El Congreso ha aprobado una reforma penal que endurece las sanciones para la multirreincidencia, estableciendo penas de hasta 3 años de prisión para quienes reinciden en hurtos.
Esta iniciativa, promovida por Junts y respaldada por PSOE, PP, Vox y otras fuerzas políticas, responde a demandas planteadas por alcaldes, principalmente de Cataluña.
La reforma se dirige a hurtos inferiores a 400 euros cometidos por personas con al menos tres condenas por delitos semejantes, poniendo especial énfasis en el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.
Sumar, EH Bildu y Podemos manifestaron su rechazo, mientras que ERC optó por la abstención, criticando la medida por considerarla populista y enfocada en criminalizar la pobreza.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma penal para aumentar las penas contra la multirreincidencia, con 302 votos favorables.
Esta era una de las demandas de Carles Puigdemont hacia Pedro Sánchez, aunque, de forma paradójica, el apoyo mayoritario provino de la oposición (PP, Vox, UPN y Coalición Canaria) más que del bloque progubernamental, donde sólo apoyaron PSOE, Junts y PNV. Por su parte, Sumar, EH Bildu y Podemos votaron en contra, y ERC se abstuvo.
El propósito es que hurtos menores a 400 euros, que antes no implicaban prisión, puedan ser sancionados con hasta tres años de cárcel si el infractor cuenta con tres condenas anteriores por delitos similares.
En este contexto, la reforma destaca el robo de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos que contengan datos personales.
Esta modificación ha sido una demanda insistente entre los alcaldes catalanes, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona; varios de ellos estuvieron presentes en la tribuna del Congreso durante el debate.
Por ello, los partidos con alcaldes se mostraron muy comprometidos, no solo Junts, que impulsó la reforma, sino también el PSC, que promovió una norma trabada durante años por Francina Armengol.
“Esta ley surge desde los territorios, no desde los despachos”, afirmó la diputada de Junts y exalcaldesa de Girona hasta 2023, Marta Madrenas, señalando que “los hurtos y las estafas generan una gran sensación de inseguridad”.
Este argumento fue compartido por el diputado del PSC, Francisco Aranda, quien defendió la reforma en nombre del Partido Socialista.
“Cataluña es el lugar donde la multirreincidencia se ha percibido como un serio problema de seguridad ciudadana”, añadió, comparando los 2.700 juicios rápidos en Madrid el último año frente a los 5.900 en Barcelona.
Desde Vox celebraron que la reforma les da la razón: “Este problema existe, y fuimos nosotros quienes lo señalamos sin ambages”.
El diputado de Vox por Barcelona, Juan José Aizcorbe, anunció su voto favorable y atribuyó esta problemática a “la política migratoria”.
El PP, aunque también apoyó el texto, aprovechó para criticar a Pedro Sánchez, asegurando que la única “multirreincidencia que preocupa al Gobierno es la de quienes han pasado de Ferraz a Soto del Real”.
Cuca Gamarra lamentó que durante años haya sido habitual ver a delincuentes “entrar por una puerta y salir por otra”, sentenciando: “Eso terminó. Los españoles deben saber que la multirreincidencia ya no será impune”.
La diputada del PP también criticó que el PSOE votara “a regañadientes” y concentró su atención en la regularización de 500.000 inmigrantes promovida por el Gobierno: «¿Cuántos multirreincidentes obtendrán papeles?»
Incluso ERC evitó votar contra y optó por la abstención. Su portavoz, Pilar Valluguera, hizo hincapié en la lentitud de la justicia, que permite que delincuentes “entren por una puerta y salgan por otra”, y defendió que “la realidad no se transforma con cambios en el Código Penal”.
EH Bildu y Sumar manifestaron una postura muy crítica frente a la reforma. El diputado Enrique Santiago expresó que se impondrán penas a “ladrones de poca monta”, mientras que los delitos de cuello blanco quedan impunes. A su juicio, el acuerdo entre PSOE, Junts y PP significa “un experimento de gran coalición” que se une “al discurso ultra”.
Podemos, cuyo voto es clave para que el Gobierno pueda avanzar en la cesión de competencias a Cataluña, consideró que “el propósito de esta ley es criminalizar la pobreza”, calificándola de “clasista, racista y populista”.
La diputada de Podemos, Martina Velarde, acusó a los partidarios de Puigdemont de aplicar un “populismo punitivo”, dificultando así un posible acuerdo para aprobar la cesión solicitada por Junts.