El economista apuesta por un proceso complejo que considera positivo para la economía española, así como para la cohesión social
La próxima regularización de migrantes en España ha generado un debate político y social intenso. Esta iniciativa, programada para la segunda mitad de 2026, prevé la incorporación a la economía formal de más de 500.000 trabajadores en situación irregular. Desde el ámbito económico, se espera que esta medida apoye la viabilidad del sistema de pensiones y contribuya a disminuir el déficit público, al aumentar las cotizaciones de los inmigrantes regularizados, según detalla el economista Gonzalo Bernardos para El Español.
El proceso de regularización consiste en otorgar un permiso de residencia a ciertos extranjeros que residen en el país sin autorización legal. Para obtener este permiso, es necesario cumplir con requisitos como estar empadronado, contar con un contrato laboral, no poseer antecedentes penales graves y haber estado en España antes de una fecha establecida.
A lo largo de la historia, estas regularizaciones han sido excepcionales; desde los años ochenta, se han realizado seis ocasiones en las que se concedió la residencia legal a 1.253.179 personas, y se prevé una séptima próximamente. Los datos, aportados por el economista, se complementan con una descripción de las implicaciones de la regularización: acceso a servicios públicos, salida de la economía informal, libertad de movimiento en el área Schengen y opción de reagrupación familiar. Asimismo, el colaborador de El Español aclara que este proceso no otorga la nacionalidad española ni el derecho a voto en elecciones generales, ni habilita para trabajar en otros países de la Unión Europea fuera de España.
Histórico de regularizaciones en España, tanto con el PSOE como con el PP
Las responsabilidades en las regularizaciones han sido alternadas entre PSOE y PP: cuatro se promovieron bajo gobiernos socialistas y dos durante administraciones del Partido Popular. No obstante, al pasar a la oposición, ambos partidos han criticado la medida desde diferentes posturas. Los populares han alertado sobre un posible “efecto llamada” que podría aumentar la presión sobre los servicios públicos, mientras que el PSOE ha argumentado en el pasado que estos procesos responden a intereses empresariales que buscan una mayor oferta laboral legal a precios más bajos. A pesar de estas discrepancias, y según el suplemento de El Español, ambos partidos reconocen los beneficios de la regularización cuando están en el poder.
En el ámbito migratorio, se distinguen dos perspectivas habituales: la altruista y la egoísta. La primera se basa en el respeto a los derechos humanos y defiende la igualdad de derechos entre inmigrantes y nacionales, junto con un acceso rápido al mercado laboral formal para frenar la explotación. En este contexto, es común que trabajadores extranjeros en situación irregular enfrenten jornadas largas y salarios por debajo del mínimo legal. Sin embargo, según Bernardos, este enfoque puede representar desafíos para el Gobierno, ya que podría incrementar la migración y el desempleo. Además, se añadiría un coste electoral debido al rechazo de sectores sociales que ven a los migrantes como competidores laborales o agentes de cambio social.
Gonzalo Bernardos Domínguez es profesor de economía en la Universidad de Barcelona. En la entrevista con él se abordaron temas como la crisis de la vivienda en España, los salarios y las pensiones.
Por otro lado, el economista explica que la visión egoísta evalúa el impacto en términos de costos y beneficios, analizando si los inmigrantes aportan más al erario público de lo que reciben, considerando impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Los datos del suplemento de El Español resaltan que, en España, tras la pandemia de covid-19, el crecimiento del PIB en comparación con la UE se ha debido en gran parte a la migración, que ha permitido cubrir vacantes que los españoles no han querido ocupar.
Un debate marcado por la desinformación: los datos contradicen los bulos
Durante las últimas dos décadas, el debate público sobre la inmigración en sociedades avanzadas ha sido distorsionado por la proliferación de bulos difundidos por partidos populistas de extrema derecha en redes sociales y algunos medios de comunicación. Estos discursos buscan culpabilizar a los extranjeros de los problemas internos y proponen prohibir nuevas entradas o expulsar a residentes, como si ello resolviera las dificultades existentes. No obstante, se señala que las políticas similares aplicadas en Estados Unidos han demostrado ser ineficaces o incluso empeorar las problemáticas originales.
Contrariamente a estas afirmaciones, los datos desmontan los mitos más comunes. En 2025, la tasa de actividad de los extranjeros alcanzó el 68,7%, frente al 56,3% de los españoles. A pesar de la insistencia desde la extrema derecha en que los inmigrantes son los principales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el suplemento de El Español señala que solo un 17,5% de los beneficiarios del IMV en septiembre de 2025 eran extranjeros, cifra apenas superior a su peso en la población total (14,4%). Si realmente abusaran de estas ayudas, el porcentaje sería considerablemente mayor.
Aportación económica y retos pendientes
En cuanto a la economía nacional, la contribución de los migrantes se refleja notablemente en las finanzas públicas. En 2024, las cotizaciones de extranjeros representaron aproximadamente el 10% de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que el gasto en prestaciones para este colectivo fue solo del 1%. Esto se explica por su menor antigüedad en el mercado laboral y una menor tendencia a solicitar bajas laborales, atribuible a su juventud y a cierto desconocimiento de derechos.
El déficit del sistema de pensiones, que alcanzó casi 70.000 millones de euros en 2023, podría disminuir con la integración formal de estos nuevos trabajadores, pues algunos comenzarán a pagar IRPF, generando recursos adicionales para reducir el déficit, aumentar prestaciones públicas o financiar inversiones.
Sin embargo, regularizar no implica otorgar la nacionalidad ni el derecho a voto en elecciones generales, autonómicas o europeas, ni autoriza a trabajar en otros países de la UE. Aspectos que el economista resalta con énfasis en el medio señalado. En materia administrativa, la regularización depende tanto del cumplimiento legal como del contexto político: en ocasiones se ha hecho vía ley aprobada en el Congreso y otras mediante un real decreto del Ejecutivo.
Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno llevará adelante una regularización de migrantes que enfrenta la oposición de PP y Vox.
De acuerdo con el suplemento de El Español, pese a los argumentos a favor de la regularización, tanto desde enfoques humanitarios como de interés nacional, persisten críticas. Por ejemplo, los sindicatos han manifestado tradicionalmente su rechazo a la contratación directa en origen de trabajadores extranjeros seleccionados por las empresas, alegando que podría limitar las oportunidades laborales para los españoles. Esto contrasta con que, en el segundo trimestre de 2007, la tasa de paro más baja en la democracia española fue del 7,9%, lo que, según esta fuente, indica que parte de la población autóctona prefiere no cubrir ciertos puestos aun cuando hay ofertas suficientes.