El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha impuesto una multa de 420 euros a un abogado por citar en un recurso 48 sentencias falsas generadas mediante inteligencia artificial.
El tribunal critica al letrado por no verificar ni supervisar adecuadamente las citas, apuntando que incumplió el deber de veracidad y las normas de buena fe.
El abogado hizo uso de una herramienta de IA generalista en lugar de una específica para el ámbito jurídico, lo que ocasionó los errores.
El TSJC notificará el caso al Colegio de Abogados y destaca que el profesional admitió los hechos, mostró arrepentimiento y se comprometió a mejorar sus habilidades digitales.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sancionó con una multa de 420 euros a un abogado por incluir en un escrito 48 sentencias generadas por Inteligencia Artificial, que resultaron inexistentes o erróneas.
El TSJC reprocha al letrado su actuación, calificándola como contraria al deber de veracidad y a las normas de buena fe, con un abuso indebido del servicio público de Justicia.
Además de la sanción impuesta, el tribunal remitió su resolución al Colegio de Abogados donde está colegiado el letrado, para que valore si procede una sanción disciplinaria.
Específicamente, el abogado incorporó 48 citas falsas de jurisprudencia en un escrito de apelación presentado ante el TSJ canario, impugnando una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Para ello, empleó una herramienta de Inteligencia Artificial «generalista» en vez de una diseñada específicamente para la práctica jurídica.
Según su recurso, esas 48 citas —incluyendo jurisprudencia del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial— respaldaban su argumento en el litigio.
No obstante, o no existían, estaban mal referenciadas o se referían a casos totalmente ajenos al objeto del recurso.
El TSJC critica que el abogado no realizó «ninguna revisión ni verificación» de las citas generadas por la IA.
«No comprobó que los números de sentencia, fechas ni identificadores correspondieran efectivamente a documentos reales», señala el tribunal.
«No contrastó los resultados producidos por la herramienta de IA con bases de datos jurídicas», agrega. Esto, pese a que Cendoj (una base de datos judicial) es accesible y gratuita.
La Sala apunta que si al menos una de esas verificaciones hubiera mostrado indicios de error, el abogado habría estado «alertado» sobre la baja fiabilidad de la herramienta generalista.
Para el tribunal, esta omisión representa la ruptura del deber fundamental de supervisión humana imprescindible en el uso profesional de herramientas de IA y vulnera el estándar de diligencia exigido por el código deontológico para abogados.
¿Cómo se calculó la multa? El TSJC tenía potestad para imponer una sanción entre 180 y 6.000 euros.
Dicho margen amplio permite aplicar multas ejemplares cuando se busca evitar la repetición de la conducta sancionada.
En este caso, el TSJC consultó el precio anual de una suscripción a una herramienta de IA destinada específicamente a juristas.
«El uso de dicha herramienta probablemente habría evitado el desafortunado resultado que se juzga», subraya el tribunal.
«Se conocen planes de suscripción básicos para herramientas jurídicas de IA desde 70 euros mensuales, lo que equivale aproximadamente a 840 euros al año», calculó el tribunal.
Dado que el abogado reconoció los hechos mediante un escrito y mostró remordimiento, el TSJC decidió imponerle la mitad de dicho coste, constituyendo la multa de 420 euros.
El tribunal juzga que el arrepentimiento expresado por el letrado es «sinceramente aparente». Además, el abogado sancionado se comprometió a emplear la inteligencia artificial de manera responsable en adelante y aseguró haberse inscrito en un curso de habilidades digitales ofrecido por el Consejo General de la Abogacía.