el nuevo motivo argumentado es la protección constitucional del derecho al aborto que el Gobierno pretende garantizar mediante una reforma de la Constitución.
Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por EL ESPAÑOL reconocen que el debate sobre el aborto también ha interferido en el proceso legislativo de la ley contra la prostitución.
En la actualidad, la situación es de completa incertidumbre. Según estas fuentes, «hay borradores siendo trabajados por varios ministerios implicados», en concreto Igualdad, Interior, Presidencia y Transformación Digital.
No obstante, admiten que aún no pueden ofrecer una fecha estimada para la presentación oficial del proyecto.
«Este martes seguramente no llegará al Consejo de Ministros, aún falta trabajo«, comentan en Igualdad.
Desde el PP, consideran que estos demoras muestran la «desesperación» del PSOE por recuperar el voto femenino tras los escándalos derivados de los informes de la UCO sobre José Luis Ábalos.
Durante la Comisión de Igualdad del Congreso, la diputada popular Patricia Rodríguez recordó el anuncio del Gobierno el 18 de junio: «‘La ministra Redondo asegura que presentará en septiembre el anteproyecto para abolir la prostitución’. ¿Se reconoce? Es usted», ironizó la diputada.
«¿Dónde está el anteproyecto? Se lo digo, está guardado en el cajón», reprochó.
Sin pacto con Sumar
Los retrasos no se deben únicamente a cuestiones técnicas, sino también a obstáculos políticos. La ley para abolir la prostitución no forma parte ni del acuerdo de Gobierno con Sumar ni del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Las discrepancias entre ambos grupos de Gobierno son relevantes en dos puntos esenciales: la tercería locativa y la restricción de acceso a plataformas digitales como OnlyFans.
Con respecto a OnlyFans, bloquear estas plataformas digitales «es una de las líneas que el PSOE está considerando». Sin embargo, desde Sumar se muestran firmes: «No vamos a condenar a las mujeres a una precariedad mayor».
La posición socialista también incluye dos medidas principales que chocan con la perspectiva de Sumar: sancionar a los clientes de servicios sexuales y penalizar la tercería locativa, destinada a castigar a quienes alquilen espacios donde se ejerza o facilite la prostitución.
Sumar justifica su rechazo a la tercería locativa argumentando que muchas prostitutas residen en pisos compartidos donde llevan a cabo su actividad.
El equipo de Yolanda Díaz teme que esta medida complique aún más el acceso de las mujeres a una vivienda digna, sometiéndolas a condiciones más adversas.
El equipo de Ana Redondo señala que actualmente están elaborando «simultáneamente» los textos legales sobre la trata y la prostitución, aunque sin fecha prevista para su presentación ante el Consejo de Ministros.
«Cada cual gestiona sus tiempos para las urgencias», ironizan desde Sumar, cansados de esperar más de cuatro meses para iniciar un diálogo con el PSOE sobre este tema.